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Democracia, libertad de expresión, valores occidentales y otras leyendas urbanas

1 de diciembre de 2022

A la gallina le dejan elegir la salsa en que la van a cocinar, pero seguro que acaba en la cazuela. De esta forma describía Eduardo Galeano las democracias occidentales en uno de sus libros. La gallina es, obviamente, la metáfora de la ciudadanía. Nos están tratando de convencer de que por introducir un papel en una urna cada cierto tiempo, dejándonos escoger entre distintos tipos de salsa, vamos a escapar de la cazuela, y nada más lejos de la realidad. Con el advenimiento de las redes sociales, se ha agudizado la faceta guiñolesca de la política: personajillos mediocres que simulan atizarse con una garrota con el fin de ganar adeptos para la causa… de quienes manejan sus hilos.  Las escaramuzas se organizan siempre en torno a temas accesorios, porque nadie está dispuesto a tratar lo que al titiritero no le interesa: el modelo económico, la distribución de la riqueza. Hay vacas sagradas que quedan fuera de la gresca. A este trampantojo lo llaman democracia y cualquier reminiscencia de su etimología – gobierno del pueblo – hace tiempo que se perdió.

Es cierto que, formalmente, hemos progresado desde los tres estamentos del feudalismo – nobleza, clero y campesinado – pero lo hemos hecho porque la sociedad es más compleja y porque en 1789 se cortaron algunas cabezas. Nos guste o no, “La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”, como dejó escrito Carlos Marx. Por lo que tenemos que preguntarnos quién está ejerciendo esa violencia, con mecanismos más sutiles, que en muchas ocasiones no precisan el derramamiento de sangre, para conseguir sus objetivos de manera más artera que en la sociedad feudal. Porque los objetivos de quienes detentan el poder económico siguen siendo los mismos que antes de que María Antonieta subiera al cadalso.

Para pasar de los estamentos a los parlamentos se derramó mucha sangre, pero los campesinos se transformaron en asalariados a los que extraer la plusvalía de otro modo. De los reyes absolutistas pasamos al sufragio universal, pero es nuestro deber preguntarnos si el derecho al voto en unas elecciones, con un sistema de partidos muy reglado y listas cerradas, significa realmente que el pueblo decida su destino. O si lo siguen decidiendo los de siempre: los que nunca se presentan a las elecciones, porque no les hace falta. Cuenta Naomi Klein en “La doctrina del shock” que, tras asumir Nelson Mandela el cargo, “en las dependencias presidenciales se solía comentar, a modo de broma: “¡Eh, tenemos el Estado! ¿Dónde está el poder?”. El capítulo que la periodista canadiense dedica a cómo se gestionó la transición en Sudáfrica, tras la victoria del ANC, el partido de Mandela, es paradigmático a la hora de exponer cómo ganar unas elecciones no significa, ni mucho menos, alcanzar el poder.

En las democracias, tener el gobierno no significa tener el poder. Existen escasísimas excepciones, que son sometidas a todo tipo de presiones para hacerlas descarrilar, precisamente por parte de ese Occidente que presume de valores democráticos: de entrada, se les niega su carácter democrático. Las elecciones sólo son “libres” cuando ganan los candidatos prooccidentales; si no, es que ha habido pucherazo. Tampoco se respeta el derecho de cada pueblo a organizarse como les parezca conveniente. Todos deben de ajustarse a la receta occidental, como si eso fuera garantía de que gobernara el pueblo. Posteriormente, a los díscolos se les aplican sanciones económicas, embargos, confiscación de activos, de las reservas de oro, etc. Se busca quebrar su economía para que vuelvan al paradigma ortodoxo: el capitalismo, dentro de los esquemas occidentales. Fuera de estos casos, en que los gobernantes se afanan en construir un modelo económico que priorice las necesidades del pueblo, tener el gobierno significa trabajar para el poder, que no es lo mismo que tenerlo.

Parte de esa tarea consiste en enmarcar los hechos con una determinada narrativa, como está ocurriendo con la invasión de Ucrania, donde se ha desatado otra guerra paralela: la del relato. Una contienda al menos tan importante como la del campo de batalla, puesto que la construcción del marco adecuado es fundamental a la hora de conquistar las mentes de la ciudadanía, tal y como reconocía recientemente Josep Borrell.

El relato con el que nos están bombardeando los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación es de brocha gorda: en Ucrania asistimos a una contienda entre la democracia y las autocracias rusa y china, personificadas por Vladimir Putin y Xi Jinping. Una batalla en la que nos jugamos la libertad colectiva de Occidente, frente a las amenazas autoritarias provenientes de Eurasia y el riesgo de que la invasión rusa vaya más allá de Ucrania. Es por ello que debemos asumir la pérdida de prosperidad que este enfrentamiento nos va a provocar – el ajuste será duro,  Borrell dixit – al renunciar a la energía barata, próxima y abundante procedente de Rusia, porque el objetivo merece la pena: seguir viviendo en democracia y libertad, como las que disfrutamos ahora en Occidente.

El 10 de octubre, el jefe de la diplomacia europea regañaba a los embajadores que la Unión Europea tiene destacados por el mundo porque, a su juicio, no hacían los esfuerzos suficientes para transmitir el relato con el que Bruselas quiere justificar las políticas que está aplicando en relación con el conflicto en Ucrania: “La comunicación es nuestro campo de batalla. No peleamos con armas, gracias a Dios. Pero tenemos que luchar en comunicación (…) Esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente. Es una pelea. Además de conquistar espacios, hay que conquistar las mentes”.

Así pues, se nos trata de convencer de que las democracias occidentales y su sistema de partidos, con listas cerradas, que concurren a elecciones con programas electorales que sistemáticamente incumplen, son el sistema político en el que la ciudadanía manda. Nada más lejos de la realidad.

Como señalé en el artículo anterior, una decisión estratégica con las consecuencias que describe Borrell – pérdida de la prosperidad y reestructuración de la economía, con ajuste duro – debería haber sido objeto de debate público. Desconectarnos de los tubos que mantienen con vida a la economía europea – los gasoductos y oleoductos provenientes de Rusia – sin disponer de una alternativa para reemplazar en su totalidad ese suministro, constituye una temeridad que las élites están cometiendo sin consultar a la ciudadanía. Si se nos está advirtiendo de la posibilidad de apagones, racionamiento de la energía y de planes de emergencia para retirar efectivo de los cajeros, es que no hay alternativa a la energía proveniente de Rusia, por mucho que algunos se empeñen en convencernos de lo contrario, como Olaf Scholz.

Si vivimos en democracia ¿por qué no se consulta con la ciudadanía la toma de decisiones que nos afectan directamente, en asuntos tan fundamentales como mantener nuestros hogares calientes en invierno o disponer de energía eléctrica?  ¿Por qué no se nos ha consultado sobre la conveniencia de adoptar las sanciones contra Rusia, dictadas por Estados Unidos, que han provocado la crisis energética y un incremento desbocado de la inflación? ¿Por qué no se nos pregunta si estamos de acuerdo con desindustrializar Europa, en beneficio de Estados Unidos, al trasladarse las empresas europeas al otro lado del Atlántico debido a sus menores costes energéticos? Las consecuencias de las decisiones políticas tomadas al margen de la ciudadanía están repercutiendo no en las élites que las han tomado, que tienen el riñón bien cubierto, sino en la población, cuya opinión ha sido ignorada. ¿Qué tipo de democracia es ésta?

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha declarado que «la política fiscal (de los gobiernos nacionales) no debe contradecir al Banco Central Europeo». Como acertadamente señala Juan Torres López, “Aunque lo que viene ocurriendo sea que poderes no democráticos se impongan sobre parlamentos y gobiernos, decir que eso es lo que debe ocurrir y que los parlamentos solo pueden aprobar Presupuestos Generales que no contradigan lo que establezca el banco central, una autoridad no elegida por nadie, es una fractura material de la democracia”. Y que eso lo diga el vicepresidente de la Comisión Europea, delata cuál es el concepto de “democracia” con el que trabajan en Bruselas.

Los dirigentes de la Unión Europea no sólo no nos han consultado sobre el rumbo que han emprendido, sino que están obsesionados con acallar las opiniones en contra de sus decisiones, con suprimir las narrativas que cuestionan su relato de brocha gorda o los mensajes que contradicen sus políticas. Los medios de comunicación rusos fueron los primeros en sufrir la censura, al suspender la Unión Europea las emisiones de RT en español y Sputnik news en su territorio. Una medida que ya critiqué en un artículo anterior. Bruselas no podía tolerar que la ciudadanía tuviera acceso a un punto de vista distinto sobre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Nos tratan como a niños a los que hay que proteger de la “desinformación”. Les aterra la posibilidad de que la ciudadanía acceda a informaciones distintas a las de los medios occidentales para formarse una opinión, porque el objetivo, como dice Borrell, es “conquistar las mentes”. Su concepto de “ciudadanos libres” es el de aquellos que sólo reciben información desde un emisor, y todos los demás se censuran o se demonizan, o son tildados de propaganda, “fake news” o desinformación. Y no hablamos únicamente de los medios de comunicación rusos. Nos referimos a las personas y medios que se salen del relato diseñado en la Casa Blanca – y repicado por la Unión Europea y sus respectivos altavoces mediáticos – que están sufriendo acoso y derribo en las redes sociales y difamaciones personales en los medios. 

En una nueva vuelta de tuerca a la maltrecha libertad de expresión, la Unión Europea ha aprobado, el 19 de octubre, el Reglamento de Servicios Digitales, donde la palabra “desinformación” aparece trece veces. Según leemos en la nota de prensa del Parlamento Europeo, “Las plataformas en línea muy grandes deberán cumplir con obligaciones más estrictas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, en proporción a los importantes riesgos sociales que plantean al difundir contenido ilegal y dañino, incluida la desinformación”.  Asimismo, la Ley prevé la aplicación de “Medidas especiales en tiempos de crisis: cuando ocurre una crisis, como una amenaza a la salud o la seguridad pública, la Comisión puede requerir a las plataformas muy grandes para que limiten cualquier amenaza urgente en sus plataformas. Estas acciones específicas se limitan a tres meses”.

Según Borja Adsuara, abogado experto en comunicación digital, en la práctica la Ley “da una base legal a las actuaciones que llevó a cabo la Comisión respecto de la desinformación durante la pandemia del Covid y la propaganda rusa en la invasión de Ucrania. En la práctica permite una censura indirecta por la Comisión y los Gobiernos más allá de esos 3 meses”, según leemos en su cuenta de Twitter.

Bruselas también se muestra muy preocupada por los delitos de incitación al odio y exige a las plataformas y a los buscadores en línea que evalúen lo que califica de “riesgo sistémico”. También califica de “riesgo” la difusión de contenidos con “efectos negativos reales o previsibles sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, así como la seguridad pública”.

¿Quién decide qué es un delito de incitación al odio y cuáles son los presuntos efectos negativos – reales o previsibles – de los contenidos en línea sobre los procesos democráticos? Es todo de una subjetividad que aterra. Pero la Unión Europea no se para ahí. En la presentación del Plan de Acción para la Democracia Europea podemos leer un texto digno de un publicista: “En una democracia saludable y próspera, los ciudadanos pueden expresar libremente sus puntos de vista, elegir a sus líderes políticos y opinar sobre su futuro. (…) Los medios de comunicación libres, el mundo académico y la sociedad civil deberían poder desempeñar su papel en la estimulación de un debate abierto, libre de interferencias malignas, ya sean extranjeras o nacionales”.

Si vivimos en una democracia saludable y próspera, ¿por qué no dejan opinar a la ciudadanía sobre nuestro futuro? ¿Por qué la Comisión Europea se arroga la potestad de decidir cuáles son las “interferencias malignas”? ¿Acaso nos consideran menores de edad que necesitan un tutor que nos muestre cuál es el bien y cuál es el mal? Si podemos expresar libremente nuestros puntos de vista, ¿por qué se suspenden las cuentas en redes sociales que sostienen puntos de vista discordantes con la versión oficial?

En junio de este año Věra Jourová, vicepresidenta para Valores y Transparencia, presentaba un código reforzado de prácticas sobre la desinformación con estas palabras: “Este nuevo Código contra la desinformación llega en un momento en que Rusia está utilizando la desinformación como arma como parte de su agresión militar contra Ucrania, pero también cuando vemos ataques a la democracia en general”.

El último episodio de desinformación, que casi desata la tercera guerra mundial, no provino de Rusia, sino de la agencia Associated Press. El 15 de noviembre, AP publicaba que Un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dice que misiles rusos cruzaron a Polonia, miembro de la OTAN, y mataron a dos personas”. Finalmente, la propia Casa Blanca descartaba la procedencia rusa y los misiles resultaron haber sido disparados por la defensa antiaérea de Ucrania. El periodista que escribió la nota fue despedido – hacía falta una cabeza de turco – pero lo relevante es que la información fue sometida a la opinión de dos editores, antes de ser publicada, y uno de ellos se mostró partidario de sacarla, como así fue, con el argumento de que “no podía imaginarse que un oficial de inteligencia de Estados Unidos pudiera equivocarse en un asunto así”. Este editor ha conservado su puesto de trabajo, a pesar de que parece dispuesto a publicar cualquier cosa que le filtre la CIA, sin contrastar la información. La pregunta obvia es: ¿por qué ese oficial de inteligencia estadounidense “plantó” esa falsedad en la agencia AP? ¿Pretendía involucrar directamente a la OTAN – indirectamente ya lo está – en la guerra de Ucrania, a través de su famoso artículo 5, que establece que si cualquier miembro es atacado, los demás actuarán en su defensa?

 

La respuesta nos conecta con los tan cacareados valores occidentales que sirven de coartada a Estados Unidos y sus vasallos para colocarse en un plano de superioridad moral sobre sus antagonistas euroasiáticos. Esos valores con los que se les llena la boca constantemente: democracia, libertad de expresión, derechos humanos, mercado libre, libertad individual. Unos valores que constantemente pisotean y a los que sin embargo se adhieren, para envolverse de legitimidad.

El ejemplo más actual de cómo los paladines de los valores occidentales se limitan a defenderlos en la arena mediática, que no en la realidad, nos lo proporciona el caso de Julian Assange. El 2 de noviembre, el Secretario de Estado Antony Blinken tuiteaba que “Ningún miembro de la prensa debe ser amenazado, acosado, atacado, arrestado o asesinado por hacer su trabajo. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, nos comprometemos a seguir protegiendo y promoviendo los derechos de una prensa libre y la seguridad de los periodistas”.

Esto lo tuitea un miembro del gobierno que está intentando extraditar a un periodista australiano desde el Reino Unido, donde lleva encarcelado tres años y medio, sometido a tortura psicológica según un experto de la ONU, a los que se suman los siete años que pasó tratando de evitar la extradición desde la embajada de Ecuador en Londres, una situación que fue calificada como detención arbitraria por un panel de Naciones Unidas. Julian Assange está atravesando este calvario por publicar los crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y el Reino Unido cometieron en Irak y Afganistán. Un “crimen” por el que se podría enfrentar a 175 años de cárcel en Estados Unidos.

Por si quedaba alguna duda de cómo promueve la Casa Blanca la defensa de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, esos valores occidentales que estamos defendiendo las democracias frente a Rusia en Ucrania, el 17 de noviembre el Departamento de Estado otorgaba la inmunidad al príncipe saudita Mohammed bin Salman, al mismo tiempo que condenaba el “odioso crimen” del periodista Jamal Khassoggi. La novia del periodista y un grupo de derechos humanos fundado por Khassoggi habían presentado una demanda contra el príncipe saudita. En su campaña electoral, Biden prometió que convertiría a Arabia Saudita en un Estado “paria” tras el asesinato del periodista del Washington Post. Tras tomar posesión, Biden leyó un informe de la CIA que atribuía a MBS la orden de asesinar a Khashoggi, que habría ejecutado el jefe de seguridad personal del ahora primer ministro de Arabia Saudita. Un cargo que asumió en septiembre, y que sería la causa del otorgamiento de la inmunidad.

La lista de ejemplos de cómo esos valores occidentales son de quita y pon darían para escribir no un artículo en un blog, sino libros enteros. Pero rematemos con la manera en que se caracteriza el gobierno de Zelenski en Ucrania. Según Úrsula von der Leyen, «En Ucrania la democracia se enfrenta a la autocracia». Sin embargo, desde el comienzo de la invasión rusa, en Ucrania se han ilegalizado doce partidos políticos, la mayoría de izquierdas, por decreto presidencial: el Bloque de Oposición – el principal partido de la oposición al gobernante Servidor del Pueblo –, el Partido Socialista de Ucrania, el Partido Comunista de Ucrania, Socialistas, Justicia y Desarrollo, Nashi, el Bloque de Volodímir Saldo, la Oposición de Izquierdas, el Partido de Sharí, la Unión de Fuerzas de Izquierdas, la Plataforma de Oposición-Por la vida, y el Partido Socialista Progresista de Ucrania. 

El 21 de marzo, un mes después del comienzo de la invasión, Zelenski firmó otro decreto presidencial por el que ordenó “combinar todos los canales de televisión nacionales, cuyo contenido de programación consiste principalmente en programas de información y/o de análisis de información, en una única plataforma de información de comunicación estratégica”. La plataforma lleva el nombre de “United News”.

El 8 de abril, tras reunirse en Kiev con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, le prometió acelerar el proceso para que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, porque “comparte los valores” de la UE. ¿Ilegalizar partidos políticos y acabar con la pluralidad informativa son los valores compartidos entre Ucrania y la Unión Europea?

La World Government Summit es un evento que se celebra anualmente en Dubai. Según su sitio web, el tema de este año era “Dando forma a los futuros gobiernos” y prometía reunir “a líderes de opinión de todo el mundo para dar forma a la próxima generación de gobiernos”. Uno de los paneles fue denominado “¿Estamos listos para un nuevo orden mundial?”. Unos meses después, en la reciente cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Asia – Pacífico), Emmanuel Macron se despachó con la siguiente advertencia: “Necesitamos un único orden global”. ¿Nos van a consultar las élites acerca de sus planes para este nuevo orden mundial o van a seguir decidiéndolo todo en nuestra democracia consolidada?

 

Guerras culturales: la trampa para ocultar lo esencial

1 de septiembre de 2022

Los domadores de leones usan una silla, en lugar de un bastón, para mantener alejado al animal por un motivo: la silla tiene cuatro patas, y cada una de ellas es percibida como una posible amenaza por el felino. El león duda de cuál de los cuatro bastones es el que podría terminar golpeándole, lo cual, unido al entorno en el que se encuentra confinado, contribuye a desorientar al animal y coloca al domador en una posición de ventaja relativa. De un modo similar, quienes pastorean al rebaño humano no usan un solo bastón, sino múltiples, con el fin de desorientarnos y tenernos entretenidos, para ocultar lo verdaderamente esencial.  

Las guerras culturales son las patas de la silla del domador, que personifica el sistema capitalista. Una silla que no tiene cuatro patas, sino muchas, que contribuyen a polarizar a la población, a dividirla, lo que quiere decir debilitarla. Mientras la ciudadanía se dedica a auto ubicarse en uno de los frentes en los que las guerras culturales la fragmentan, se olvida de lo fundamental: que existe un sistema de dominación, en permanente proceso de perfeccionamiento, con el objetivo de extraer riqueza de las capas amplias de la población, desposeídas de los medios de producción, para transferirla a las élites que controlan el sistema financiero, las corporaciones y los medios de comunicación que, a su vez, construyen la narrativa que conviene a sus intereses, camuflándolos.

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La democracia sin libertad de expresión no es democracia

4 de mayo de 2022

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de anunciar la creación de una Junta de Gobierno de la Desinformación. Aunque todavía no están claras cuáles serán sus atribuciones reales, Alejandro Mayorkas, el Secretario del Departamento, declaró que los objetivos de la Junta serían combatir las desinformaciones provenientes de los traficantes de personas, y de Rusia en materia cibernética y electoral. Al frente de la Junta de resonancias orwellianas, que ya ha sido calificada por el Partido Republicano como el “Ministerio de la Verdad”, Joe Biden ha colocado a Nina Jankowicz. Firme partidaria del Partido Demócrata – apoyó a Hillary Clinton y a Biden en sus campañas electorales – Jankowicz declaró que “Una de las razones clave por las que se estableció la Junta es para mantener el compromiso [del DSN] de proteger la libertad de expresión, la privacidad, los derechos y las libertades civiles”.  

El nombramiento de Nina Jankowicz ha despertado controversia tras difundirse un vídeo en el que Jankowicz se presenta como la “Mary Poppins de la desinformación”, lo que no debe distraernos de que lo fundamental no es el perfil de la persona a cargo de la Junta, sino la existencia misma de tal órgano.

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