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¿La democracia autoritaria está provocando una guerra cultural más?

16 de enero de 2023

Voy a usar la expresión “democracia autoritaria” para referirme al wokismo, el término que usa el filósofo José Antonio Marina en su blog El Panóptico, lo que dice mucho sobre el colonialismo cultural anglosajón que sufrimos. La elección de estas palabras, democracia autoritaria, a priori un oxímoron, adelanta mi opinión sobre los peligros que acechan tras una ideología, el woke, o wokeness, en inglés, que está provocando la principal batalla cultural y política de nuestro tiempo. Lo que quiero analizar es si esta conflagración se queda en mera guerra cultural; si trasciende lo que vienen a ser estas cortinas de humo; y si, finalmente, es correcto enmarcarla dentro del tradicional eje izquierda/derecha.

En mi opinión, no nos encontramos ante una guerra cultural más porque, en este caso, lo que se ventila son los valores más profundos – y supuestamente superiores – sobre los que se asientan las democracias occidentales. Estos principios son los que permitirían a este modelo de gobierno alzarse moralmente sobre otros paradigmas, a los que califica de autocráticos, o autoritarios. Si los valores, que son los cimientos, se resquebrajan, la alegada superioridad moral sobre la que se alzan las democracias desaparece. En este sentido, la guerra entre la “democracia autoritaria” y sus políticas identitarias contra las posiciones antagónicas constituiría la madre de todas las guerras culturales. Una contienda cuyas implicaciones sobrepasan el ámbito de las otras guerras, que se circunscriben a las sociedades occidentales, ya que afectan a la batalla por el relato que se está desarrollando en el tablero geopolítico mundial. Por tanto, habría que situarla en un nivel cualitativamente distinto, aunque compartiría con el resto de este tipo de guerras un hecho: que en principio no afronta la cuestión fundamental, que es el esquema de dominación capitalista, el sistema que está concentrando cada vez mayor riqueza en menos manos, en detrimento de capas cada vez más amplias de la población.

Ilustración: Desigualdad de la riqueza en el mundo. Wealth Inequality Report.

El 1% de la población posee el 38% de la riqueza, mientras que el 50% sólo dispone del 2% de la misma.

Pero comencemos analizando el origen del término y cómo ha ido sufriendo cambios en su significado. Según la Real Academia, “woke” equivale a “concienciado”. En inglés, “woke” es el participio de wake, despertarse. En Estados Unidos, el vocablo comenzó a utilizarse a principios del siglo XX, por parte de la comunidad afroamericana, como una llamada a permanecer alerta – “stay woke” – ante las amenazas, motivadas racialmente, que sufría por parte de los blancos. Exceptuando un artículo del The New York Times en 1962, la palabra no salió de ese ámbito hasta 2014, cuando la policía mató a Michael Brown en Ferguson, Missouri, y el movimiento Black Lives Matter la adoptó como consigna: mantente alerta ante la brutalidad policial. A partir de ahí, el término “woke” fue ampliando su significado, y en 2017 el diccionario Oxford pasó a definirlo como “consciente de los problemas sociales y políticos, especialmente el racismo».

La evolución del significado de la palabra hizo que el propio diccionario Oxford recogiera la controversia que suscita su uso: “Esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se enojan con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada”. Otro diccionario, el Merriam Webster, va en la misma onda: (el término) “se usa con desaprobación para referirse a alguien políticamente liberal (como en asuntos de justicia racial y social) especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema”.

A juzgar por estas consideraciones, nos encontramos ante otra guerra cultural más: un choque entre “liberales” por un lado (como se denomina en Estados Unidos a los miembros, o simpatizantes, del Partido Demócrata) y conservadores, por el otro, que usan el término “woke” como arma arrojadiza.

¿Pero realmente nos encontramos ante otra guerra cultural, otra trampa para ocultar lo esencial, como argumenté en este artículo, o esto va mucho más allá?

Caitlin Johnstone es una periodista australiana con la que suelo estar muy de acuerdo. Sin embargo, en este caso, me gustaría matizar su planteamiento.  En su artículo titulado “La clase dominante promueve las políticas identitarias y el ‘antiwokismo’ por exactamente las mismas razones”, Johnstone sostiene que la confrontación entre los liberales “woke” y los conservadores “antiwoke” no es más que otra cortina de humo para ocultar el sistema de dominación capitalista que padece la ciudadanía en las democracias occidentales. Estas son sus palabras: “Lo que estoy señalando aquí, más bien, es la forma de boquilla en que se usa la justicia racial y sexual para que la gente apoye a una facción política convencional, que nunca hace otra cosa que facilitar la oligarquía, la explotación y el imperialismo, precisamente de la misma manera en que la histeria del ala derecha sobre el «wokismo» se usa para hacer exactamente lo mismo”.

Es decir, que demócratas y conservadores se atizan con asuntos como el racismo o las cuestiones de género para que no nos demos cuenta de que, al común de los mortales, las élites nos siguen robando la cartera. El esquema bipartidista estadounidense es extrapolable, en mi opinión, a los países donde existe una mayor variedad de partidos, en gran medida cosmética, porque desempeñan la misma función.

Es cierto que, en torno a lo que se ha venido a llamar “políticas identitarias”, (las que priman la unidad de acción, y los valores compartidos, entre personas de la misma raza, etnia, religión, orientación sexual, cultural u otras), y quienes las critican se está desarrollando una batalla cultural y política no sólo en Estados Unidos, donde se originó, sino en el resto del bloque occidental. Pero, a mi juicio, hay varios elementos que determinan que nos enfrentamos a una guerra cultural cualitativamente distinta a las demás, al afectar a los valores sobre los que, supuestamente, se asientan las democracias occidentales. Unos valores con los que se envuelven para exhibir una supuesta superioridad moral sobre los modelos de gobierno que, también supuestamente, no los comparten. Me refiero al marco que presenta la guerra en Ucrania como una contienda entre las democracias occidentales y las autocracias euroasiáticas. Analicemos ahora si esos valores de los que tanto presume el bloque occidental se practican, o se quedan en propaganda.

En primer lugar, asistimos a un incremento de la polarización muy preocupante en la esfera política, que se está trasladando al ámbito cultural, y está siendo socialmente amplificada por el uso masivo de las redes sociales, un remedo del ágora, pero sesgado por quienes las controlan. Según el Pew Research Center, «los demócratas y los republicanos están más alejados ideológicamente hoy que en cualquier otro momento de los últimos 50 años». Pero lo que resulta alarmante es que, según una encuesta de la cadena CBS, casi la mitad de los miembros de ambos partidos ven al otro no como un opositor, sino como un «enemigo». Cuando los políticos comienzan a elevar el tono de su lenguaje, y usan verbos como “matar” para describir lo que se merecen otras opciones políticas, tenemos que empezar a preocuparnos seriamente. Cuando la actitud frente al adversario consiste en promover su eliminación, salimos de la democracia y nos adentramos en el fascismo. Luego vienen las guerras civiles y sus larguísimas resacas.

Declaraciones del congresista demócrata Tim Ryan sobre la facción “extremista” del Partido Republicano: “Tenemos que matar y confrontar ese movimiento”. Fuente: The Hill.

En segundo lugar, en el campo cultural, el panorama se antoja igualmente inquietante. En julio de 2020, un grupo de intelectuales y artistas, entre los que se encontraban personas tan alejadas ideológicamente como Noam Chomsky y Anne Applebaum, publicaron un manifiesto en Harper’s, titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”. En el escrito, los firmantes declaraban su preocupación por la intensificación de “un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y tolerancia de las diferencias en favor de la conformidad ideológica”. Igualmente, los autores subrayaban que “La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represor o de una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, el argumento y la persuasión, no tratando de silenciarlas o hacerlas desaparecer”.

La restricción del debate, la censura y la cultura de la cancelación no han venido esta vez de la mano de la derecha, sino de las políticas identitarias y de quienes se presentan como izquierda. Las grandes empresas tecnológicas, propietarias de las redes sociales, están actuando a favor de las posiciones del Partido Demócrata, censurando los mensajes vinculados al Partido Republicano, como ha evidenciado la filtración de “The Twitter Files” al escritor y periodista Matt Taibbi por parte del nuevo propietario de la red, Elon Musk. En el caso de Facebook, son antiguos agentes de la CIA los que dirigen el órgano de censura de la red social. Aaron Berman está al frente del equipo que escribe las reglas de Facebook y decide lo que es aceptable y lo que no. Muchos dirigentes de las empresas tecnológicas de Silicon Valley financian al Partido Demócrata, y si hay algo realmente próximo al Deep State, esos son los servicios de inteligencia.

Ilustración: Página en Linkedin de Aaron Berman, donde consta su trabajo en la CIA y su empleo actual en Meta, la matriz de Facebook, como responsable de la política de desinformación.  Fuente: Mintpress News.

El Partido Demócrata no es que esté en riesgo de convertirse en el establishment, sino que es su actual elegido para implementar sus políticas. El partido de Joe Biden es el mayor impulsor de la guerra en Ucrania: sólo 83 congresistas del Partido Republicano, de los 213 con los que cuenta, asistieron al discurso de Zelenski en el Congreso de Estados Unidos. Por eso me parece que enmarcar la disputa ideológica que nos ocupa dentro del eje clásico izquierda/derecha es un error, por el simple hecho de que las fronteras entre ambos paradigmas se están borrando a gran velocidad. Para escuchar una narrativa en medios convencionales no sólo distinta, sino opuesta, a la propulsada por el Departamento de Estado en relación con la guerra de Ucrania, tenemos que acudir a medios conservadores, (por mucho que lo que digan en otros ámbitos nos repela), o a periodistas independientes, financiados por sus lectores, con mucha menor audiencia. The Grayzone es uno de los pocos medios que publican también en español. En este idioma, el panorama en formato texto es desolador, con honrosas excepciones.

La mal llamada cultura de la cancelación, porque a mi juicio este eufemismo ensucia la palabra cultura para enmascarar la censura, está adquiriendo unos rasgos que la hace indistinguible de las dictaduras más rancias. Pero lo más grave es que sus impulsores, que se ubican a la izquierda, pretenden hacer pasar esa actitud punitiva, excluyente y represora por una defensa de la democracia. Quien se aparta del guion o, como denuncia la carta publicada en Harper’s, no muestra un celo lo suficientemente ardiente en la defensa de los postulados esignados como políticamente correctos por ellos, es castigado no sólo con el ostracismo social, sino con el despido, u otras represalias de índole económico.

La lista de casos es interminable, pero sirva como ejemplo el caso de Lowkey, el rapero que está sufriendo una ola de difamaciones y presiones para que sea “cancelado” por denunciar las actuaciones del gobierno de Israel contra la población de Palestina. No es el único. La relatora especial de la ONU para los derechos humanos acaba de publicar un informe donde califica al gobierno israelí de «régimen intencionalmente adquisitivo, segregacionista y represivo diseñado para impedir la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación». Sin embargo, las críticas a las políticas del gobierno de Israel son tachadas de antisemitismo, como recuerda Amnistía Internacional. Una figura que tiene rango de delito en muchos países, por ejemplo en España

Hemos llegado al extremo de que lo democrático es lo que digo yo, y si no lo acatas, si no lo reproduces o no lo haces con el suficiente celo, te “cancelo”. Esta estrategia de la “cancelación” ha creado ya su propio vocabulario:

  • Deplatforming: eliminar y prohibir a un usuario registrado el uso de un medio de comunicación masiva (como una red social o un sitio web de blogs), según recoge el diccionario Merriam Webster, que acompaña su definición con un ejemplo de un usuario eliminado de Facebook por “diseminar desinformación”.
  • Shadowbanning: cuando las publicaciones de un usuario no se muestran en una red social, sin que haya sido sacado de la plataforma, ni advertido, por lo que sus seguidores no las reciben.
  • Call out culture: “una forma de comportarse en una sociedad o grupo en el que las personas a menudo son criticadas en público, por ejemplo en las redes sociales, por sus palabras o acciones, o se les pide que las expliquen”, en definición del diccionario Cambridge. En español, lo que vendría a ser “señalar con el dedo”, que sería el paso previo a la “cancelación”.
  • Desinformación: otra de las palabras fetiche de la estrategia de la cancelación. El comodín utilizado para justificar la eliminación de las opiniones disidentes.

Como acertadamente recuerdan los firmantes de la carta mencionada anteriormente, una de las bases de la democracia es el debate abierto y el respeto a la pluralidad de opiniones. El amordazamiento, cuando no la supresión, de determinadas ideas es incompatible con ese ideal democrático del que presumen los sistemas de gobierno basados en la existencia de distintos partidos políticos, que representan a la ciudadanía en la sede de los parlamentos. La supuesta superioridad moral de los regímenes auto calificados de democráticos se tambalea cuando impera la censura, bajo distintos eufemismos.

Cuando se suprime el debate, y amordazar las posiciones discordantes se convierte en la norma, abandonamos el terreno de la democracia de baja intensidad que ya padecemos, para entrar de lleno en el fanatismo. Las políticas identitarias comenzaron poniendo el énfasis en cuestiones que necesitaban, y siguen necesitando, medidas para mejorar las desigualdades e injusticias existentes en sus respectivos ámbitos (racismo, derechos humanos, feminismo, derechos LGTBIQ+, etc.). Sin embargo, los impulsores de las políticas identitarias restan apoyos a sus respectivas – y legítimas – causas cuando derivan hacia planteamientos excluyentes de cualesquiera opiniones que no coincidan en su totalidad con sus postulados. La demonización de quienes no piensan como ellos, las difamaciones que sufren quienes no comparten sus postulados, el ostracismo social al que pretenden condenar a quienes discrepan de sus métodos y objetivos – todo lo cual, desgraciadamente, está ocurriendo – provocan un rechazo comprensible en quienes lo sufren. Esa reacción se extiende a capas más amplias de la población, que no entienden – yo tampoco – cómo es posible que personas que se tildan de demócratas y, en ocasiones, de izquierdas, adopten posturas fanáticas, antidemocráticas y autoritarias. Y no sólo eso, sino que atribuyan a todos quienes no estén de acuerdo con ellos los rasgos que definen precisamente su comportamiento y actitudes.

Las redes sociales han ampliado las dimensiones del ágora hasta extremos insospechados. Esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. El incremento de la polarización se ha traducido en una progresiva pérdida del terreno que debería ocupar el debate, a pesar de que, en teoría, las redes podrían constituir un espacio para el diálogo sin fronteras. La realidad es bien distinta. Las personas tienden a interactuar con quienes piensan como ellos, porque esas interacciones refuerzan los marcos mentales en los que se mueven. También tienden a ignorar, en el mejor de los casos, o a insultar y odiar, en los peores, a quienes no piensan como ellos. Los medios convencionales contribuyen a abonar ese terreno, porque han comprobado que la polarización estimula las pasiones, y les hace incrementar su audiencia: ganan más dinero enfrentando a la población que fomentando el diálogo y el debate. El siguiente gráfico muestra un análisis de los titulares de 47 medios de comunicación populares en Estados Unidos, y los resultados son demoledores.

 

Prevalencia de la carga emocional de 23 millones de titulares en 47 medios populares en Estados Unidos. Se aprecia como se han incrementado los sentimientos negativos (ira, asco, miedo y tristeza) frente al retroceso del positivo (alegría) y del neutral. Fuente: Longitudinal analysis of sentiment and emotion in news media headlines using automated labelling with Transformer language models

En definitiva, las sociedades pretendidamente democráticas se asientan sobre la propaganda de unos valores que, en realidad, distan mucho de defender: paz, libertad, democracia, justicia, derechos humanos, igualdad ante la ley, se han convertido en eslóganes vacíos de contenido, repetidos machaconamente por los medios de comunicación convencionales, para tratar de persuadirnos de que disfrutamos del mejor de los sistemas políticos posibles.

La actual deriva autoritaria agrava drásticamente el deterioro de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, y socava la narrativa occidental, justo cuando asistimos al nacimiento del mundo multipolar, dejándola sin argumentos. Por eso, incluso desde el propio punto de vista del sistema de dominación capitalista, a duras penas camuflado tras el decorado de la democracia, la estrategia adoptada por los fanáticos le hace un flaco favor a su causa.

Por eso, no podemos calificar la contienda entre la democracia autoritaria y sus opositores como una guerra cultural más, porque si los fanáticos se salen con la suya, impidiendo el debate e imponiendo sus ideas por la fuerza de la censura y la represión, del sistema político conocido por democracia no quedarán ni los harapos. Si su caída deja al descubierto los hilos de la tramoya que ahora se esfuerza por ocultar, será la prueba de que esto no era otra guerra cultural más.  

Qué dijo Merkel sobre los acuerdos de Minsk y por qué los medios lo ignoran

15 de diciembre de 2022

Los medios de comunicación occidentales, salvo los alemanes, están ignorando clamorosamente la entrevista del semanario alemán Die Zeit a Ángela Merkel, publicada el 7 de diciembre. En Rusia, sin embargo, las declaraciones de la excanciller han suscitado reacciones al más alto nivel político, además de ocupar gran espacio en sus medios, censurados por Occidente. ¿A qué se debe esta disparidad de reacciones? ¿Por qué los medios de aquí ocultan lo que acapara la atención en Rusia? Muy sencillo: porque las declaraciones de Merkel dejan en mal lugar a Occidente y por eso conviene enterrarlas. Analicemos qué es lo que ha dicho la excanciller, cuáles han sido las reacciones en Rusia, y la opinión de algunos analistas al respecto.

En la larga entrevista, cuyo texto completo puede descargarse aquí, Ángela Merkel afirma que “el acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de darle tiempo a Ucrania. También aprovechó este tiempo para fortalecerse, como puede verse hoy. La Ucrania de 2014/15 no es la Ucrania de hoy. Como se vio en la batalla de Debaltsevo a principios de 2015, Putin podría haber invadido fácilmente en ese momento. Y dudo mucho que los países de la OTAN pudieran haber hecho tanto como hacen ahora para ayudar a Ucrania”.

Ilustración: Die Zeit. Texto entrecomillado: “También deberíamos de haber reaccionado más rápidamente a la agresividad de Rusia”.

Estas declaraciones suponen admitir que los acuerdos de Minsk fueron una trampa: ni Ucrania ni sus garantes tenían la más mínima intención de cumplirlos, o hacerlos cumplir. Se trataba de un ardid para darle tiempo a Ucrania para “fortalecerse”, mientras se disuadía a Rusia de adoptar un papel más beligerante en la defensa de la población rusa y rusoparlante del este de Ucrania, con la promesa de un alto el fuego y estatutos de autonomía para las regiones del Donbass.

Los acuerdos de Minsk se fraguaron en dos fases. El primer acuerdo se firmó el 5 de septiembre de 2014. Tras el golpe de Estado del Maidán, en febrero de 2014, los territorios poblados mayoritariamente por rusos y rusoparlantes – Crimea, Donetsk y Lugansk – que habían votado en masa por el depuesto presidente, Viktor Yanukóvich, se negaron a aceptar la legitimidad del gobierno golpista, apadrinado por Estados Unidos. Manifestantes tomaron edificios gubernativos y se celebraron referendos para votar la independencia de las regiones orientales. Dio así comienzo una guerra civil en Ucrania entre las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Kiev: uno de los gérmenes, junto con la expansión de la OTAN, de la actual invasión rusa.

Tras la debacle del ejército de Ucrania en la batalla de Debaltsevo, en febrero de 2015 se firmó la segunda ronda de los acuerdos, cuyos puntos principales son los siguientes:

  • Alto el fuego bilateral inmediato.
  • Supervisión y verificación del alto el fuego por la OSCE.
  • Descentralización del poder, y aprobación de una ley ucraniana sobre el estatuto especial de algunas zonas de Donetsk y Lugansk.
  • Creación de una zona de seguridad en las regiones fronterizas entre Ucrania y Rusia.
  • Liberación de detenidos y ley de amnistía.
  • Realización de elecciones locales en algunas zonas de Donetsk y Lugansk.
  • Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania.
  • Garantizar la seguridad personal de los participantes en las negociaciones.

Los acuerdos de Minsk II fueron firmados bajo los auspicios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), y fueron ratificados por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero sus principales padrinos fueron Ángela Merkel y François Hollande, como puede verse en la foto que se hicieron junto a Petro Poroshenko, entonces presidente de Ucrania, Vladimir Putin, y Aleksander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, país anfitrión de la firma.

Fotografía: Kremlin.ru, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

En otro momento de la entrevista, Merkel remacha la verdadera función de los acuerdos: “Para todos estaba claro que el conflicto estaba congelado, que el problema no se había resuelto, pero eso le dio a Ucrania un tiempo valioso”. Esto supone recalcar que los acuerdos de Minsk fueron una trampa para Rusia, una artimaña para que los sucesivos gobiernos de Ucrania ganaran tiempo para fortalecerse, con la ayuda de la OTAN, con el objetivo de lanzar una ofensiva para retomar el control del Donbass y Crimea. Por eso los medios occidentales están ignorando ese reconocimiento, porque echa por tierra la narrativa fabricada por Estados Unidos de la “guerra no provocada” y, además, supone fulminar la credibilidad de Occidente de cara a futuros acuerdos.

Las declaraciones de Merkel se suman a las realizadas por Petro Poroshenko en junio de este año, en relación con el auténtico propósito que le llevó a firmar los acuerdos de Minsk: “Conseguimos lo que queríamos. No creíamos en Vladimir Putin, como no creemos ahora. Nuestra tarea era, en primer lugar, evitar la amenaza o al menos posponer la guerra. Arrancamos ocho años para restaurar el crecimiento económico y construir el poder de las Fuerzas Armadas. Esta fue la primera tarea, y se logró”. Unas declaraciones que tampoco veremos en los medios occidentales. Qué casualidad.

Lo que sí encontramos en el propio sitio web de la OTAN es una entrevista con Jens Stoltenberg en la que, el mismo día que Die Zeit publicaba la conversación con Merkel, el secretario general de la Alianza Atlántica afirmaba lo siguiente: “Los aliados de la OTAN han apoyado a Ucrania durante muchos años, especialmente desde 2014. Especialmente aliados como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han entrenado a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que sean mucho más grandes, más fuertes y mejor equipadas ahora, en febrero de 2022, que cuando Rusia invadió por primera vez en 2014”. Por la “invasión” de 2014 supongo que Stoltenberg se refiere a la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, tras la celebración de un referéndum.

El 9 de diciembre, preguntado por su opinión acerca de lo dicho por la excanciller alemana, Vladimir Putin respondió: “Pensamos que todavía podríamos estar de acuerdo en el marco de los acuerdos de paz de Minsk. ¿Que puedes decir? Hay una cuestión de confianza. Y la confianza, por supuesto, es casi cero. (…) Resulta que nadie iba a cumplir con todos estos acuerdos de Minsk y el punto era solo hinchar a Ucrania con armas y prepararla para las hostilidades. Después de una declaración como esa, surge la pregunta de cómo negociar, sobre qué, y si se puede negociar con alguien, y dónde están las garantías”. Respecto a la guerra en Ucrania, Putin declaraba que «Habrá que llegar a un acuerdo al final, de todos modos. He dicho muchas veces que estamos listos para estos acuerdos, estamos abiertos, pero esto nos hace pensar con quién estamos tratando».

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, cargaba más las tintas. Las confesiones de la excanciller “expresan lo horrible: el fraude como modus operandi de Occidente: maquinaciones, manipulaciones, todo tipo de distorsión de la verdad, el derecho y la justicia imaginables”.

Las manifestaciones de Ángela Merkel han servido para socavar la escasa credibilidad que, a ojos de Rusia, le quedaba a Occidente. Por lo tanto, como siempre a la hora de analizar cualquier hecho, tenemos que preguntarnos: ¿a quién favorecen en realidad? En primer lugar, parece que a Rusia. Putin se ha mostrado “decepcionado”: «Hablando con franqueza, no esperaba escuchar esto de la excanciller, porque siempre actué con la asunción de que el liderazgo de Alemania se comporta de forma sincera con nosotros». Lo expresado por Merkel acerca del auténtico papel que jugaron los acuerdos de Minsk permite a Rusia presentarse como víctima de un engaño por parte de Occidente y justifican no sólo la invasión de Ucrania, sino que le dan pie a Putin para afirmar que debería haber ocurrido antes.  

Ahora bien, Ángela Merkel es cualquier cosa menos tonta. Entonces, ¿por qué iba a hacer unas declaraciones que favorecieran a Rusia en la actual situación y que dejaran no sólo su credibilidad, sino la de Occidente, a ras de suelo? La respuesta a esta cuestión no es sencilla, porque Merkel incurre en varias contradicciones en la entrevista, como señala acertadamente el blog Moon of Alabama, y que darían para otro artículo. Por una parte, la excanciller afirma que los acuerdos se firmaron para que Ucrania ganara tiempo. Pero por otra, sostiene que su intención era la de evitar la guerra y que “El hecho de que esto no haya tenido éxito no significa que los intentos hayan sido erróneos”.

¿Cuándo tenemos que creer a Ángela Merkel? ¿Cuando dice que los acuerdos de Minsk se firmaron para que Ucrania ganara tiempo, o cuando defiende que su intención era la de evitar la guerra?

Además, los acuerdos de Minsk no se negociaron en el aire, tuvieron un contexto. La propia excanciller se pregunta cómo es posible que se aprobara la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en esa coyuntura, y ella misma trata de responderse, aunque lo logra a medias: Ucrania concede gran importancia a seguir siendo un país de tránsito para el gas ruso, porque supone una fuente de ingresos nada desdeñable, y no quería ni oír hablar de un gasoducto que evitara su territorio. Así pues, la construcción del Nord Stream 2 suponía una afrenta política para Kiev. Por aportar un dato al respecto, en diciembre de 2019, Ucrania y Rusia firmaron un contrato de cinco años, por valor de 7.000 millones de dólares, por los derechos de tránsito del gas ruso a través de Ucrania.  En esa fecha, el 40% de los 200 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas ruso con destino Europa cruzaba territorio ucraniano. 

Merkel recuerda que la aprobación la solicitaron las empresas constructoras al gobierno alemán y que, para rechazar la solicitud, el gobierno federal debería haber promulgado una ley ad hoc: “tal negativa en combinación con el acuerdo de Minsk, en mi opinión, habría empeorado peligrosamente el clima con Rusia”. La alemana recuerda que en esa época – hablamos de 2015 – se peleaba por el gas ruso, no como ahora, en que “la gente a veces actúa como si cada molécula de gas ruso fuera del diablo”.

En cuanto a la famosa “dependencia” energética de Europa del gas proveniente de Rusia, que la construcción del Nord Stream 2 estaría fomentando, Merkel se defiende afirmando que “había menos gas disponible de Holanda y Gran Bretaña, y volúmenes limitados en Noruega”. Aunque lo cierto es que el modelo de negocio de Alemania se ha basado, durante décadas, en la energía barata, próxima y abundante procedente de Rusia, porque era lo más eficiente económicamente. Este marco también presentaba ventajas para Rusia, que tenía un cliente próximo al que suministrar las cantidades ingentes de energía que produce, y Europa necesita. Un modelo de negocio sustentado en la complementariedad económica de ambas regiones, que la geografía bendice, y que Putin quería afianzar y profundizar.

“Desde Lisboa hasta Vladivostok”: Putin visualiza una zona de libre comercio entre Rusia y la Unión Europea.

El 25 de noviembre de 2010, Vladimir Putin escribía un artículo en el Süddeutsche Zeitung, inmediatamente antes de un viaje a Alemania para reunirse con Ángela Merkel. En la pieza, Putin proponía “la creación de una comunidad económica armoniosa que se extienda desde Lisboa hasta Vladivostok. En el futuro, podríamos incluso considerar una zona de libre comercio o incluso formas más avanzadas de integración económica. El resultado sería un mercado continental unificado con una capacidad de billones de euros».

Putin subrayaba que «El estado actual de la cooperación entre Rusia y la Unión Europea no es consistente con los desafíos que enfrentamos. Para transformar la situación, debemos aprovechar las ventajas que ya existen y las posibilidades de progreso en la UE y Rusia». En concreto, Putin se refería a la reindustrialización de Europa: «Desde mi punto de vista, debemos abordar la cuestión de cómo podemos desencadenar una nueva ola de industrialización en todo el continente europeo». El presidente de Rusia se refería al acuerdo que estaba negociando con la Unión Europea y pedía valorarlo desde una perspectiva estratégica, a largo plazo, a 20, 30 o incluso 50 años en el futuro.

Precisamente una reindustrialización de Europa es lo que pretende evitar la administración de Joe Biden con la aprobación de la Ley para la Reducción de la Inflación. Una ley bautizada con un eufemismo, que incluye cientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales y subvenciones para incentivar a las empresas europeas a trasladar sus fábricas a Estados Unidos, como analicé en un artículo anterior.

“Estados Unidos siempre apoya a sus aliados”. Ilustración: Liu Rui. Global Times.

En opinión del analista estadounidense Andrew Korybko, Putin creía que su visión era compartida por Ángela Merkel, a quien consideraba una estadista con altura de miras, y con quien había forjado una relación personal. Putin habla perfectamente alemán, al igual que Merkel ruso. Desde que se firmaron los acuerdos de Minsk, Putin pensó que Alemania presionaría a Ucrania para que los cumpliera y se transformara en ese puente tan deseable entre Rusia y la Unión Europea, dos economías absolutamente complementarias. Korybko opina que Merkel engañó a Putin, diciéndole lo que quería escuchar para ganar ese tiempo que Ucrania necesitaba para fortalecerse, tal y como ahora reconoce.

Fotografía:  Alexander Nemenov/AFP via Getty Images, publicada en Político.com

No creo que Merkel engañara a Putin, sino más bien ocurrió que Putin no podía creerse que una estadista de alto nivel no compartiera una estrategia tan evidente, con tan solo mirar el mapa, analizar la geografía y constatar la complementariedad de la economía rusa y la de la Unión Europea. Esa simbiosis que llevaba décadas funcionando satisfactoriamente para ambas partes, con unas infraestructuras para el transporte de energía plenamente desarrolladas, que se comenzaron a construir en los años 60 y que en la década de los años 70 cuajaron definitivamente a lomos de la Ostpolitik de Willy Brandt. El resultado: Alemania es la tercera economía exportadora del mundo, tras China y Estados Unidos.

A ojos de Putin, era imposible que Merkel despreciara la posibilidad de incrementar ese inmenso potencial para construir un coloso económico euroasiático que, con toda probabilidad, habría sido uno de los ejes principales del mundo multipolar que se está configurando. Así que Putin aguantó, mientras Ucrania bombardeaba a la población civil del Donbass, rusos como él, con la esperanza de que fraguara esa estrategia que creía compartir con Merkel. En agosto de 2015, Naciones Unidas estimaba en 4.700 la cifra de muertos en Donetsk y Lugansk. En esa fecha, Merkel decía que las sanciones a Rusia (por la anexión de Crimea) sólo se levantarían cuando cumpliera los acuerdos de Minsk, sin mencionar los bombardeos ucranianos. Un mensaje que fue repitiendo a lo largo de los años. En mayo de 2016, las víctimas llegaban a 9.000. En septiembre de 2018, la cifra ya rebasaba los 10.300 muertos. En enero de 2022, antes de que comenzara la invasión rusa, Naciones Unidas calculaba el número de víctimas en Donbass entre 14.200 y 14.400, de las cuales al menos 3.400 eran civiles.

En diciembre de 2021, Rusia advertía que Ucrania había concentrado 125.000 soldados cerca de la línea de contacto en el Donbass. En enero de este año, un mes antes de la invasión rusa, Denis Pushilin, el líder de la República de Donetsk, declaraba que desde hacía tres meses y medio venían observando la acumulación de tropas ucranianas. Es decir, poco antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania, tras ocho años de guerra civil, el gobierno de Kiev se estaba preparando para el asalto final al Donbass, y lo que hizo Rusia fue adelantarse a la ofensiva ucraniana. La negativa de Estados Unidos y la OTAN a negociar unas garantías de seguridad, reclamadas por escrito por Rusia en diciembre de 2021, encajan en este marco. La paciencia de Putin se agotó y el sueño de una unión económica euroasiática, que incluyera a Europa occidental, se volatilizó. Rusia decidió pivotar hacia el Este, sobre todo hacia China, pero también hacia India.   

Retirada de la política activa y escribiendo un libro de memorias, ¿por qué salta ahora Merkel con estas declaraciones? Y sobre todo ¿a quién terminan favoreciendo? En primer lugar, aparentemente a Rusia, dándole argumentos para dejar de fiarse definitivamente de Occidente, tras la trampa que supusieron los acuerdos de Minsk. Se entiende la renuencia de Putin a sentarse a negociar, si lo que se firma vuelve a quedarse en papel mojado: “Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me”. Si me engañas dos veces, la culpa será mía.

Por otro lado, al desalentar a Putin de acudir a una mesa de negociación para resolver el conflicto en Ucrania, lo que está haciendo Merkel es alargar la contienda. ¿A quién favorece la prolongación del conflicto bélico? Claramente a su promotor: Estados Unidos. Cuanto más dure la guerra, cuantos más paquetes de sanciones aplique la Unión Europea a Rusia – ahora está preparando el noveno – más se profundizará la cuña que Estados Unidos lleva metiendo desde hace décadas entre la Unión Europea y Rusia. El objetivo está claro: dinamitar el proyecto geoestratégico que alentaba Vladimir Putin, la creación de una “comunidad económica armoniosa que se extienda desde Lisboa hasta Vladivostok”.

Esa es la meta de Estados Unidos: impedir el surgimiento de un coloso euroasiático que le haga sombra en su pretensión de alzarse como potencia hegemónica de un mundo unipolar, para seguir imponiendo su voluntad al resto del mundo. Por eso Ángela Merkel, a pesar de que pueda parecer que le echa un cable a Rusia con sus declaraciones, en realidad está colaborando con la hoja de ruta de la Casa Blanca.

Por último, si los acuerdos se firman para tomar ventaja estratégica sobre el adversario, escondiendo la voluntad de incumplirlos, o de salirse de ellos cuando interesa, cabe preguntarse cuál es el modelo de sociedad que proyectan quienes actúan de esa manera. ¿Es este el mundo basado en reglas del que tanto hablan? ¿Unas reglas que en realidad esconden trampas? Si los acuerdos no sirven más que para engañar al adversario, decaerá el interés en firmarlos y prevalecerá la ley del más fuerte. ¿Estos son los valores occidentales? ¿Este es el jardín del que habla Borrell? Yo diría más bien que nos adentramos en la ley de la jungla.

Democracia, libertad de expresión, valores occidentales y otras leyendas urbanas

1 de diciembre de 2022

A la gallina le dejan elegir la salsa en que la van a cocinar, pero seguro que acaba en la cazuela. De esta forma describía Eduardo Galeano las democracias occidentales en uno de sus libros. La gallina es, obviamente, la metáfora de la ciudadanía. Nos están tratando de convencer de que por introducir un papel en una urna cada cierto tiempo, dejándonos escoger entre distintos tipos de salsa, vamos a escapar de la cazuela, y nada más lejos de la realidad. Con el advenimiento de las redes sociales, se ha agudizado la faceta guiñolesca de la política: personajillos mediocres que simulan atizarse con una garrota con el fin de ganar adeptos para la causa… de quienes manejan sus hilos.  Las escaramuzas se organizan siempre en torno a temas accesorios, porque nadie está dispuesto a tratar lo que al titiritero no le interesa: el modelo económico, la distribución de la riqueza. Hay vacas sagradas que quedan fuera de la gresca. A este trampantojo lo llaman democracia y cualquier reminiscencia de su etimología – gobierno del pueblo – hace tiempo que se perdió.

Es cierto que, formalmente, hemos progresado desde los tres estamentos del feudalismo – nobleza, clero y campesinado – pero lo hemos hecho porque la sociedad es más compleja y porque en 1789 se cortaron algunas cabezas. Nos guste o no, “La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”, como dejó escrito Carlos Marx. Por lo que tenemos que preguntarnos quién está ejerciendo esa violencia, con mecanismos más sutiles, que en muchas ocasiones no precisan el derramamiento de sangre, para conseguir sus objetivos de manera más artera que en la sociedad feudal. Porque los objetivos de quienes detentan el poder económico siguen siendo los mismos que antes de que María Antonieta subiera al cadalso.

Para pasar de los estamentos a los parlamentos se derramó mucha sangre, pero los campesinos se transformaron en asalariados a los que extraer la plusvalía de otro modo. De los reyes absolutistas pasamos al sufragio universal, pero es nuestro deber preguntarnos si el derecho al voto en unas elecciones, con un sistema de partidos muy reglado y listas cerradas, significa realmente que el pueblo decida su destino. O si lo siguen decidiendo los de siempre: los que nunca se presentan a las elecciones, porque no les hace falta. Cuenta Naomi Klein en “La doctrina del shock” que, tras asumir Nelson Mandela el cargo, “en las dependencias presidenciales se solía comentar, a modo de broma: “¡Eh, tenemos el Estado! ¿Dónde está el poder?”. El capítulo que la periodista canadiense dedica a cómo se gestionó la transición en Sudáfrica, tras la victoria del ANC, el partido de Mandela, es paradigmático a la hora de exponer cómo ganar unas elecciones no significa, ni mucho menos, alcanzar el poder.

En las democracias, tener el gobierno no significa tener el poder. Existen escasísimas excepciones, que son sometidas a todo tipo de presiones para hacerlas descarrilar, precisamente por parte de ese Occidente que presume de valores democráticos: de entrada, se les niega su carácter democrático. Las elecciones sólo son “libres” cuando ganan los candidatos prooccidentales; si no, es que ha habido pucherazo. Tampoco se respeta el derecho de cada pueblo a organizarse como les parezca conveniente. Todos deben de ajustarse a la receta occidental, como si eso fuera garantía de que gobernara el pueblo. Posteriormente, a los díscolos se les aplican sanciones económicas, embargos, confiscación de activos, de las reservas de oro, etc. Se busca quebrar su economía para que vuelvan al paradigma ortodoxo: el capitalismo, dentro de los esquemas occidentales. Fuera de estos casos, en que los gobernantes se afanan en construir un modelo económico que priorice las necesidades del pueblo, tener el gobierno significa trabajar para el poder, que no es lo mismo que tenerlo.

Parte de esa tarea consiste en enmarcar los hechos con una determinada narrativa, como está ocurriendo con la invasión de Ucrania, donde se ha desatado otra guerra paralela: la del relato. Una contienda al menos tan importante como la del campo de batalla, puesto que la construcción del marco adecuado es fundamental a la hora de conquistar las mentes de la ciudadanía, tal y como reconocía recientemente Josep Borrell.

El relato con el que nos están bombardeando los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación es de brocha gorda: en Ucrania asistimos a una contienda entre la democracia y las autocracias rusa y china, personificadas por Vladimir Putin y Xi Jinping. Una batalla en la que nos jugamos la libertad colectiva de Occidente, frente a las amenazas autoritarias provenientes de Eurasia y el riesgo de que la invasión rusa vaya más allá de Ucrania. Es por ello que debemos asumir la pérdida de prosperidad que este enfrentamiento nos va a provocar – “el ajuste será duro”,  Borrell dixit – al renunciar a la energía barata, próxima y abundante procedente de Rusia, porque el objetivo merece la pena: seguir viviendo en democracia y libertad, como las que disfrutamos ahora en Occidente.

El 10 de octubre, el jefe de la diplomacia europea regañaba a los embajadores que la Unión Europea tiene destacados por el mundo porque, a su juicio, no hacían los esfuerzos suficientes para transmitir el relato con el que Bruselas quiere justificar las políticas que está aplicando en relación con el conflicto en Ucrania: “La comunicación es nuestro campo de batalla. No peleamos con armas, gracias a Dios. Pero tenemos que luchar en comunicación (…) Esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente. Es una pelea. Además de conquistar espacios, hay que conquistar las mentes”.

Así pues, se nos trata de convencer de que las democracias occidentales y su sistema de partidos, con listas cerradas, que concurren a elecciones con programas electorales que sistemáticamente incumplen, son el sistema político en el que la ciudadanía manda. Nada más lejos de la realidad.

Como señalé en el artículo anterior, una decisión estratégica con las consecuencias que describe Borrell – pérdida de la prosperidad y reestructuración de la economía, con ajuste duro – debería haber sido objeto de debate público. Desconectarnos de los tubos que mantienen con vida a la economía europea – los gasoductos y oleoductos provenientes de Rusia – sin disponer de una alternativa para reemplazar en su totalidad ese suministro, constituye una temeridad que las élites están cometiendo sin consultar a la ciudadanía. Si se nos está advirtiendo de la posibilidad de apagones, racionamiento de la energía y de planes de emergencia para retirar efectivo de los cajeros, es que no hay alternativa a la energía proveniente de Rusia, por mucho que algunos se empeñen en convencernos de lo contrario, como Olaf Scholz.

Si vivimos en democracia ¿por qué no se consulta con la ciudadanía la toma de decisiones que nos afectan directamente, en asuntos tan fundamentales como mantener nuestros hogares calientes en invierno o disponer de energía eléctrica?  ¿Por qué no se nos ha consultado sobre la conveniencia de adoptar las sanciones contra Rusia, dictadas por Estados Unidos, que han provocado la crisis energética y un incremento desbocado de la inflación? ¿Por qué no se nos pregunta si estamos de acuerdo con desindustrializar Europa, en beneficio de Estados Unidos, al trasladarse las empresas europeas al otro lado del Atlántico debido a sus menores costes energéticos? Las consecuencias de las decisiones políticas tomadas al margen de la ciudadanía están repercutiendo no en las élites que las han tomado, que tienen el riñón bien cubierto, sino en la población, cuya opinión ha sido ignorada. ¿Qué tipo de democracia es ésta?

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha declarado que «la política fiscal (de los gobiernos nacionales) no debe contradecir al Banco Central Europeo». Como acertadamente señala Juan Torres López, “Aunque lo que viene ocurriendo sea que poderes no democráticos se impongan sobre parlamentos y gobiernos, decir que eso es lo que debe ocurrir y que los parlamentos solo pueden aprobar Presupuestos Generales que no contradigan lo que establezca el banco central, una autoridad no elegida por nadie, es una fractura material de la democracia”. Y que eso lo diga el vicepresidente de la Comisión Europea, delata cuál es el concepto de “democracia” con el que trabajan en Bruselas.

Los dirigentes de la Unión Europea no sólo no nos han consultado sobre el rumbo que han emprendido, sino que están obsesionados con acallar las opiniones en contra de sus decisiones, con suprimir las narrativas que cuestionan su relato de brocha gorda o los mensajes que contradicen sus políticas. Los medios de comunicación rusos fueron los primeros en sufrir la censura, al suspender la Unión Europea las emisiones de RT en español y Sputnik news en su territorio. Una medida que ya critiqué en un artículo anterior. Bruselas no podía tolerar que la ciudadanía tuviera acceso a un punto de vista distinto sobre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Nos tratan como a niños a los que hay que proteger de la “desinformación”. Les aterra la posibilidad de que la ciudadanía acceda a informaciones distintas a las de los medios occidentales para formarse una opinión, porque el objetivo, como dice Borrell, es “conquistar las mentes”. Su concepto de “ciudadanos libres” es el de aquellos que sólo reciben información desde un emisor, y todos los demás se censuran o se demonizan, o son tildados de propaganda, “fake news” o desinformación. Y no hablamos únicamente de los medios de comunicación rusos. Nos referimos a las personas y medios que se salen del relato diseñado en la Casa Blanca – y repicado por la Unión Europea y sus respectivos altavoces mediáticos – que están sufriendo acoso y derribo en las redes sociales y difamaciones personales en los medios. 

En una nueva vuelta de tuerca a la maltrecha libertad de expresión, la Unión Europea ha aprobado, el 19 de octubre, el Reglamento de Servicios Digitales, donde la palabra “desinformación” aparece trece veces. Según leemos en la nota de prensa del Parlamento Europeo, “Las plataformas en línea muy grandes deberán cumplir con obligaciones más estrictas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, en proporción a los importantes riesgos sociales que plantean al difundir contenido ilegal y dañino, incluida la desinformación”.  Asimismo, la Ley prevé la aplicación de “Medidas especiales en tiempos de crisis: cuando ocurre una crisis, como una amenaza a la salud o la seguridad pública, la Comisión puede requerir a las plataformas muy grandes para que limiten cualquier amenaza urgente en sus plataformas. Estas acciones específicas se limitan a tres meses”.

Según Borja Adsuara, abogado experto en comunicación digital, en la práctica la Ley “da una base legal a las actuaciones que llevó a cabo la Comisión respecto de la desinformación durante la pandemia del Covid y la propaganda rusa en la invasión de Ucrania. En la práctica permite una censura indirecta por la Comisión y los Gobiernos más allá de esos 3 meses”, según leemos en su cuenta de Twitter.

Bruselas también se muestra muy preocupada por los delitos de incitación al odio y exige a las plataformas y a los buscadores en línea que evalúen lo que califica de “riesgo sistémico”. También califica de “riesgo” la difusión de contenidos con “efectos negativos reales o previsibles sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, así como la seguridad pública”.

¿Quién decide qué es un delito de incitación al odio y cuáles son los presuntos efectos negativos – reales o previsibles – de los contenidos en línea sobre los procesos democráticos? Es todo de una subjetividad que aterra. Pero la Unión Europea no se para ahí. En la presentación del Plan de Acción para la Democracia Europea podemos leer un texto digno de un publicista: “En una democracia saludable y próspera, los ciudadanos pueden expresar libremente sus puntos de vista, elegir a sus líderes políticos y opinar sobre su futuro. (…) Los medios de comunicación libres, el mundo académico y la sociedad civil deberían poder desempeñar su papel en la estimulación de un debate abierto, libre de interferencias malignas, ya sean extranjeras o nacionales”.

Si vivimos en una democracia saludable y próspera, ¿por qué no dejan opinar a la ciudadanía sobre nuestro futuro? ¿Por qué la Comisión Europea se arroga la potestad de decidir cuáles son las “interferencias malignas”? ¿Acaso nos consideran menores de edad que necesitan un tutor que nos muestre cuál es el bien y cuál es el mal? Si podemos expresar libremente nuestros puntos de vista, ¿por qué se suspenden las cuentas en redes sociales que sostienen puntos de vista discordantes con la versión oficial?

En junio de este año Věra Jourová, vicepresidenta para Valores y Transparencia, presentaba un código reforzado de prácticas sobre la desinformación con estas palabras: “Este nuevo Código contra la desinformación llega en un momento en que Rusia está utilizando la desinformación como arma como parte de su agresión militar contra Ucrania, pero también cuando vemos ataques a la democracia en general”.

El último episodio de desinformación, que casi desata la tercera guerra mundial, no provino de Rusia, sino de la agencia Associated Press. El 15 de noviembre, AP publicaba que “Un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dice que misiles rusos cruzaron a Polonia, miembro de la OTAN, y mataron a dos personas”. Finalmente, la propia Casa Blanca descartaba la procedencia rusa y los misiles resultaron haber sido disparados por la defensa antiaérea de Ucrania. El periodista que escribió la nota fue despedido – hacía falta una cabeza de turco – pero lo relevante es que la información fue sometida a la opinión de dos editores, antes de ser publicada, y uno de ellos se mostró partidario de sacarla, como así fue, con el argumento de que “no podía imaginarse que un oficial de inteligencia de Estados Unidos pudiera equivocarse en un asunto así”. Este editor ha conservado su puesto de trabajo, a pesar de que parece dispuesto a publicar cualquier cosa que le filtre la CIA, sin contrastar la información. La pregunta obvia es: ¿por qué ese oficial de inteligencia estadounidense “plantó” esa falsedad en la agencia AP? ¿Pretendía involucrar directamente a la OTAN – indirectamente ya lo está – en la guerra de Ucrania, a través de su famoso artículo 5, que establece que si cualquier miembro es atacado, los demás actuarán en su defensa?

 

La respuesta nos conecta con los tan cacareados valores occidentales que sirven de coartada a Estados Unidos y sus vasallos para colocarse en un plano de superioridad moral sobre sus antagonistas euroasiáticos. Esos valores con los que se les llena la boca constantemente: democracia, libertad de expresión, derechos humanos, mercado libre, libertad individual. Unos valores que constantemente pisotean y a los que sin embargo se adhieren, para envolverse de legitimidad.

El ejemplo más actual de cómo los paladines de los valores occidentales se limitan a defenderlos en la arena mediática, que no en la realidad, nos lo proporciona el caso de Julian Assange. El 2 de noviembre, el Secretario de Estado Antony Blinken tuiteaba que “Ningún miembro de la prensa debe ser amenazado, acosado, atacado, arrestado o asesinado por hacer su trabajo. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, nos comprometemos a seguir protegiendo y promoviendo los derechos de una prensa libre y la seguridad de los periodistas”.

Esto lo tuitea un miembro del gobierno que está intentando extraditar a un periodista australiano desde el Reino Unido, donde lleva encarcelado tres años y medio, sometido a tortura psicológica según un experto de la ONU, a los que se suman los siete años que pasó tratando de evitar la extradición desde la embajada de Ecuador en Londres, una situación que fue calificada como detención arbitraria por un panel de Naciones Unidas. Julian Assange está atravesando este calvario por publicar los crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y el Reino Unido cometieron en Irak y Afganistán. Un “crimen” por el que se podría enfrentar a 175 años de cárcel en Estados Unidos.

Por si quedaba alguna duda de cómo promueve la Casa Blanca la defensa de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, esos valores occidentales que estamos defendiendo las democracias frente a Rusia en Ucrania, el 17 de noviembre el Departamento de Estado otorgaba la inmunidad al príncipe saudita Mohammed bin Salman, al mismo tiempo que condenaba el “odioso crimen” del periodista Jamal Khassoggi. La novia del periodista y un grupo de derechos humanos fundado por Khassoggi habían presentado una demanda contra el príncipe saudita. En su campaña electoral, Biden prometió que convertiría a Arabia Saudita en un Estado “paria” tras el asesinato del periodista del Washington Post. Tras tomar posesión, Biden leyó un informe de la CIA que atribuía a MBS la orden de asesinar a Khashoggi, que habría ejecutado el jefe de seguridad personal del ahora primer ministro de Arabia Saudita. Un cargo que asumió en septiembre, y que sería la causa del otorgamiento de la inmunidad.

La lista de ejemplos de cómo esos valores occidentales son de quita y pon darían para escribir no un artículo en un blog, sino libros enteros. Pero rematemos con la manera en que se caracteriza el gobierno de Zelenski en Ucrania. Según Úrsula von der Leyen, «En Ucrania la democracia se enfrenta a la autocracia». Sin embargo, desde el comienzo de la invasión rusa, en Ucrania se han ilegalizado doce partidos políticos, la mayoría de izquierdas, por decreto presidencial: el Bloque de Oposición – el principal partido de la oposición al gobernante Servidor del Pueblo –, el Partido Socialista de Ucrania, el Partido Comunista de Ucrania, Socialistas, Justicia y Desarrollo, Nashi, el Bloque de Volodímir Saldo, la Oposición de Izquierdas, el Partido de Sharí, la Unión de Fuerzas de Izquierdas, la Plataforma de Oposición-Por la vida, y el Partido Socialista Progresista de Ucrania. 

El 21 de marzo, un mes después del comienzo de la invasión, Zelenski firmó otro decreto presidencial por el que ordenó “combinar todos los canales de televisión nacionales, cuyo contenido de programación consiste principalmente en programas de información y/o de análisis de información, en una única plataforma de información de comunicación estratégica”. La plataforma lleva el nombre de “United News”.

El 8 de abril, tras reunirse en Kiev con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, le prometió acelerar el proceso para que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, porque “comparte los valores” de la UE. ¿Ilegalizar partidos políticos y acabar con la pluralidad informativa son los valores compartidos entre Ucrania y la Unión Europea?

La World Government Summit es un evento que se celebra anualmente en Dubai. Según su sitio web, el tema de este año era “Dando forma a los futuros gobiernos” y prometía reunir “a líderes de opinión de todo el mundo para dar forma a la próxima generación de gobiernos”. Uno de los paneles fue denominado “¿Estamos listos para un nuevo orden mundial?”. Unos meses después, en la reciente cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Asia – Pacífico), Emmanuel Macron se despachó con la siguiente advertencia: “Necesitamos un único orden global”. ¿Nos van a consultar las élites acerca de sus planes para este nuevo orden mundial o van a seguir decidiéndolo todo en nuestra democracia consolidada?

 

Por qué nada volverá a ser como antes de la guerra en Ucrania

14 de noviembre de 2022

En los últimos días, quienes seguimos con atención los acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania estamos leyendo noticias que hablan de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, los verdaderos artífices del conflicto, y de supuestos consejos de la Casa Blanca al gobierno de Zelensky para que se siente a negociar. Sin embargo, simultáneamente, los principales actores del drama que se está desarrollando ante nuestros ojos están enviando señales que indican todo lo contrario: la reciente revisión de la doctrina de defensa de Estados Unidos no descarta un ataque nuclear preventivo, y el jefe de sus fuerzas nucleares tilda la guerra en Ucrania de “calentamiento” de lo que está por venir, advirtiendo de que “lo gordo está llegando”. Nos encontramos ante una encrucijada que hace palidecer la crisis de los misiles de 1962, cuando las potencias enfrentadas se esforzaron para evitar una guerra nuclear, justo lo contrario de lo que estamos presenciando ahora.

¿A qué mensajes debemos dar más credibilidad? ¿Va a haber negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz a corto plazo, o vamos directos hacia la tercera guerra mundial? El realineamiento de las potencias y el reposicionamiento de muchos países ocasionado por la contienda en Ucrania ha hecho saltar por los aires los bloques que surgieron en la conferencia de Yalta, en 1945, y un nuevo mundo multipolar está naciendo, por mucho que Estados Unidos se resista. Las grandes potencias se han quitado los guantes y van a por todas. Por eso no cabe hablar de una vuelta a lo de antes, incluso aunque se alcanzara un acuerdo de paz a corto plazo en Ucrania, lo que en estos momentos es altamente improbable. Nos adentramos en un cambio de paradigma.

Que la guerra en Ucrania trasciende el enfrentamiento bélico entre el gobierno de Kiev y Rusia es algo que pocos analistas serios se atreven ya a cuestionar, ni siquiera en el lado occidental, dejando de lado a quienes producen la propaganda para consumo masivo que repiten machaconamente los medios. Poco a poco, las caretas van cayendo. En un discurso pronunciado en octubre, Úrsula von der Leyen afirmó sin ambages que “La guerra en Ucrania no es sólo una guerra europea, es una guerra por el futuro del mundo entero. Por lo tanto, el horizonte de Europa solo puede ser el mundo entero”.

Vídeo: MintPressNews.

Antes de admitir lo que subyace bajo la guerra proxy que Estados Unidos y sus adláteres libran contra Rusia, utilizando como ariete a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea expone en su discurso que el litio y los metales de las tierras raras son vitales para la transición verde y digital que quiere acometer la Unión Europea. No hay aerogeneradores ni paneles solares sin esas materias primas. ¿Cuál es el problema? Que la demanda de dichos materiales va a aumentar exponencialmente y que hay un solo país que domina el mercado global al completo, y se llama China. Después de hablar de colaboración con Canadá, Australia y Chile para “asegurar el control de los recursos que necesitamos”, von der Leyen dice que “debemos movilizar nuestro poder colectivo para modelar los bienes globales y el mundo del mañana.”

Cuando la presidenta de la Comisión Europea habla de “nuestro poder colectivo” obviamente se refiere al del bloque occidental, que se aglutina en torno a Estados Unidos en el combate geopolítico que le enfrenta con el resto del mundo. Además de la Unión Europea, sus aliados incluyen a Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Corea del Sur. Y ahí se acaba la lista. En la otra esquina del cuadrilátero, las cabezas visibles de la oposición a los designios de Washington son Rusia y China. Sin embargo, debemos subrayar el crecimiento que está experimentando el bloque de los BRICS, que oficialmente nació en 2009, aunque sin Sudáfrica, que se incorporó al año siguiente.

El acrónimo BRICS responde a las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conjuntamente ocupan el 30% de la superficie terrestre, agrupan el 40% de la población y el 25% del producto interior bruto mundial. Además, hay otros países con peso político y económico que ya han solicitado su ingreso. Irán y Argentina lo hicieron en junio. Irán ocupa el segundo lugar en reservas de gas en el mundo, después de Rusia, y el cuarto lugar en reservas de petróleo. Arabia Saudita, que posee las segundas mayores reservas de petróleo, tiene asimismo la intención de unirse, según informaba el presidente de Sudáfrica tras una visita al reino.

Turquía y Egipto también han mostrado su interés. Conviene recordar que Turquía es miembro de la OTAN y que Egipto es un aliado tradicional de Estados Unidos, desde que Anwar el Sadat firmara los acuerdos de Camp David, en 1978 y, un año después, Egipto se convirtiera en el primer país árabe que reconociera el Estado de Israel. Washington ha venido apoyando posteriormente las sucesivas dictaduras militares que han gobernado el país. Primero, la de Hosni Mubarak y luego, la de Abdelfatah Al Sisi, con el breve paréntesis del gobierno de los Hermanos Musulmanes entre 2012 y 2013, elegido en las urnas y derrocado por el general Al Sisi.

Indonesia, un país de 276 millones de habitantes, también está sopesando su incorporación a la asociación y Argelia, que es el séptimo exportador de gas del mundo, ha sido el último país en solicitar su ingreso en los BRICS, el 8 de noviembre.

Así que en la órbita de los BRICS tenemos ya a Irán, Argentina, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Indonesia y Argelia. Son palabras mayores, especialmente el caso de Arabia Saudita, el país donde nacieron los petrodólares: Henry Kissinger pactó con la casa de Saúd que Estados Unidos defendería su posición de poder en el país siempre y cuando las compras de petróleo se denominaran en dólares. La fortaleza de la divisa estadounidense se basa, en gran medida, en este compromiso, que arrastró a otros países al uso del dólar en sus transacciones.  

En este realineamiento que se está produciendo, el máximo representante de la política exterior europea, Josep Borrell proclamaba el 10 de octubre la decisión de la Unión Europea de soltar amarras de la región a la que geográficamente pertenece: Eurasia. Con esta contundencia se expresaba: “Nuestra prosperidad se ha basado en energía barata proveniente de Rusia. Y el acceso al gran mercado chino para exportaciones e importaciones, para transferencia tecnológica, para inversión y para tener bienes baratos. (…) Así que nuestra prosperidad se basó en la energía y el mercado de China y Rusia. La gente no es consciente de eso, pero el hecho de que Rusia y China ya no sean los que fueron para nuestro desarrollo económico requerirá una fuerte reestructuración de nuestra economía. El acceso a China es cada vez más difícil. El ajuste será duro y esto creará problemas políticos”.

En primer lugar, una decisión estratégica de este calibre, en la que se habla de la prosperidad de la Unión Europea en pasado y se anuncia un ajuste duro, debería haber sido objeto de debate público. Es lo que se espera de unos países que se autocalifican de democráticos, y que proclaman que lo que se ventila en Ucrania es precisamente un conflicto entre los valores democráticos que alberga Occidente, frente a las autocracias de Rusia y China. Sin embargo, nos encontramos que una decisión que ya está deteriorando gravemente el bienestar de la ciudadanía ha sido tomada por las élites, sin importarles la opinión de sus representados.

La Unión Europea ha decidido ligar su destino al de Estados Unidos. Y lo ha hecho hasta el punto de contemplar cómo ha sido destruida la infraestructura a través de la cual importaba esa energía barata de Rusia, los gasoductos Nord Stream, enterrando la investigación bajo el secretismo y sin que quepa descartar la colaboración de algunos de sus miembros, actuales o anteriores, en el ataque. Es decir, tapando lo que ha constituido el ataque más grave a unas infraestructuras en Europa del que tengamos memoria.

Al haber aceptado sin más que los aspavientos de Úrsula von der Leyen la destrucción de los gasoductos, la Unión Europea ha quemado las naves que podrían reconectarla a Rusia. Pero lo ocurrido con los Nord Stream sólo ha sido el corolario de una estrategia para desacoplar a la UE de Rusia y desgajarla de Eurasia. Después de seis rondas presupuestarias, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz ha destinado ya un total de 3.100 millones de euros “para incrementar su apoyo a las capacidades y la resiliencia de las Fuerzas Armadas ucranianas”. Según las cifras publicadas por Statista, el total enviado por las instituciones comunitarias a Ucrania asciende a 16.200 millones de euros. Según la misma fuente, Alemania habría aportado 3.300 millones y Canadá, 3.000.

Este informe de la Cámara de los Comunes del Reino Unido aporta información detallada de sus contribuciones a Ucrania, además de las de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN. Según este documento, Estados Unidos ha inyectado 18.200 millones en Ucrania en asistencia militar desde el inicio de la guerra, aunque según The New York Times, el total de la ayuda asciende a 54.000 millones de dólares. El Reino Unido ha enviado 2.300 millones de libras con el mismo concepto, aunque según Statista el total aportado por Londres a Kiev asciende a 6.700 millones de euros. Aquí podemos leer la recopilación del armamento enviado por Washington a Kiev, actualizada al 4 de noviembre.  

Aunque el 30 de septiembre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmara en rueda de prensa que “la OTAN no es parte del conflicto”, tan solo once días más tarde reconocía que la victoria de Rusia en Ucrania significaría la derrota de la OTAN. Curioso, lo de no considerarse parte de un conflicto que está alimentando. La relación de Ucrania con la organización militar dirigida por Estados Unidos comenzó en 1991, con la independencia del país, según podemos leer en el sitio web de la OTAN, y se ha ido incrementando con el tiempo, especialmente desde el golpe de Estado de 2014.

El 24 de marzo, Sergei Lavrov declaraba “muertas” las relaciones con la Unión Europea como organización, y anunciaba que Rusia sólo se relacionaría individualmente con sus estados miembro. La estrategia de sanciones dictada por Estados Unidos, y seguida fielmente por la UE, no sólo ha buscado abiertamente destruir la economía de Rusia, debilitarla, y propiciar un “cambio de régimen”. Las sanciones han abarcado todo lo que tuviera que ver con Rusia: han bloqueado sus medios de comunicación, han impedido a sus deportistas participar en competiciones internacionales, han cancelado eventos culturales relacionados con sus músicos, literatos y artistas en general, han afectado a las cuentas bancarias de ciudadanos rusos en el extranjero, han entorpecido la emisión de visados o la han suprimido directamente. En definitiva, han supuesto la humillación no sólo de los dirigentes responsables de la invasión, sino del pueblo ruso en general. En estas circunstancias, no sorprende que Sergei Lavrov haya anunciado que Rusia se está replanteando mantener las embajadas en Occidente.

La guerra no ha hecho disminuir el apoyo de la población rusa a Vladimir Putin, sino todo lo contrario. Su porcentaje de aprobación, medido por el centro Levada, se elevó desde los 71 puntos de febrero hasta los 83 tras comenzar la invasión. Se mantuvo estable en torno a esa cifra hasta que bajó seis puntos, desde el 83% hasta el 77% tras decretarse la movilización de 300.000 reservistas en septiembre. En la encuesta de octubre, repuntó hasta el 79%. Levada es un gabinete de investigación social clasificado por el Kremlin como “agente extranjero” en 2016.

Ilustración: www.levada.ru

A estas alturas del conflicto, ninguna de las dos partes está en disposición de aceptar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania, porque la meta está mucho más lejos. Si nos ceñimos al campo de batalla, Kiev no puede asumir la pérdida de territorios, porque ni los ultranacionalistas, que dieron la vuelta al programa electoral pacifista de Zelenski, ni la Casa Blanca lo consentirían. Aunque el jefe del Estado Mayor no piensa lo mismo. De otro lado, Rusia tampoco puede traicionar a la población rusa que vive en el Este de Ucrania, que lleva siendo masacrada desde 2014 ante la indiferencia de la “comunidad internacional”. La opción que contemplaban los acuerdos de Minsk, una autonomía para Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania, nació muerta y ahora nadie está interesado en resucitarla. De Crimea para qué vamos a hablar: es una línea roja absoluta para el Kremlin. La opción de la neutralidad de Kiev ya venció y Rusia no contempla otro escenario que no sea la desactivación de Ucrania como amenaza. Lo que implica un cambio de régimen en Kiev: una opción que pasa por la derrota total de Zelenski y la rendición de su ejército.

El reciente viaje del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, a Kiev “para tantear el terreno”, ante la constatación de que ni Rusia ni Ucrania están en disposición de conseguir todos sus objetivos, y el hecho de que los medios occidentales estén usando la palabra “negociación” no debe confundirnos. El Washington Post explica que la Casa Blanca no pretende empujar a Kiev a una mesa de negociación ahora, sino que Ucrania aparezca como moralmente superior a Rusia al mostrarse aparentemente interesada en dialogar. El objetivo sería no perder el apoyo económico de los países que están sufriendo las consecuencias de las sanciones a Rusia, mientras evidencian el fracaso de esa estrategia para detener la guerra y su población comienza a salir a las calles para protestar contra la carestía de alimentos y energía.

Por lo tanto, de producirse un compás de espera en la guerra, se trataría de una pausa táctica, que no estratégica. Tras la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos se las prometía muy felices en su papel de potencia hegemónica victoriosa, con el mundo a sus pies. Sin embargo, tras “los años de la anarquía”, como denominan los rusos a los vividos bajo el mandato de Yeltsin, Rusia se ha recuperado en las dos últimas décadas del latrocinio al que fue sometida, con la inestimable ayuda del Fondo Monetario Internacional.

En estos últimos veinte años, China se ha convertido en la segunda economía del mundo en términos de PIB, con un crecimiento de hasta dos dígitos (2004 – 2007) y siempre por encima del 6%, excepto en 2020. La expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia empujó al Kremlin hacia el Este, como expuse en un artículo anterior, y ahora Estados Unidos está pagando las consecuencias de su error estratégico, al haber propiciado un acercamiento entre ambas potencias euroasiáticas.

El tanto que sí se está apuntando Estados Unidos en esta partida es la aniquilación de la Unión Europea como actor independiente en el tablero geopolítico, eliminando la posibilidad de convertirse en un posible competidor. Bruselas ha decidido dejar su futuro a merced de los designios de la Casa Blanca en la lucha por los recursos naturales, con la esperanza de compartirlos. Aun en el caso de que la potencia allende el Atlántico resultara victoriosa, lo que está por verse, a Europa no le iba a dejar ni las migajas. Lo estamos viendo con los precios abusivos que las compañías estadounidenses le cobran por el gas a Europa, como expuse en el artículo anterior. Y lo estamos viendo con las tensiones surgidas en Bruselas tras la aprobación en Washington de la Ley para la Reducción de la Inflación. Respecto a esta ley, dotada con 430.000 millones de dólares, la UE ha manifestado “que condiciona las exenciones fiscales al contenido fabricado en EE. UU., pone en desventaja a las empresas automovilísticas europeas y a las que producen una amplia gama de bienes del sector de la «economía verde», incluidas baterías, hidrógeno y equipos de energía renovable”, según informa Reuters.

Es decir, que los partidarios del “free market” han tirado de chequera para subvencionar a las empresas que monten sus fábricas en Estados Unidos para producir coches eléctricos y otros bienes, en lugar de hacerlo en otros países como, por ejemplo, los de la Unión Europea. El ministro francés de Economía acaba de lanzar un aviso sobre el profundo enfado que esta ley ha provocado en sus, en teoría, socios europeos.

Sólo ahora parecen darse cuenta los dirigentes europeos de cuál es el verdadero plan de Estados Unidos: para competir con China, necesita reindustrializarse. Su hoja de ruta incluye:

  • Desconectar a la Unión Europea de la energía barata de Rusia, y, además, venderle su gas natural licuado, mucho más caro, para que la industria europea deje de ser competitiva.
  • Subvencionar la instalación de fábricas en su territorio mediante la Ley de Reducción de la Inflación, así como la industria de semiconductores con la Ley CHIP, para contrarrestar a China.
  • Provocar inestabilidad política en Europa, instigando la guerra en Ucrania, para terminar de incentivar el traslado de las industrias al otro lado del Atlántico, ahuyentadas por los altos costes energéticos y el riesgo político de que la guerra se extienda por el continente.

La Casa Blanca acaba de avisar a Europa de que un conflicto por Taiwán podría provocar un shock económico global. Es otro ejemplo de que la agenda de Washington sigue su propio curso, sin importarle lo más mínimo las consecuencias que su agresiva política exterior puedan tener para el resto del mundo, incluyendo a sus aliados.

Que la geopolítica trata sobre el control de los recursos del mundo no es ninguna novedad, pero que Estados Unidos haya decidido lanzarse a una ofensiva contra dos potencias nucleares a la vez sí que lo es. En un artículo anterior hablé de las razones que podían estar llevando a Estados Unidos a esta escalada: si el dólar pierde su papel de moneda de reserva mundial, y hay muchos movimientos por parte de varios actores de peso para que lo haga, entrará en quiebra.

US Debt Clock es un sitio web donde podemos ver en tiempo real la evolución de los principales parámetros de la deuda de Estados Unidos. En el momento de escribir este artículo, la deuda pública se sitúa en más de 31 billones de dólares, la deuda total está por encima de los 93 billones y los pasivos no financiados ascienden a más 172 billones. Los pasivos no financiados son obligaciones de deuda que no tienen fondos suficientes reservados para pagarlas. O sea, un agujero negro de proporciones masivas.

El mundo se está resquebrajando en bloques y se apresta a una guerra abierta por el control de los recursos naturales, porque la antaño potencia hegemónica es un gigante con los pies de barro, y lo sabe. No tiene otra estrategia que proseguir su huida hacia adelante, y las consecuencias para el planeta serán funestas, a menos que otro paradigma consiga imponerse: el de la colaboración, en lugar de la imposición. Por eso nada volverá a ser como antes.

Qué es el mercado de gas TTF y cómo te afecta al bolsillo  

2 de noviembre de 2022

Veinte años después de la creación del Title Transport Facility (TTF), la Unión Europea se ha dado cuenta de que menospreciar los contratos a largo plazo, ligados al precio del petróleo, para dejar en manos de un mercado desregulado la fijación de los precios del gas no era tan buena idea.  Al igual que está ocurriendo con las sanciones a Rusia, los efectos bumerán del mercado spot TTF, radicado en Holanda, están provocando un incremento desorbitado del precio del gas desde comienzos de 2021, un año antes de que Rusia invadiera Ucrania.

“El TTF se convirtió en la referencia más líquida y comercializada de Europa gracias a una abundante infraestructura con mucha capacidad disponible en todos los interconectores, fácil acceso al mercado global de gas natural licuado (GNL), sólida capacidad de almacenamiento subterráneo y bombeo de gas desde Groningen (la mayor reserva de este hidrocarburo en Europa)”, según Greg Molnar, analista de la Agencia Internacional de Energía. El TTF consiguió desplazar en volumen de negociación al otro gran hub europeo, el NBP del Reino Unido. El 73% del total de gas que llegó en 2021 a Europa se negoció en el TTF.

Ilustración: Cinco Días, 23 de septiembre de 2022.

Cuando la Unión Europea decidió sancionar a Rusia, los flujos de gas que llegaban por gasoducto disminuyeron. La UE tuvo que recurrir a los tanqueros de GNL, colapsando la infraestructura holandesa de regasificación, que está operando por encima del 90% de su capacidad. Esta presión sobre las infraestructuras, entre otros factores, repercutió en un aumento vertiginoso de los precios del gas al contado y en los futuros que se negociaban en el hub TTF.

Aquí tenemos a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, anunciando que la Unión Europea está trabajando en la creación de un nuevo índice que desplace al TTF como precio de referencia del gas en Europa, vistas las funestas consecuencias de su protagonismo.

Según la presidenta de la Comisión, el TTF es un índice inadecuado para servir de referencia al precio del gas en Europa, porque refleja las compras y ventas de gas que se transporta a través de gasoductos, y no tiene en cuenta la diversificación que ha acometido la Unión Europea a la hora de intentar suplir el gas proveniente de Rusia, fundamentalmente a través de las compras de gas natural licuado a Estados Unidos.  En contra de lo que sostiene von der Leyen, el precio del TTF se utiliza mayoritariamente como referencia para la negociación del precio del GNL que, conviene recordar, es mucho más caro que el gas que venía de Rusia. Von der Leyen explica que el tope al precio del gas, sobre el que los Estados miembro siguen sin ponerse de acuerdo, sería una medida temporal hasta que la Comisión fije un nuevo índice de referencia para los precios del gas, para lo que se da de plazo hasta marzo de 2023.

Hasta esa fecha, la Comisión Europea se plantea “proponer un mecanismo de corrección de precios para establecer un límite de precio dinámico para las transacciones en la bolsa de gas TTF, y un collar o ancho de banda temporal para evitar picos extremos de precios en los mercados de derivados”. Lo que no explica es cómo pretende conseguir ponerle puertas al campo.

Ilustración: Cinco Días, 23 de septiembre de 2022.

La ministra española de Transición Ecológica nos ilustra sobre la pretensión de la Unión Europea de que el nuevo índice tenga en cuenta no sólo los precios del mercado del gas en Europa, sino en todo el mundo. Como si todas las plazas tuvieran las mismas características en términos de oferta y demanda, proximidad o lejanía de las fuentes de suministro, fortaleza o debilidad de sus economías, o capacidad de negociación. Es decir, como si China, o la India, fueran lo mismo que la Unión Europea en todos los anteriores términos. Los dirigentes europeos viven en una pura desconexión de la realidad.

En la entrevista con el diario Cinco Días, Teresa Ribera afirma exactamente lo contrario de lo que mantiene la presidenta de la Comisión en el vídeo anterior: el precio de referencia TTF estaba muy ligado al gas procedente de Rusia, fuente mayoritaria de suministro en Europa, y ahora “refleja la escasez, la dificultad de traer gas natural licuado a los pocos puntos en que se puede desembarcar en el norte de Europa. Por tanto, se dispara por arriba el precio al que los distintos operadores están dispuestos a participar en ese mercado”. La ministra termina reconociendo que “esto es enormemente perjudicial para todos los consumidores europeos porque haya pagado lo que haya pagado su suministrador de gas, a la hora de la verdad, el precio acaba reflejando el coste de oportunidad de ese índice”.

¿A quién debemos de creer, a von der Leyen o a Ribera? Los datos dan la razón a Ribera: el gas natural licuado (GNL) que llega de Estados Unidos es más caro que el que venía de Rusia. El primero ya tiene más peso que el segundo: en junio las importaciones de GNL de Estados Unidos sobrepasaron a las provenientes de Rusia. A este hecho hay que añadir el carácter especulativo de los mercados spot, como reconoce el propio Ministerio de Transición Ecológica en este tuit.

Y aquí llegamos al quid de la cuestión: ¿Qué tipo de contrato interesa más a la Unión Europea? ¿A largo plazo o en el mercado spot? Hasta el cambio de siglo, antes de la creación del mercado TTF, la mayoría de los precios del gas natural en la Unión Europea se acordaba en contratos de larga duración, entre 10 y 25 años. Dichos contratos estaban vinculados al precio del petróleo, un sistema conocido como indexación al petróleo. Con esta modalidad, los precios del gas se acompasan a los del crudo, y la volatilidad se suaviza utilizando promedios móviles. Generalmente, en estos contratos los precios del gas se reajustan sobre la base de un promedio de precios de los productos derivados del petróleo en los 6 a 9 meses anteriores. Este sistema trajo precios relativamente estables, que permitieron inversiones a gran escala en el sector del gas. Los países productores están generalmente interesados en contratos de larga duración, precisamente para poder planificar dichas inversiones.

Sin embargo, la Unión Europea progresivamente fue estimando que los contratos a largo plazo adolecían de rigidez y no reflejaban las oscilaciones de la oferta y la demanda, especialmente tras el descenso de los precios del gas experimentado con la irrupción del gas de esquisto estadounidense, entre 2009 y 2010. Según un informe de Reuters, la Unión Europea decidió apostar por el mercado spot porque pensaba que, de este modo, podría debilitar la posición predominante de Rusia como primer proveedor de gas a la hora de fijar los precios. Sin embargo, el mismo informe advierte que el mercado spot sólo permite beneficiarse de precios más reducidos cuando la oferta es abundante, una situación diametralmente opuesta a la actual.

Un ejemplo de esta agresiva apuesta europea por el mercado spot nos lo aporta Polonia. El 1 de noviembre de 2014, la compañía estatal polaca PGNiG demandó a Gazprom, exigiendo que el precio del contrato para el suministro de gas a través del gasoducto Yamal dejara de referenciarse al petróleo, para hacerlo al precio de referencia del mercado europeo de energía, el TTF. La batalla legal acabó con un arbitraje del tribunal de Estocolmo en 2020 que, oh sorpresa, dio la razón a la compañía polaca frente a la rusa, declarando que el precio que cobraba estaba “fuera de mercado” y era “excesivo”, condenando a Gazprom a abonar 1.500 millones de dólares a PGNiG.

Felix Booth, jefe de la unidad de GNL en Vortexa, una compañía de análisis del mercado energético, sostiene que “La liberalización del mercado europeo del gas ha brindado un gran beneficio a los consumidores, lo que ha resultado en precios más bajos que el promedio que los contratos tradicionales vinculados al petróleo de Rusia». Veamos ahora el recorrido de esta afirmación.

Aproximadamente el 70% del GNL es comercializado en el mundo mediante contratos a largo plazo. Sin embargo, en Europa los contratos de GNL en el mercado spot representan entre un 45 y un 50%, según datos de Reuters. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Agencia Internacional de la Energía, las importaciones totales de gas de la Unión Europea en los mercados spot pasaron de representar un 30% en 2010 a más del 80% en 2020. Dicha transición ha permitido, supuestamente, un ahorro de 70.000 millones de euros durante la pasada década.

Sin embargo, la misma agencia reconoce que, sólo en el último año, la apuesta europea por utilizar como referencia los precios fijados en el mercado spot TTF ha supuesto un aumento en el coste de las importaciones de gas de 30.000 millones de dólares. En el siguiente gráfico, publicado por la Agencia Internacional de la Energía, vemos el comportamiento de los contratos de gas a largo plazo indexados al petróleo, comparados con los del mercado spot, que subieron en 2021 verticalmente, un año antes de la invasión rusa de Ucrania.

Diferencia entre los costes de importación actuales comparados con los precios 100% indexados al petróleo, desde 2010 hasta 2021, en la Unión Europea. Ilustración: IEA.org

Esto significa que, en sólo un año, y antes de que estallara el conflicto bélico en Ucrania, la Unión Europea se había comido casi la mitad de lo ahorrado en la década anterior por la utilización preferente del mercado spot TTF como mecanismo para la fijación de precios, en detrimento de los contratos a largo plazo. Dado el más que probable cese definitivo de los suministros provenientes de Rusia, que Josep Borrell ha anunciado como algo estructural, y la consiguiente disminución de los contratos a largo plazo, las perspectivas que presenta la crisis energética que sufrimos son aterradoras.

Una crisis que no se ha producido únicamente por la invasión rusa de Ucrania, sino que sufrimos ya el año anterior. Obviamente, la situación bélica y la contraproducente estrategia de las sanciones, que han provocado la desconexión de la Unión Europea de su principal proveedor de energía desde hace décadas, han agravado un problema suscitado por otros factores: falta de inversiones en el sector de las energías fósiles, una transición más lenta de lo previsto a las energías renovables, la mayor demanda de gas por parte de China, tras relegar el carbón, y el desajuste entre oferta y demanda, principalmente.

El principal rasgo de los mercados spot es la volatilidad. Ello se debe a que en estos hubs no sólo se compra y se vende gas para su uso efectivo por parte de los consumidores, sino que entran en juego las negociaciones con los precios futuros de la materia prima, un sector altamente especulativo.  Al igual que ocurre en la bolsa, en los mercados de futuros ya intervienen traders y plataformas de trading. Y aquí entramos en el proceloso mundo de los derivados, unos instrumentos financieros, completamente desregulados, como los CFD (contratos por diferencia). Unas herramientas que permiten que el trader pueda jugar con las oscilaciones de su precio para obtener una ganancia, sin llegar a tener en ningún momento la “propiedad” del bien y, a través del apalancamiento, ni siquiera disponer del dinero en efectivo necesario.

Ilustración: tradingeconomics.com

En agosto, el precio del gas en el mercado TTF cotizaba a 321 euros por megavatio/hora, frente a los 27 euros a que cotizaba el año anterior, y tocó techo al alcanzar los 339,20 euros. El petróleo nunca ha sufrido unos incrementos porcentuales de tal calibre en tan escaso lapso de tiempo. Ante el aumento vertiginoso de los precios del gas, los gobiernos de Europa han empezado a subsidiar las tarifas a los hogares y a las industrias, con distintas fórmulas. En España, por ejemplo, se ha recurrido a la denominada “excepción ibérica” para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. Estas intervenciones han conseguido empujar al alza los precios, al darse cuenta los mercados que los gobiernos estaban dispuestos a correr con parte de la factura. Es lo mismo que ha ocurrido con el subsidio de los 20 céntimos al litro de combustible: el 60% de las gasolineras subieron inmediatamente sus precios, diluyendo así la bonificación.

La decisión de la Unión Europea de tratar de sustituir las importaciones de gas con contratos a largo plazo procedentes de Rusia, por las de GNL de Estados Unidos nos está costando muy cara. El 7 de febrero, antes de que comenzara la guerra en Ucrania, Reuters publicaba que “En los últimos dos meses, las grandes compañías petroleras y las empresas de servicios públicos deberían haber obtenido grandes márgenes al vender GNL de Estados Unidos, adquirido a un precio de alrededor de 6 dólares por MBtu, por alrededor de 30 dólares en Europa», citando a un consultor independiente.

Y a todo esto, ¿cuál ha sido siempre la posición de Rusia, el principal suministrador de gas a Europa durante décadas? Antes y después de que surgieran los mercados spot, Rusia ha sido partidaria de los contratos a largo plazo, al igual que otros exportadores de gas, como Qatar.

Ilustración: Bnnbloomberg.ca

Las rigideces de dichos acuerdos han sido compensadas con la adopción de medidas de flexibilidad en las condiciones de “toma o paga”, un mecanismo ya presente en los contratos de larga duración no sólo en Rusia, sino en Estados Unidos, desde los años 60, por el cual el comprador se compromete a pagar el gas, haga uso de él o no. Aunque pueda parecer descompensado, esta herramienta aporta seguridad a ambas partes: al productor, por las fuertes inversiones que requiere la extracción y distribución, y al consumidor, que se asegura el suministro.

Algunos países pretendieron aprovechar la drástica caída de la demanda provocada por la crisis financiera de 2008, presionando a Gazprom para que redujera los precios de sus contratos a largo plazo hasta acompasarlos a los del spot market, que estaban por los suelos. Gazprom redujo los precios en cierta medida, hasta que en 2011 se plantó.

Sin embargo, como vemos en el siguiente gráfico, la distancia entre el precio de los contratos de gas ruso, ligados al precio del petróleo, y el de los mercados spot NBP del Reino Unido y el TTF holandés se fue reduciendo hasta prácticamente converger en 2016, en una época ausente de tanta especulación como la que ha provocado la actual crisis energética.

Ilustración: James Henderson, Director del Oxford Institute for Energy Studies. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PE/004art04.pdf

En septiembre de 2021, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que “Ellos (Europa) prefieren centrarse en el mercado spot. Es exactamente el mercado spot lo que conduce a tales saltos, como este aumento desenfrenado de los precios”.

En un artículo publicado el 16 de febrero de este año en “Energy Policy”, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, analizaba con mayor profundidad las causas del encarecimiento del gas en el año anterior:

  • Descenso de la producción en Europa en los últimos cuatro años. Según los resultados de 10 meses de 2021, la producción de Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca y Rumanía ascendió a 55,2 bcm, un 14% menos que en el mismo periodo del año pasado (63,9 bcm).
  • La transición de Europa desde los contratos de suministro de gas a largo plazo hacia la liberalización del mercado comenzó con la adopción en 2009 del llamado «tercer paquete energético». Los requisitos de esta ley obligaron a reservar parte de la capacidad del sistema de transporte de gas para proveedores independientes, lo que creó obstáculos para que Gazprom cumpliera y aumentara los volúmenes de los contratos.
  • El fortalecimiento de los mercados spot trajo consigo el aumento del factor especulativo. El juego de las posiciones largas y cortas provocó aumentos en el precio del gas de hasta un 30% en el mismo día. La demanda especulativa superó la oferta, proporcionando un sobrecalentamiento adicional del mercado.
  • Europa rechazó contratos a largo plazo con la esperanza de implementar gradualmente la transición energética, reduciendo la necesidad de combustibles fósiles. Ese proceso no va tan rápido como se esperaba.
  • La generación de electricidad en China procedía, hasta hace poco, de centrales de carbón. En diciembre de 2020, las autoridades chinas dejaron de importar carbón de Australia, que representaba el 68% de sus importaciones. China comenzó a importar más gas, y Estados Unidos desvió las exportaciones hacia China, que estaba dispuesta a pagar más que Europa. En los primeros 9 meses de 2021, las importaciones de GNL de China aumentaron un 28 % en comparación con el mismo período de 2020. Cuando la “prima asiática” se vio reducida, Estados Unidos redirigió su GNL a Europa.
  • Como consecuencia de esta combinación de factores, los precios del gas en Europa se han multiplicado por diez en el último año.

Alexander Novak termina señalando que, a pesar de las declaraciones de los líderes de los principales países del mundo, anunciando el abandono de las fuentes de energía fósiles, los precios del gas y el carbón siguen siendo altos, o muy altos, lo que significa que la demanda supera significativamente la oferta. Este hecho revela que los líderes de la Unión Europea se llenan la boca de sostenibilidad, mientras los países europeos que cuentan con minas de carbón se aprestan a reabrirlas.

La Agencia Internacional de la Energía pinta un futuro de escasez de gas para Europa. Calcula que la demanda caiga unos 10.000 millones de metros cúbicos (10 bcm) entre 2020 y 2030. Pero la producción doméstica caerá a un ritmo más rápido en el mismo periodo, hasta 15 bcm menos, por lo que en 2030 supondrá un 30% menos que en 2020. Ese hueco tendrá que ser llenado por más importaciones de gas, bien vía gasoductos o tanqueros de GNL. Durante el mismo periodo, las importaciones de gas de los países emergentes y en desarrollo en Asia aumentarán hasta 250 bcm, lo que supondrá un incremento de la competición por los recursos, en el caso de que tengan lugar nuevos ciclos de escasez de suministro.

Ante este panorama, los cerebros que se reúnen en Bruselas debaten si ponerle un tope al precio del gas ruso, o al de todo el mundo. Eso sí, como medida temporal hasta que se inventen un nuevo índice, que sustituya al TTF. ¿Por qué motivo iban a aceptar los países exportadores de gas que el precio lo fijaran los compradores, en lugar de los productores? ¿El bloque occidental no era el del “free market”? Ahora, la Unión Europea se apresta a intervenir los mercados. En Estados Unidos, influyentes miembros del Partido Demócrata piden a Biden la nacionalización del sector del petróleo y el gas, y mientras tanto, la ciudadanía es la que paga sus errores, literalmente, con su cartera.