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Guerras culturales: la trampa para ocultar lo esencial

Los domadores de leones usan una silla, en lugar de un bastón, para mantener alejado al animal por un motivo: la silla tiene cuatro patas, y cada una de ellas es percibida como una posible amenaza por el felino. El león duda de cuál de los cuatro bastones es el que podría terminar golpeándole, lo cual, unido al entorno en el que se encuentra confinado, contribuye a desorientar al animal y coloca al domador en una posición de ventaja relativa. De un modo similar, quienes pastorean al rebaño humano no usan un solo bastón, sino múltiples, con el fin de desorientarnos y tenernos entretenidos, para ocultar lo verdaderamente esencial.  

Las guerras culturales son las patas de la silla del domador, que personifica el sistema capitalista. Una silla que no tiene cuatro patas, sino muchas, que contribuyen a polarizar a la población, a dividirla, lo que quiere decir debilitarla. Mientras la ciudadanía se dedica a auto ubicarse en uno de los frentes en los que las guerras culturales la fragmentan, se olvida de lo fundamental: que existe un sistema de dominación, en permanente proceso de perfeccionamiento, con el objetivo de extraer riqueza de las capas amplias de la población, desposeídas de los medios de producción, para transferirla a las élites que controlan el sistema financiero, las corporaciones y los medios de comunicación que, a su vez, construyen la narrativa que conviene a sus intereses, camuflándolos.

Las guerras culturales juegan un papel esencial en la construcción del trampantojo de la “democracia”. Una palabra mil veces esgrimida para hacer pasar por lo que no es al régimen que realmente sufrimos: el expolio de la corporatocracia oligárquica, disfrazada con capas de vistosos ropajes de valores, que supuestamente caracterizan lo que viene a denominarse “el mundo libre”, según la cantinela mil veces repetida por el inquilino de turno de la Casa Blanca.

Las guerras culturales ocultan las diversas facetas del sistema capitalista, y su evolución desde el extractivismo, pasando por el taylorismo y el fordismo, hasta llegar al proceloso mundo de las herramientas del capitalismo puramente especulativo, las que mueven los brokers en los mercados financieros, convenientemente desregulados: ventas a corto, futuros, derivados, credit default swaps y otros arcanos.

El historiador de las ideas Thomas Frank cuenta en su libro “¿Qué pasa con Kansas?” cómo el Partido Republicano utilizó las guerras culturales para convertir a los habitantes de un estado tradicionalmente demócrata, incluso izquierdista, con un fuerte arraigo de los sindicatos, en votantes en masa del partido conservador. Thomas Frank habla del “borrado sistemático de lo económico” en el marco del debate político construido por los republicanos tras el cambio de paradigma que la globalización provoca en el ámbito laboral. La desindustrialización, la automatización y la deslocalización, que transformaron áreas anteriormente prósperas en lo que ahora es el Rust Belt, y acabaron con el fin del trabajo de por vida en una empresa, trajeron consigo un malestar en la clase trabajadora al que los republicanos supieron dar salida con la construcción de una narrativa que culpaba a los “liberales” de la debacle. La rabia y la indignación por la pérdida de la prosperidad fue aprovechada por los conservadores para transformar lo que era un reavivado conflicto de clase, en el que la clase trabajadora pagó las consecuencias de un cambio del modelo económico, en un conflicto cultural.

O más bien, en múltiples conflictos: los republicanos echaron la culpa de la decadencia industrial y de la pérdida de prosperidad del proletariado a las élites liberales (demócratas o izquierdistas, en el lenguaje estadounidense), instaladas en las costas este y oeste, en contraposición a la gente llana del interior. Los republicanos contraponen los valores tradicionales americanos con los gustos sofisticados de los liberales, a quienes atribuyen conducir coches extranjeros y beber café latte como graves pecados. Los liberales quieren destruir los valores familiares tradicionales, están a favor del aborto, nos quieren quitar las armas, y freírnos a impuestos con los que alimentar su “big government”.

Hay que reconocer a los innumerables think tanks que financian los republicanos su maestría a la hora de construir una narrativa que poco tiene que ver con la realidad. Poco importa que los populistas de derechas sean multimillonarios, como Donald Trump, (o como Silvio Berlusconi en Italia, y Andrej Babis en la República Checa), o que en realidad sea el neoliberalismo el que destruya los valores tradicionales. Una ideología, por cierto, abrazada con igual vehemencia por las dos facciones del partido único que rige en Estados Unidos, en lo que toca a lo esencial: el modelo económico. Pero han sido los republicanos quienes supieron canalizar la frustración de la clase trabajadora. Thomas Frank expresa de manera gráfica este éxito en su libro “Pity the billionaire” (Compadécete del multimillonario): el Tea Party ha conseguido que los desposeídos se agolpen junto a los muros que rodean las mansiones de los multimillonarios, para exigir que les bajen los impuestos…¡a los ricos!

Thomas Frank cojea claramente del lado demócrata, conviene advertirlo. De algún modo, considera que el Partido Demócrata sigue representando a la izquierda en Estados Unidos. En mi opinión, lo único que separa al Partido Demócrata del Republicano son sus distintas posiciones en el terreno donde se disputan las guerras culturales: el campo de los valores posmaterialistas. Sin embargo, ambos partidos coinciden en lo fundamental: el modelo económico y el belicismo a escala planetaria, ambos profundamente imbricados.

Ronald Inglehart, en su libro publicado en 1977 The Silent Revolution”, fue quien alertó sobre la brecha generacional entre quienes se preocupaban por lo material y quienes, una vez aseguradas las necesidades básicas, comenzaron a preocuparse por los valores posmaterialistas. El eje izquierda – derecha dejó de configurarse en torno al modelo económico y el papel del Estado como redistribuidor de la renta, para pasar a realinearse alrededor de las guerras culturales, con un fuerte componente identitario, desvinculado de la clase social.

Como resulta obvio, hablamos del hemisferio occidental. En el resto del planeta – levantemos el ombligo, que también existe – existen millones de personas cuya máxima preocupación se centra en llevarse algo al estómago cada día. En esta ilustración podemos ver la distancia que existe entre la Europa protestante y África y el mundo islámico a la hora de primar los valores ligados a la supervivencia y los relacionados con la auto expresión, o posmaterialistas, en torno a los que se construyen las guerras culturales.

Fuente: The New York Times.

La izquierda en general, no sólo en Estados Unidos, comenzó su decadencia cuando aceptó disputar la partida en el terreno de juego delimitado por la derecha. La caída de la Unión Soviética supuso un zarpazo del que la izquierda todavía no ha conseguido recuperarse. Porque una cosa es que unos determinados intentos de implantación de la ideología comunista terminaran fracasando en su aplicación práctica, por una plétora de motivos que se escapan del objeto de este artículo, y otra bien distinta es que ese revés signifique que, necesariamente, hayamos de adoptar el modelo neoliberal como el único posible.

El hundimiento de la socialdemocracia responde a su incapacidad para construir un marco alternativo al neoliberalismo, por falta de ideas, de voluntad política para hacerlo, o de capacidad de maniobra real para salirse del marco que fijan los que nunca se presentan a las elecciones, porque no tienen necesidad de hacerlo: los poderes económicos que realmente gobiernan. Margaret Thatcher, junto a Ronald Reagan una de las principales ideólogas del ultraliberalismo, declaraba, en relación con la drástica bajada de impuestos a los ricos que ambos impulsaron, que «Mi mayor logro es que hemos obligado a nuestros oponentes a cambiar de opinión». En 2003, arrojando la toalla ideológica, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmaba que “Bajar impuestos es de izquierdas”.

En el sur global, en los estados donde la izquierda ha podido alcanzar la hegemonía, sus intentos de construir modelos alternativos al neoliberalismo se enfrentan a sanciones, a bloqueos económicos, al lawfare, a los golpes de estado avalados o promovidos por occidente o, directamente, a las invasiones militares por parte del brazo armado de las grandes corporaciones y las élites globales: Estados Unidos y su herramienta, la OTAN.

Ante su incapacidad para llevar a la práctica un modelo económico alternativo en los países donde ha tenido mayoría parlamentaria suficiente para poder hacerlo, la izquierda más o menos hegemónica se ha limitado a pelear en las guerras culturales. Muchas son las canchas en las que se dirimen estos conflictos: el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, los derechos del colectivo LGTBI, de las personas transgénero, el multiculturalismo, el uso del velo islámico, el feminismo, la regulación de la prostitución, el uso recreacional de las drogas, la pena de muerte, la eutanasia, la ecología o, en Estados Unidos, el derecho a la tenencia de armas. Ninguna de estas guerras culturales cuestiona el sistema capitalista neoliberal. Su función no es sólo tener muy entretenido al personal, desviando la atención del modelo económico que está provocando un aumento espectacular de la desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo, sino polarizar a la población, dividirla, debilitarla, evitando que se agrupe frente a su auténtico enemigo: el que la empobrece.

Una población polarizada, dividida, es mucho más fácil de pastorear. Las guerras culturales tienen un fuerte componente ideológico, identitario, se agarran más a la víscera que al cerebro, alientan el sectarismo. Los defensores de cada una de las posiciones respecto a un tema tienden al fanatismo. Las soluciones de compromiso se antojan inalcanzables, se fomenta la visión del mundo en blanco y negro. Entramos en el terreno del odio al que opina distinto y ya sabemos que el odio consume mucha energía: queda poco tiempo para ocuparse de lo demás.

Y lo demás es precisamente lo más importante, lo que la cortina de humo de las guerras culturales quiere ocultar: un modelo económico basado en la desregulación del mercado financiero, en la bajada constante de impuestos a los más ricos y a las empresas, en detrimento de la clase trabajadora. Una transferencia constante de riqueza púbica a manos privadas. La privatización de los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, mediante fórmulas más o menos alambicadas. El enriquecimiento fulgurante de quienes ya son los más ricos. El ocultamiento de su riqueza en paraísos fiscales. El porcentaje cada vez menor de la riqueza en forma de salarios en comparación con la riqueza privada. En definitiva, el empobrecimiento paulatino pero inmisericorde de cada vez más amplias capas de población, en favor de los inmensamente adinerados.

Estos son sólo algunos datos que respaldan las afirmaciones anteriores:

En el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Modernización de Futuros, que prohibió la regulación de derivados financieros. Esta desregulación permitió que los bancos vendieran los préstamos hipotecarios a otros bancos de inversión que, a su vez, las unían a otro tipo de préstamos, sobre los que creaban los bonos CDO (Colateral Debt Obligation). Los CDO que incluían estas hipotecas “paquetizadas” eran calificados por las agencias de rating con la triple A, lo que incrementaba los beneficios de la operación. Esta sofisticada estafa piramidal, bajo el eufemismo de “hipotecas subprime”, es la que terminó explotando y causando la crisis financiera de 2008. Una crisis cuyo coste corrió a cargo de los impuestos de la ciudadanía, que sirvieron para “rescatar” al sector financiero, que en algunos países la banca ha devuelto. No así en España, donde el importe del rescate asciende a más de 100.000 millones de euros, y la ciudadanía sigue esperando su devolución.

Fuente: El Economista.

Los impuestos a los ricos han bajado en Estados Unidos más de 50 puntos porcentuales. Quienes ingresaban más de 400.000 dólares anuales en 1963, el 1% de la población, pagaban un 91% de impuestos. Ahora pagan menos del 40%. Sólo durante los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher los impuestos a los más adinerados bajaron 40 puntos porcentuales.

Fuente: World Inequality Lab, citado en https://www.bbc.com/mundo/noticias-55650204

La teoría del goteo propugna que bajar los impuestos a los ricos provoca un beneficio para el resto de la sociedad, porque ese dinero que antes destinaban a pagar impuestos supuestamente iría a parar a la inversión, lo que impulsaría la economía y crearía puestos de trabajo. Esta teoría se ha demostrado como falsa. Según un estudio de dos economistas de la London School of Economics, los efectos de la bajada de impuestos a los ricos fueron cercanos a cero: los países que bajaron los impuestos a los que más dinero tenían ni habían conseguido un mayor crecimiento económico ni habían creado más puestos de trabajo.

Pero no sólo eso. La bajada de impuestos se ha traducido en un incremento de la desigualdad. Según un estudio de Intermon Oxfam, el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restante. El incremento de la desigualdad se debe a múltiples causas, pero los efectos que provocan los sistemas fiscales regresivos son devastadores: la desigualdad mata 21.000 personas al día, según otro estudio de la misma ONG.

Como vemos en el siguiente gráfico, los impuestos a los salarios son superiores en siete puntos porcentuales a los que gravan los beneficios empresariales, y los que gravan al capital sólo son dos puntos superiores a los que aportan los salarios. Estamos hablando de cifras globales, ya que las diferencias entre los sistemas fiscales de los países con altos ingresos y con ingresos medio-bajos son notables, que se pueden apreciar pinchando aquí.

Fuente: https://globaltaxation.world/

La transferencia de riqueza pública a manos privadas sigue aumentando a un ritmo descomunal, lo que significa que los gobiernos son cada vez más pobres, mientras el sector privado cada vez es más rico. Esta tendencia supone una renuncia de los dirigentes políticos a encomendar al estado, que supuestamente controlan, el papel de redistribuidor de los ingresos como mecanismo para reducir la desigualdad.

Fuente: World Inequality Report.

Como vemos en el siguiente gráfico, el desplome de la riqueza pública incluso alcanza cotas negativas en los países considerados como más avanzados, como el Reino Unido, Japón, Francia y Estados Unidos. Las tasas negativas significan que los actores privados controlan el total de la economía a través de los activos que poseen. Dicho de otro modo, si uno de estos países tuviera que vender todos sus activos para pagar su deuda, toda la riqueza existente en el país – financiera y no financiera, como carreteras o colegios – acabaría en manos privadas.

Fuente: World Inequality Report.

El poder adquisitivo de los sueldos tampoco levanta cabeza. En España, los salarios sólo han subido un 1,8% en términos reales desde el año 2000 hasta 2019. En lo que se refiere a la paridad de poder de compra, estamos a años luz de Francia, con quien estábamos igualados al cambiar de siglo, y mejor no hablemos de la distancia que nos separa de Alemania. Como vemos, la Unión Europea sirve para cualquier cosa excepto para reducir las desigualdades económicas en su seno.

Fuente: OCDE, recogido en Nius Diario

En Estados Unidos, la cantidad que se paga por hora de trabajo apenas ha aumentado dos dólares reales desde 1964, y es de hecho inferior a la que se pagaba antes de la crisis del petróleo de los años 70. La clase trabajadora en el país autoproclamado como faro del mundo libre está cada vez peor.

Fuente: Pew Research Center.  

A pesar de que los sistemas fiscales benefician a los ricos y gravan menos los beneficios empresariales que los salarios, a los ricos todo les parece poco. O demasiado, si de lo que hablamos es de pagar impuestos. Según el estudio de Intermon Oxfam citado anteriormente, “la riqueza individual que se encuentra oculta en paraísos fiscales asciende ya a 7,6 billones de dólares, una suma mayor que el PIB del Reino Unido y Alemania juntos”.  Otros estudios, citados por el Fondo Monetario Internacional, sitúan esa cifra entre 8,7 y 36 billones de dólares. El FMI se inclina más por esta última cifra, y advierte que los paraísos fiscales les cuestan colectivamente a los gobiernos entre 500.000 y 600.000 millones de dólares, cada año, en impuestos perdidos de los beneficios empresariales. A esta merma habría que añadir otros 200.000 millones de dólares anuales que los ricos escaquean individualmente en impuestos no pagados, cada año, al depositar su dinero en estos agujeros negros, siempre según el FMI.

Todos estos temas, que deberían ocupar un lugar central en el debate político, son arrinconados a los márgenes del cuadrilátero. Los púgiles no se pelean sobre el modelo económico. Sobre este asunto surge un extraño consenso, como si las estructuras económicas y financieras fueran consecuencia de fenómenos naturales, como los devenires meteorológicos. Sin embargo, dichas estructuras surgen de la voluntad política de construirlas de determinada manera, y no de otra. Y es precisamente este hecho el que las pertinaces guerras culturales contribuyen a enmascarar. ¡Que no te distraigan!

La democracia sin libertad de expresión no es democracia

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de anunciar la creación de una Junta de Gobierno de la Desinformación. Aunque todavía no están claras cuáles serán sus atribuciones reales, Alejandro Mayorkas, el Secretario del Departamento, declaró que los objetivos de la Junta serían combatir las desinformaciones provenientes de los traficantes de personas, y de Rusia en materia cibernética y electoral. Al frente de la Junta de resonancias orwellianas, que ya ha sido calificada por el Partido Republicano como el “Ministerio de la Verdad”, Joe Biden ha colocado a Nina Jankowicz. Firme partidaria del Partido Demócrata – apoyó a Hillary Clinton y a Biden en sus campañas electorales – Jankowicz declaró que “Una de las razones clave por las que se estableció la Junta es para mantener el compromiso [del DSN] de proteger la libertad de expresión, la privacidad, los derechos y las libertades civiles”.  

El nombramiento de Nina Jankowicz ha despertado controversia tras difundirse un vídeo en el que Jankowicz se presenta como la “Mary Poppins de la desinformación”, lo que no debe distraernos de que lo fundamental no es el perfil de la persona a cargo de la Junta, sino la existencia misma de tal órgano.

La Unión Europea, por su parte, acaba de alcanzar un acuerdo político en torno a una Ley de Servicios Digitales. La iniciativa contempla varios objetivos, entre los que se incluyen evitar la propagación de contenidos ilegales en Internet, así como la difusión de desinformación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se felicitaba por un acuerdo “histórico” para que «el entorno on-line siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales».

Como vemos, tanto los Estados Unidos como sus fieles aliados a este lado del Atlántico se llenan la boca de “libertad de expresión” a la hora de crear organismos de vigilancia ad hoc o acometer cambios legislativos para combatir la “desinformación”. La pregunta brota por sí sola: ¿Quién decide lo que es “desinformación”? Si los poderes públicos se atribuyen tal prerrogativa, no cabe duda de que la libertad de expresión corre serio peligro, porque quienes ocupan los cargos son personas que tienen sus propias agendas políticas, en el mejor de los casos. En el peor, trabajan para implementar los objetivos de las corporaciones que financian sus campañas o para satisfacer las presiones de los lobbies de determinadas industrias. Aun en el caso de que aceptemos que existe desinformación ¿cuáles son los motivos por los que no puede publicarse? Poner límites a la libertad de expresión, con las contadísimas excepciones relativas a la apología explícita de la tortura y el asesinato, supone un oxímoron que cercena de raíz una de las bases de la democracia.

Se nos está presentando la actual guerra en Ucrania como un pulso entre los valores encarnados por las democracias occidentales frente al autoritarismo representado por Vladimir Putin. Ese relato se cae cuando el bloque occidental enarbola la censura precisamente para salvaguardar la democracia, con el argumento de que hay que frenar la desinformación y la propaganda. Como si los medios occidentales estuvieran libres de ambas. Censura, y no otra cosa, es prohibir que medios de comunicación rusos emitan sus informaciones en español, francés, inglés o alemán en los países occidentales, como ha ocurrido con RT o Sputnik. Plataformas digitales como YouTube también están bloqueando la emisión de contenidos en ruso por parte de los medios de dicho país. ¿Por qué los poderes públicos occidentales no dejan a la ciudadanía que escuche los mensajes de todas las partes en conflicto y que se forme su propia opinión? ¿Tienen miedo de que oigamos algo que no encaje con el relato, monolítico y maniqueo, que nos presentan los medios de comunicación occidentales? ¿Acaso tienen miedo de que pensemos y lleguemos a conclusiones “erróneas”?

Aunque la censura de los medios de comunicación rusos es inexcusable, incluso en una dinámica de guerra, los ataques a la libertad de expresión se perpetran no sólo contra el enemigo señalado por el bloque occidental, sino contra cualquiera que se atreva a cuestionar la narrativa diseñada en el Departamento de Estado, quien distribuye regularmente argumentarios entre los periodistas acreditados en Washington. Stephen F. Cohen, fallecido hace dos años, era catedrático emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton. Su especialidad era la historia contemporánea de Rusia y sus relaciones con los Estados Unidos. Había vivido intermitente en Rusia durante largos periodos, tanto en la época soviética como después. Autor de numerosos libros y artículos, durante años apareció como comentarista en televisión y prensa, hasta que dejó de ser bienvenido donde antes lo era, según explica en la introducción a su libro War with Russia? From Putin and Ukraine to Trump and Russiagate. La condena al ostracismo fue provocada por sus opiniones: Cohen pensaba que eran las políticas de Washington las que estaban alimentando una nueva guerra fría tras la desintegración de la URSS, más que las promovidas desde Moscú. 

Cohen criticaba la falta de debate que asola Estados Unidos en lo que atañe al tipo de relación que debe mantener con Rusia. El académico denunciaba que la falta de contraposición de ideas sobre este asunto supone una lacra: impide la valoración de las políticas implementadas y de su efectividad a la hora de procurar un incremento de la seguridad de Estados Unidos, de Rusia y, por ende, del mundo. La ausencia de debate también supone un indicativo de la falta de libertad de expresión existente en Estados Unidos, ya que quienes se oponen a la demonización simplista de Putin y pretenden analizar las causas de su comportamiento, son inmediatamente tachados de marionetas del Kremlin, o de agentes encubiertos a su servicio, en una suerte de nuevo macartismo, que equipara la explicación con la justificación.

Stephen F. Cohen era un firme partidario de la distensión con Rusia y, al igual que otros expertos estadounidenses, venía advirtiendo de que la expansión de la OTAN hacia el Este y la posibilidad del ingreso de Ucrania en la alianza suponían un riesgo cierto de un conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia. Para Cohen, los ataques a Donald Trump comenzaron cuando el establishment se percató de la intención del ya expresidente de intentar mejorar las relaciones con Rusia. Todo el montaje denominado Russiagate, por el que Trump fue acusado de ser un agente del Kremlin, colocado por Putin en la Casa Blanca a través de unas supuestas interferencias rusas en la campaña electoral de 2016, sería un intento de desestabilizar al presidente de Estados Unidos que pretendía revertir las políticas iniciadas por Barack Obama, impulsor de las sanciones a Rusia desde 2014, para intentar una distensión.

Independientemente de la opinión que tengamos sobre los argumentos de Cohen, tendremos que coincidir en que la ausencia de debate sobre un tema tan capital supone un síntoma de falta de salud democrática en un Estado que se erige como paladín de los valores democráticos. Lamentablemente, la Unión Europea está siguiendo los mismos pasos. Cuando leemos en los días previos al acuerdo para la nueva Ley de Servicios Digitales, que la UE estaba preparando un proyecto “para detectar y corregir narrativas contrarias a los intereses europeos”, se nos encienden todas las alarmas.

Cuando el director de medios del Parlamento Europeo, Jesús Carmona, afirma que “China y Rusia venden que son países donde no se vive tan mal, pero nosotros no contemplamos que no se respete el Estado de derecho o que se justifiquen las torturas”, tenemos que preguntarnos qué dijo el Parlamento Europeo cuando Amnistía Internacional publicó un informe en el que detallaba cómo cuerpos policiales de países europeos habían detenido a distintas personas, para luego entregarlas a Estados Unidos, que a su vez las trasladaría a centros de detención en Afganistán y Guantánamo, donde todas ellas denunciaron haber sido torturadas. Dichas entregas se habrían producido en secreto y sin que mediara ningún proceso judicial.

El concepto de libertad de expresión que se está empezando a manejar en las democracias occidentales tiene poco que ver con la tolerancia de opiniones distintas a las que imponen las élites, a través de sus medios de comunicación y de sus tentáculos en las redes sociales. Ahora nos encontramos con una nueva figura para acallar a quienes manifiestan opiniones que no coinciden con las posiciones políticamente correctas en Occidente: la cultura de la cancelación. Anteponerle la palabra “cultura” a lo que no es sino otra forma de ejercer la censura supone otra manifestación del lenguaje orwelliano, tan en boga actualmente, como cuando la Unión Europea denomina Fondo para el Apoyo a la Paz a las partidas presupuestarias para suministrar armas con las que alimentar la guerra en Ucrania.

Por poner un ejemplo de lo que dejaremos en “cancelación” a secas, hablemos de lo ocurrido con J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Cuando Rowling criticó en un tuit que una publicación hablara de “personas que menstrúan” en lugar de mujeres, fue inmediatamente acusada de transfobia y “cancelada”: ni siquiera fue invitada por HBO a una reunión especial por el 20 aniversario de Harry Potter. Rowling denunció que había recibido suficientes amenazas de muerte como para empapelar su casa.

Existen ciertos temas sobre los que no se puede discutir, ni cuestionar la narrativa que las élites consideran correcta. Este ecosistema que excluye el debate, limita la libertad de expresión y promueve la “cancelación” de quienes tienen opiniones distintas a las delimitadas por los medios de comunicación masivos, o mainstream, no tiene nada de democrático.

La compra por parte de Elon Musk de Twitter ha levantado otra polvareda. Tras haberse declarado un “absolutista de la libertad de expresión”, los medios de comunicación han comenzado a citar declaraciones de “expertos” que advierten que la “cruzada” del multimillonario sudafricano para relajar la “moderación de contenidos” podría “inflamar el problema de odio y desinformación” que aqueja a la red social. Unos “expertos” que abogan por imponer límites a la libertad de expresión en la red, so pena de todo tipo de consecuencias negativas para la sociedad.

Los periodistas que no sólo cuestionan la narrativa oficial, sino que sacan a la luz hechos que contradicen los discursos que escuchamos a diario, también son víctimas de la falta de libertad de expresión que denuncia Stephen F. Cohen. La persecución que lleva años sufriendo Julian Assange, no sólo no está suscitando la indignación del gremio, sino que está pasando de puntillas sobre su caso. Assange es el paradigma de que cuando la libertad de expresión implica la denuncia de crímenes cometidos, presuntamente, por Estados Unidos, tal libertad acaba entre rejas. Además de exponer que las leyes estadounidenses tienen alcance extraterritorial: ningún país europeo había demandado a Assange por su trabajo en Wikileaks, a pesar de lo cual fue detenido en Europa y aprobada su extradición a Estados Unidos. Debemos recordar que este país no sólo no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya para sus nacionales, sino que promulgó una serie de sanciones contra la fiscal de la CPI por iniciar investigaciones sobre la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes en Afganistán y Palestina, tal y como denunció Human Rights Watch.

Assange no es el único caso de periodista de investigación que ha sufrido represalias por hacer su trabajo en Occidente, donde supuestamente disfrutamos de democracia y libertad de expresión:

  • Gary Webb era un periodista de investigación del San José Mercury News que descubrió, en 1996, que la CIA usaba parte de los beneficios del tráfico de crack y cocaína en Estados Unidos para financiar a la contra nicaragüense, que luchaba contra el gobierno sandinista. Publicó un libro, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, en el que recopilaba y ampliaba su serie de reportajes sobre el tema. Gary Webb apareció muerto en su apartamento con dos disparos en la cabeza. La investigación policial sobre su muerte concluyó que se había suicidado. La película “Matar al mensajero” cuenta su historia.
  • Philipp Marshall fue uno de los pilotos involucrados en el tráfico de cocaína destapado por Gary Webb. Autor de un libro sobre la presunta involucración de la administración de George H. Bush en los atentados del 11 de septiembre, apareció muerto junto a sus hijos, de 14 y 17 años, y su perro, cuando preparaba una nueva obra sobre el tema. La versión oficial es que primero mató a sus hijos y a su mascota y luego se suicidó.
  • Michael Hastings escribió un perfil en la revista Rolling Stone sobre Stanley McChrystal, comandante de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en la guerra de Afganistán, donde documentó el desprecio del general y su personal por funcionarios civiles del gobierno de Estados Unidos y dio lugar a la renuncia de McChrystal. Trabajaba en un reportaje sobre la CIA cuando falleció en un accidente de automóvil: su Mercedes supuestamente estalló antes de estrellarse. Horas antes de su muerte había contactado con la abogada de Wikileaks, porque pensaba que el FBI le estaba siguiendo.
  • Pablo González es un periodista español que lleva dos meses detenido en Polonia, acusado de ser un espía ruso sin que, hasta el momento, el gobierno polaco haya presentado prueba alguna de sus acusaciones. Desde su detención, se le ha negado comunicarse con el abogado que había designado para su defensa, el español Gonzalo Boye, que denunció que Pablo había sido sometido a interrogatorios sin la presencia de un abogado. Finalmente, se le ha obligado a ser defendido por un letrado polaco. Lleva dos meses prácticamente incomunicado y sólo ha recibido dos visitas por parte del cónsul español en Polonia.

En la coyuntura actual, parece difícil que se repitiera un caso como el Watergate, en el que dos periodistas recibieron el apoyo del periódico en el que trabajaban para investigar y destapar un escándalo que le costó el puesto a un presidente de Estados Unidos.  Hoy en día, los periodistas de investigación, incluso los cómicos que se salen del relato oficial, están viendo cómo sus programas son borrados de YouTube y no pueden usar PayPal para pagar, además de ver cómo esta empresa se plantea retener el saldo que tuvieran en su cuenta.

En tiempos de la Unión Soviética, las emisiones en ruso de Radio Liberty (Radio Svoboda) eran interferidas por las autoridades soviéticas para evitar que su población recibiera los mensajes provenientes del bloque occidental, a los cuales tildaban de «propaganda capitalista». En el siglo XXI, el bloque occidental bloquea los medios de comunicación rusos para evitar que la ciudadanía tenga acceso a lo que califica de “propaganda rusa”. ¿Alguien nos puede explicar dónde radica la superioridad moral de las democracias occidentales respecto al autoritarismo soviético?