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¿La democracia autoritaria está provocando una guerra cultural más?

16 de enero de 2023

Voy a usar la expresión “democracia autoritaria” para referirme al wokismo, el término que usa el filósofo José Antonio Marina en su blog El Panóptico, lo que dice mucho sobre el colonialismo cultural anglosajón que sufrimos. La elección de estas palabras, democracia autoritaria, a priori un oxímoron, adelanta mi opinión sobre los peligros que acechan tras una ideología, el woke, o wokeness, en inglés, que está provocando la principal batalla cultural y política de nuestro tiempo. Lo que quiero analizar es si esta conflagración se queda en mera guerra cultural; si trasciende lo que vienen a ser estas cortinas de humo; y si, finalmente, es correcto enmarcarla dentro del tradicional eje izquierda/derecha.

En mi opinión, no nos encontramos ante una guerra cultural más porque, en este caso, lo que se ventila son los valores más profundos – y supuestamente superiores – sobre los que se asientan las democracias occidentales. Estos principios son los que permitirían a este modelo de gobierno alzarse moralmente sobre otros paradigmas, a los que califica de autocráticos, o autoritarios. Si los valores, que son los cimientos, se resquebrajan, la alegada superioridad moral sobre la que se alzan las democracias desaparece. En este sentido, la guerra entre la “democracia autoritaria” y sus políticas identitarias contra las posiciones antagónicas constituiría la madre de todas las guerras culturales. Una contienda cuyas implicaciones sobrepasan el ámbito de las otras guerras, que se circunscriben a las sociedades occidentales, ya que afectan a la batalla por el relato que se está desarrollando en el tablero geopolítico mundial. Por tanto, habría que situarla en un nivel cualitativamente distinto, aunque compartiría con el resto de este tipo de guerras un hecho: que en principio no afronta la cuestión fundamental, que es el esquema de dominación capitalista, el sistema que está concentrando cada vez mayor riqueza en menos manos, en detrimento de capas cada vez más amplias de la población.

Ilustración: Desigualdad de la riqueza en el mundo. Wealth Inequality Report.

El 1% de la población posee el 38% de la riqueza, mientras que el 50% sólo dispone del 2% de la misma.

Pero comencemos analizando el origen del término y cómo ha ido sufriendo cambios en su significado. Según la Real Academia, “woke” equivale a “concienciado”. En inglés, “woke” es el participio de wake, despertarse. En Estados Unidos, el vocablo comenzó a utilizarse a principios del siglo XX, por parte de la comunidad afroamericana, como una llamada a permanecer alerta“stay woke” – ante las amenazas, motivadas racialmente, que sufría por parte de los blancos. Exceptuando un artículo del The New York Times en 1962, la palabra no salió de ese ámbito hasta 2014, cuando la policía mató a Michael Brown en Ferguson, Missouri, y el movimiento Black Lives Matter la adoptó como consigna: mantente alerta ante la brutalidad policial. A partir de ahí, el término “woke” fue ampliando su significado, y en 2017 el diccionario Oxford pasó a definirlo como “consciente de los problemas sociales y políticos, especialmente el racismo».

La evolución del significado de la palabra hizo que el propio diccionario Oxford recogiera la controversia que suscita su uso: “Esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se enojan con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada”. Otro diccionario, el Merriam Webster, va en la misma onda: (el término) “se usa con desaprobación para referirse a alguien políticamente liberal (como en asuntos de justicia racial y social) especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema”.

A juzgar por estas consideraciones, nos encontramos ante otra guerra cultural más: un choque entre “liberales” por un lado (como se denomina en Estados Unidos a los miembros, o simpatizantes, del Partido Demócrata) y conservadores, por el otro, que usan el término “woke” como arma arrojadiza.

¿Pero realmente nos encontramos ante otra guerra cultural, otra trampa para ocultar lo esencial, como argumenté en este artículo, o esto va mucho más allá?

Caitlin Johnstone es una periodista australiana con la que suelo estar muy de acuerdo. Sin embargo, en este caso, me gustaría matizar su planteamiento.  En su artículo titulado “La clase dominante promueve las políticas identitarias y el ‘antiwokismo’ por exactamente las mismas razones”, Johnstone sostiene que la confrontación entre los liberales “woke” y los conservadores “antiwoke” no es más que otra cortina de humo para ocultar el sistema de dominación capitalista que padece la ciudadanía en las democracias occidentales. Estas son sus palabras: “Lo que estoy señalando aquí, más bien, es la forma de boquilla en que se usa la justicia racial y sexual para que la gente apoye a una facción política convencional, que nunca hace otra cosa que facilitar la oligarquía, la explotación y el imperialismo, precisamente de la misma manera en que la histeria del ala derecha sobre el «wokismo» se usa para hacer exactamente lo mismo”.

Es decir, que demócratas y conservadores se atizan con asuntos como el racismo o las cuestiones de género para que no nos demos cuenta de que, al común de los mortales, las élites nos siguen robando la cartera. El esquema bipartidista estadounidense es extrapolable, en mi opinión, a los países donde existe una mayor variedad de partidos, en gran medida cosmética, porque desempeñan la misma función.

Es cierto que, en torno a lo que se ha venido a llamar “políticas identitarias”, (las que priman la unidad de acción, y los valores compartidos, entre personas de la misma raza, etnia, religión, orientación sexual, cultural u otras), y quienes las critican se está desarrollando una batalla cultural y política no sólo en Estados Unidos, donde se originó, sino en el resto del bloque occidental. Pero, a mi juicio, hay varios elementos que determinan que nos enfrentamos a una guerra cultural cualitativamente distinta a las demás, al afectar a los valores sobre los que, supuestamente, se asientan las democracias occidentales. Unos valores con los que se envuelven para exhibir una supuesta superioridad moral sobre los modelos de gobierno que, también supuestamente, no los comparten. Me refiero al marco que presenta la guerra en Ucrania como una contienda entre las democracias occidentales y las autocracias euroasiáticas. Analicemos ahora si esos valores de los que tanto presume el bloque occidental se practican, o se quedan en propaganda.

En primer lugar, asistimos a un incremento de la polarización muy preocupante en la esfera política, que se está trasladando al ámbito cultural, y está siendo socialmente amplificada por el uso masivo de las redes sociales, un remedo del ágora, pero sesgado por quienes las controlan. Según el Pew Research Center, «los demócratas y los republicanos están más alejados ideológicamente hoy que en cualquier otro momento de los últimos 50 años». Pero lo que resulta alarmante es que, según una encuesta de la cadena CBS, casi la mitad de los miembros de ambos partidos ven al otro no como un opositor, sino como un «enemigo». Cuando los políticos comienzan a elevar el tono de su lenguaje, y usan verbos como “matar” para describir lo que se merecen otras opciones políticas, tenemos que empezar a preocuparnos seriamente. Cuando la actitud frente al adversario consiste en promover su eliminación, salimos de la democracia y nos adentramos en el fascismo. Luego vienen las guerras civiles y sus larguísimas resacas.

Declaraciones del congresista demócrata Tim Ryan sobre la facción “extremista” del Partido Republicano: “Tenemos que matar y confrontar ese movimiento”. Fuente: The Hill.

En segundo lugar, en el campo cultural, el panorama se antoja igualmente inquietante. En julio de 2020, un grupo de intelectuales y artistas, entre los que se encontraban personas tan alejadas ideológicamente como Noam Chomsky y Anne Applebaum, publicaron un manifiesto en Harper’s, titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”. En el escrito, los firmantes declaraban su preocupación por la intensificación de “un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y tolerancia de las diferencias en favor de la conformidad ideológica”. Igualmente, los autores subrayaban que La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represor o de una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, el argumento y la persuasión, no tratando de silenciarlas o hacerlas desaparecer”.

La restricción del debate, la censura y la cultura de la cancelación no han venido esta vez de la mano de la derecha, sino de las políticas identitarias y de quienes se presentan como izquierda. Las grandes empresas tecnológicas, propietarias de las redes sociales, están actuando a favor de las posiciones del Partido Demócrata, censurando los mensajes vinculados al Partido Republicano, como ha evidenciado la filtración de “The Twitter Files” al escritor y periodista Matt Taibbi por parte del nuevo propietario de la red, Elon Musk. En el caso de Facebook, son antiguos agentes de la CIA los que dirigen el órgano de censura de la red social. Aaron Berman está al frente del equipo que escribe las reglas de Facebook y decide lo que es aceptable y lo que no. Muchos dirigentes de las empresas tecnológicas de Silicon Valley financian al Partido Demócrata, y si hay algo realmente próximo al Deep State, esos son los servicios de inteligencia.

Ilustración: Página en Linkedin de Aaron Berman, donde consta su trabajo en la CIA y su empleo actual en Meta, la matriz de Facebook, como responsable de la política de desinformación.  Fuente: Mintpress News.

El Partido Demócrata no es que esté en riesgo de convertirse en el establishment, sino que es su actual elegido para implementar sus políticas. El partido de Joe Biden es el mayor impulsor de la guerra en Ucrania: sólo 83 congresistas del Partido Republicano, de los 213 con los que cuenta, asistieron al discurso de Zelenski en el Congreso de Estados Unidos. Por eso me parece que enmarcar la disputa ideológica que nos ocupa dentro del eje clásico izquierda/derecha es un error, por el simple hecho de que las fronteras entre ambos paradigmas se están borrando a gran velocidad. Para escuchar una narrativa en medios convencionales no sólo distinta, sino opuesta, a la propulsada por el Departamento de Estado en relación con la guerra de Ucrania, tenemos que acudir a medios conservadores, (por mucho que lo que digan en otros ámbitos nos repela), o a periodistas independientes, financiados por sus lectores, con mucha menor audiencia. The Grayzone es uno de los pocos medios que publican también en español. En este idioma, el panorama en formato texto es desolador, con honrosas excepciones.

La mal llamada cultura de la cancelación, porque a mi juicio este eufemismo ensucia la palabra cultura para enmascarar la censura, está adquiriendo unos rasgos que la hace indistinguible de las dictaduras más rancias. Pero lo más grave es que sus impulsores, que se ubican a la izquierda, pretenden hacer pasar esa actitud punitiva, excluyente y represora por una defensa de la democracia. Quien se aparta del guion o, como denuncia la carta publicada en Harper’s, no muestra un celo lo suficientemente ardiente en la defensa de los postulados esignados como políticamente correctos por ellos, es castigado no sólo con el ostracismo social, sino con el despido, u otras represalias de índole económico.

La lista de casos es interminable, pero sirva como ejemplo el caso de Lowkey, el rapero que está sufriendo una ola de difamaciones y presiones para que sea “cancelado” por denunciar las actuaciones del gobierno de Israel contra la población de Palestina. No es el único. La relatora especial de la ONU para los derechos humanos acaba de publicar un informe donde califica al gobierno israelí de «régimen intencionalmente adquisitivo, segregacionista y represivo diseñado para impedir la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación». Sin embargo, las críticas a las políticas del gobierno de Israel son tachadas de antisemitismo, como recuerda Amnistía Internacional. Una figura que tiene rango de delito en muchos países, por ejemplo en España

Hemos llegado al extremo de que lo democrático es lo que digo yo, y si no lo acatas, si no lo reproduces o no lo haces con el suficiente celo, te “cancelo”. Esta estrategia de la “cancelación” ha creado ya su propio vocabulario:

  • Deplatforming: eliminar y prohibir a un usuario registrado el uso de un medio de comunicación masiva (como una red social o un sitio web de blogs), según recoge el diccionario Merriam Webster, que acompaña su definición con un ejemplo de un usuario eliminado de Facebook por “diseminar desinformación”.
  • Shadowbanning: cuando las publicaciones de un usuario no se muestran en una red social, sin que haya sido sacado de la plataforma, ni advertido, por lo que sus seguidores no las reciben.
  • Call out culture: “una forma de comportarse en una sociedad o grupo en el que las personas a menudo son criticadas en público, por ejemplo en las redes sociales, por sus palabras o acciones, o se les pide que las expliquen”, en definición del diccionario Cambridge. En español, lo que vendría a ser “señalar con el dedo”, que sería el paso previo a la “cancelación”.
  • Desinformación: otra de las palabras fetiche de la estrategia de la cancelación. El comodín utilizado para justificar la eliminación de las opiniones disidentes.

Como acertadamente recuerdan los firmantes de la carta mencionada anteriormente, una de las bases de la democracia es el debate abierto y el respeto a la pluralidad de opiniones. El amordazamiento, cuando no la supresión, de determinadas ideas es incompatible con ese ideal democrático del que presumen los sistemas de gobierno basados en la existencia de distintos partidos políticos, que representan a la ciudadanía en la sede de los parlamentos. La supuesta superioridad moral de los regímenes auto calificados de democráticos se tambalea cuando impera la censura, bajo distintos eufemismos.

Cuando se suprime el debate, y amordazar las posiciones discordantes se convierte en la norma, abandonamos el terreno de la democracia de baja intensidad que ya padecemos, para entrar de lleno en el fanatismo. Las políticas identitarias comenzaron poniendo el énfasis en cuestiones que necesitaban, y siguen necesitando, medidas para mejorar las desigualdades e injusticias existentes en sus respectivos ámbitos (racismo, derechos humanos, feminismo, derechos LGTBIQ+, etc.). Sin embargo, los impulsores de las políticas identitarias restan apoyos a sus respectivas – y legítimas – causas cuando derivan hacia planteamientos excluyentes de cualesquiera opiniones que no coincidan en su totalidad con sus postulados. La demonización de quienes no piensan como ellos, las difamaciones que sufren quienes no comparten sus postulados, el ostracismo social al que pretenden condenar a quienes discrepan de sus métodos y objetivos – todo lo cual, desgraciadamente, está ocurriendo – provocan un rechazo comprensible en quienes lo sufren. Esa reacción se extiende a capas más amplias de la población, que no entienden – yo tampoco – cómo es posible que personas que se tildan de demócratas y, en ocasiones, de izquierdas, adopten posturas fanáticas, antidemocráticas y autoritarias. Y no sólo eso, sino que atribuyan a todos quienes no estén de acuerdo con ellos los rasgos que definen precisamente su comportamiento y actitudes.

Las redes sociales han ampliado las dimensiones del ágora hasta extremos insospechados. Esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. El incremento de la polarización se ha traducido en una progresiva pérdida del terreno que debería ocupar el debate, a pesar de que, en teoría, las redes podrían constituir un espacio para el diálogo sin fronteras. La realidad es bien distinta. Las personas tienden a interactuar con quienes piensan como ellos, porque esas interacciones refuerzan los marcos mentales en los que se mueven. También tienden a ignorar, en el mejor de los casos, o a insultar y odiar, en los peores, a quienes no piensan como ellos. Los medios convencionales contribuyen a abonar ese terreno, porque han comprobado que la polarización estimula las pasiones, y les hace incrementar su audiencia: ganan más dinero enfrentando a la población que fomentando el diálogo y el debate. El siguiente gráfico muestra un análisis de los titulares de 47 medios de comunicación populares en Estados Unidos, y los resultados son demoledores.

 

Prevalencia de la carga emocional de 23 millones de titulares en 47 medios populares en Estados Unidos. Se aprecia como se han incrementado los sentimientos negativos (ira, asco, miedo y tristeza) frente al retroceso del positivo (alegría) y del neutral. Fuente: Longitudinal analysis of sentiment and emotion in news media headlines using automated labelling with Transformer language models

En definitiva, las sociedades pretendidamente democráticas se asientan sobre la propaganda de unos valores que, en realidad, distan mucho de defender: paz, libertad, democracia, justicia, derechos humanos, igualdad ante la ley, se han convertido en eslóganes vacíos de contenido, repetidos machaconamente por los medios de comunicación convencionales, para tratar de persuadirnos de que disfrutamos del mejor de los sistemas políticos posibles.

La actual deriva autoritaria agrava drásticamente el deterioro de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, y socava la narrativa occidental, justo cuando asistimos al nacimiento del mundo multipolar, dejándola sin argumentos. Por eso, incluso desde el propio punto de vista del sistema de dominación capitalista, a duras penas camuflado tras el decorado de la democracia, la estrategia adoptada por los fanáticos le hace un flaco favor a su causa.

Por eso, no podemos calificar la contienda entre la democracia autoritaria y sus opositores como una guerra cultural más, porque si los fanáticos se salen con la suya, impidiendo el debate e imponiendo sus ideas por la fuerza de la censura y la represión, del sistema político conocido por democracia no quedarán ni los harapos. Si su caída deja al descubierto los hilos de la tramoya que ahora se esfuerza por ocultar, será la prueba de que esto no era otra guerra cultural más.  

Democracia, libertad de expresión, valores occidentales y otras leyendas urbanas

1 de diciembre de 2022

A la gallina le dejan elegir la salsa en que la van a cocinar, pero seguro que acaba en la cazuela. De esta forma describía Eduardo Galeano las democracias occidentales en uno de sus libros. La gallina es, obviamente, la metáfora de la ciudadanía. Nos están tratando de convencer de que por introducir un papel en una urna cada cierto tiempo, dejándonos escoger entre distintos tipos de salsa, vamos a escapar de la cazuela, y nada más lejos de la realidad. Con el advenimiento de las redes sociales, se ha agudizado la faceta guiñolesca de la política: personajillos mediocres que simulan atizarse con una garrota con el fin de ganar adeptos para la causa… de quienes manejan sus hilos.  Las escaramuzas se organizan siempre en torno a temas accesorios, porque nadie está dispuesto a tratar lo que al titiritero no le interesa: el modelo económico, la distribución de la riqueza. Hay vacas sagradas que quedan fuera de la gresca. A este trampantojo lo llaman democracia y cualquier reminiscencia de su etimología – gobierno del pueblo – hace tiempo que se perdió.

Es cierto que, formalmente, hemos progresado desde los tres estamentos del feudalismo – nobleza, clero y campesinado – pero lo hemos hecho porque la sociedad es más compleja y porque en 1789 se cortaron algunas cabezas. Nos guste o no, “La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”, como dejó escrito Carlos Marx. Por lo que tenemos que preguntarnos quién está ejerciendo esa violencia, con mecanismos más sutiles, que en muchas ocasiones no precisan el derramamiento de sangre, para conseguir sus objetivos de manera más artera que en la sociedad feudal. Porque los objetivos de quienes detentan el poder económico siguen siendo los mismos que antes de que María Antonieta subiera al cadalso.

Para pasar de los estamentos a los parlamentos se derramó mucha sangre, pero los campesinos se transformaron en asalariados a los que extraer la plusvalía de otro modo. De los reyes absolutistas pasamos al sufragio universal, pero es nuestro deber preguntarnos si el derecho al voto en unas elecciones, con un sistema de partidos muy reglado y listas cerradas, significa realmente que el pueblo decida su destino. O si lo siguen decidiendo los de siempre: los que nunca se presentan a las elecciones, porque no les hace falta. Cuenta Naomi Klein en “La doctrina del shock” que, tras asumir Nelson Mandela el cargo, “en las dependencias presidenciales se solía comentar, a modo de broma: “¡Eh, tenemos el Estado! ¿Dónde está el poder?”. El capítulo que la periodista canadiense dedica a cómo se gestionó la transición en Sudáfrica, tras la victoria del ANC, el partido de Mandela, es paradigmático a la hora de exponer cómo ganar unas elecciones no significa, ni mucho menos, alcanzar el poder.

En las democracias, tener el gobierno no significa tener el poder. Existen escasísimas excepciones, que son sometidas a todo tipo de presiones para hacerlas descarrilar, precisamente por parte de ese Occidente que presume de valores democráticos: de entrada, se les niega su carácter democrático. Las elecciones sólo son “libres” cuando ganan los candidatos prooccidentales; si no, es que ha habido pucherazo. Tampoco se respeta el derecho de cada pueblo a organizarse como les parezca conveniente. Todos deben de ajustarse a la receta occidental, como si eso fuera garantía de que gobernara el pueblo. Posteriormente, a los díscolos se les aplican sanciones económicas, embargos, confiscación de activos, de las reservas de oro, etc. Se busca quebrar su economía para que vuelvan al paradigma ortodoxo: el capitalismo, dentro de los esquemas occidentales. Fuera de estos casos, en que los gobernantes se afanan en construir un modelo económico que priorice las necesidades del pueblo, tener el gobierno significa trabajar para el poder, que no es lo mismo que tenerlo.

Parte de esa tarea consiste en enmarcar los hechos con una determinada narrativa, como está ocurriendo con la invasión de Ucrania, donde se ha desatado otra guerra paralela: la del relato. Una contienda al menos tan importante como la del campo de batalla, puesto que la construcción del marco adecuado es fundamental a la hora de conquistar las mentes de la ciudadanía, tal y como reconocía recientemente Josep Borrell.

El relato con el que nos están bombardeando los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación es de brocha gorda: en Ucrania asistimos a una contienda entre la democracia y las autocracias rusa y china, personificadas por Vladimir Putin y Xi Jinping. Una batalla en la que nos jugamos la libertad colectiva de Occidente, frente a las amenazas autoritarias provenientes de Eurasia y el riesgo de que la invasión rusa vaya más allá de Ucrania. Es por ello que debemos asumir la pérdida de prosperidad que este enfrentamiento nos va a provocar – el ajuste será duro,  Borrell dixit – al renunciar a la energía barata, próxima y abundante procedente de Rusia, porque el objetivo merece la pena: seguir viviendo en democracia y libertad, como las que disfrutamos ahora en Occidente.

El 10 de octubre, el jefe de la diplomacia europea regañaba a los embajadores que la Unión Europea tiene destacados por el mundo porque, a su juicio, no hacían los esfuerzos suficientes para transmitir el relato con el que Bruselas quiere justificar las políticas que está aplicando en relación con el conflicto en Ucrania: “La comunicación es nuestro campo de batalla. No peleamos con armas, gracias a Dios. Pero tenemos que luchar en comunicación (…) Esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente. Es una pelea. Además de conquistar espacios, hay que conquistar las mentes”.

Así pues, se nos trata de convencer de que las democracias occidentales y su sistema de partidos, con listas cerradas, que concurren a elecciones con programas electorales que sistemáticamente incumplen, son el sistema político en el que la ciudadanía manda. Nada más lejos de la realidad.

Como señalé en el artículo anterior, una decisión estratégica con las consecuencias que describe Borrell – pérdida de la prosperidad y reestructuración de la economía, con ajuste duro – debería haber sido objeto de debate público. Desconectarnos de los tubos que mantienen con vida a la economía europea – los gasoductos y oleoductos provenientes de Rusia – sin disponer de una alternativa para reemplazar en su totalidad ese suministro, constituye una temeridad que las élites están cometiendo sin consultar a la ciudadanía. Si se nos está advirtiendo de la posibilidad de apagones, racionamiento de la energía y de planes de emergencia para retirar efectivo de los cajeros, es que no hay alternativa a la energía proveniente de Rusia, por mucho que algunos se empeñen en convencernos de lo contrario, como Olaf Scholz.

Si vivimos en democracia ¿por qué no se consulta con la ciudadanía la toma de decisiones que nos afectan directamente, en asuntos tan fundamentales como mantener nuestros hogares calientes en invierno o disponer de energía eléctrica?  ¿Por qué no se nos ha consultado sobre la conveniencia de adoptar las sanciones contra Rusia, dictadas por Estados Unidos, que han provocado la crisis energética y un incremento desbocado de la inflación? ¿Por qué no se nos pregunta si estamos de acuerdo con desindustrializar Europa, en beneficio de Estados Unidos, al trasladarse las empresas europeas al otro lado del Atlántico debido a sus menores costes energéticos? Las consecuencias de las decisiones políticas tomadas al margen de la ciudadanía están repercutiendo no en las élites que las han tomado, que tienen el riñón bien cubierto, sino en la población, cuya opinión ha sido ignorada. ¿Qué tipo de democracia es ésta?

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha declarado que «la política fiscal (de los gobiernos nacionales) no debe contradecir al Banco Central Europeo». Como acertadamente señala Juan Torres López, “Aunque lo que viene ocurriendo sea que poderes no democráticos se impongan sobre parlamentos y gobiernos, decir que eso es lo que debe ocurrir y que los parlamentos solo pueden aprobar Presupuestos Generales que no contradigan lo que establezca el banco central, una autoridad no elegida por nadie, es una fractura material de la democracia”. Y que eso lo diga el vicepresidente de la Comisión Europea, delata cuál es el concepto de “democracia” con el que trabajan en Bruselas.

Los dirigentes de la Unión Europea no sólo no nos han consultado sobre el rumbo que han emprendido, sino que están obsesionados con acallar las opiniones en contra de sus decisiones, con suprimir las narrativas que cuestionan su relato de brocha gorda o los mensajes que contradicen sus políticas. Los medios de comunicación rusos fueron los primeros en sufrir la censura, al suspender la Unión Europea las emisiones de RT en español y Sputnik news en su territorio. Una medida que ya critiqué en un artículo anterior. Bruselas no podía tolerar que la ciudadanía tuviera acceso a un punto de vista distinto sobre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Nos tratan como a niños a los que hay que proteger de la “desinformación”. Les aterra la posibilidad de que la ciudadanía acceda a informaciones distintas a las de los medios occidentales para formarse una opinión, porque el objetivo, como dice Borrell, es “conquistar las mentes”. Su concepto de “ciudadanos libres” es el de aquellos que sólo reciben información desde un emisor, y todos los demás se censuran o se demonizan, o son tildados de propaganda, “fake news” o desinformación. Y no hablamos únicamente de los medios de comunicación rusos. Nos referimos a las personas y medios que se salen del relato diseñado en la Casa Blanca – y repicado por la Unión Europea y sus respectivos altavoces mediáticos – que están sufriendo acoso y derribo en las redes sociales y difamaciones personales en los medios. 

En una nueva vuelta de tuerca a la maltrecha libertad de expresión, la Unión Europea ha aprobado, el 19 de octubre, el Reglamento de Servicios Digitales, donde la palabra “desinformación” aparece trece veces. Según leemos en la nota de prensa del Parlamento Europeo, “Las plataformas en línea muy grandes deberán cumplir con obligaciones más estrictas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, en proporción a los importantes riesgos sociales que plantean al difundir contenido ilegal y dañino, incluida la desinformación”.  Asimismo, la Ley prevé la aplicación de “Medidas especiales en tiempos de crisis: cuando ocurre una crisis, como una amenaza a la salud o la seguridad pública, la Comisión puede requerir a las plataformas muy grandes para que limiten cualquier amenaza urgente en sus plataformas. Estas acciones específicas se limitan a tres meses”.

Según Borja Adsuara, abogado experto en comunicación digital, en la práctica la Ley “da una base legal a las actuaciones que llevó a cabo la Comisión respecto de la desinformación durante la pandemia del Covid y la propaganda rusa en la invasión de Ucrania. En la práctica permite una censura indirecta por la Comisión y los Gobiernos más allá de esos 3 meses”, según leemos en su cuenta de Twitter.

Bruselas también se muestra muy preocupada por los delitos de incitación al odio y exige a las plataformas y a los buscadores en línea que evalúen lo que califica de “riesgo sistémico”. También califica de “riesgo” la difusión de contenidos con “efectos negativos reales o previsibles sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, así como la seguridad pública”.

¿Quién decide qué es un delito de incitación al odio y cuáles son los presuntos efectos negativos – reales o previsibles – de los contenidos en línea sobre los procesos democráticos? Es todo de una subjetividad que aterra. Pero la Unión Europea no se para ahí. En la presentación del Plan de Acción para la Democracia Europea podemos leer un texto digno de un publicista: “En una democracia saludable y próspera, los ciudadanos pueden expresar libremente sus puntos de vista, elegir a sus líderes políticos y opinar sobre su futuro. (…) Los medios de comunicación libres, el mundo académico y la sociedad civil deberían poder desempeñar su papel en la estimulación de un debate abierto, libre de interferencias malignas, ya sean extranjeras o nacionales”.

Si vivimos en una democracia saludable y próspera, ¿por qué no dejan opinar a la ciudadanía sobre nuestro futuro? ¿Por qué la Comisión Europea se arroga la potestad de decidir cuáles son las “interferencias malignas”? ¿Acaso nos consideran menores de edad que necesitan un tutor que nos muestre cuál es el bien y cuál es el mal? Si podemos expresar libremente nuestros puntos de vista, ¿por qué se suspenden las cuentas en redes sociales que sostienen puntos de vista discordantes con la versión oficial?

En junio de este año Věra Jourová, vicepresidenta para Valores y Transparencia, presentaba un código reforzado de prácticas sobre la desinformación con estas palabras: “Este nuevo Código contra la desinformación llega en un momento en que Rusia está utilizando la desinformación como arma como parte de su agresión militar contra Ucrania, pero también cuando vemos ataques a la democracia en general”.

El último episodio de desinformación, que casi desata la tercera guerra mundial, no provino de Rusia, sino de la agencia Associated Press. El 15 de noviembre, AP publicaba que Un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dice que misiles rusos cruzaron a Polonia, miembro de la OTAN, y mataron a dos personas”. Finalmente, la propia Casa Blanca descartaba la procedencia rusa y los misiles resultaron haber sido disparados por la defensa antiaérea de Ucrania. El periodista que escribió la nota fue despedido – hacía falta una cabeza de turco – pero lo relevante es que la información fue sometida a la opinión de dos editores, antes de ser publicada, y uno de ellos se mostró partidario de sacarla, como así fue, con el argumento de que “no podía imaginarse que un oficial de inteligencia de Estados Unidos pudiera equivocarse en un asunto así”. Este editor ha conservado su puesto de trabajo, a pesar de que parece dispuesto a publicar cualquier cosa que le filtre la CIA, sin contrastar la información. La pregunta obvia es: ¿por qué ese oficial de inteligencia estadounidense “plantó” esa falsedad en la agencia AP? ¿Pretendía involucrar directamente a la OTAN – indirectamente ya lo está – en la guerra de Ucrania, a través de su famoso artículo 5, que establece que si cualquier miembro es atacado, los demás actuarán en su defensa?

 

La respuesta nos conecta con los tan cacareados valores occidentales que sirven de coartada a Estados Unidos y sus vasallos para colocarse en un plano de superioridad moral sobre sus antagonistas euroasiáticos. Esos valores con los que se les llena la boca constantemente: democracia, libertad de expresión, derechos humanos, mercado libre, libertad individual. Unos valores que constantemente pisotean y a los que sin embargo se adhieren, para envolverse de legitimidad.

El ejemplo más actual de cómo los paladines de los valores occidentales se limitan a defenderlos en la arena mediática, que no en la realidad, nos lo proporciona el caso de Julian Assange. El 2 de noviembre, el Secretario de Estado Antony Blinken tuiteaba que “Ningún miembro de la prensa debe ser amenazado, acosado, atacado, arrestado o asesinado por hacer su trabajo. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, nos comprometemos a seguir protegiendo y promoviendo los derechos de una prensa libre y la seguridad de los periodistas”.

Esto lo tuitea un miembro del gobierno que está intentando extraditar a un periodista australiano desde el Reino Unido, donde lleva encarcelado tres años y medio, sometido a tortura psicológica según un experto de la ONU, a los que se suman los siete años que pasó tratando de evitar la extradición desde la embajada de Ecuador en Londres, una situación que fue calificada como detención arbitraria por un panel de Naciones Unidas. Julian Assange está atravesando este calvario por publicar los crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y el Reino Unido cometieron en Irak y Afganistán. Un “crimen” por el que se podría enfrentar a 175 años de cárcel en Estados Unidos.

Por si quedaba alguna duda de cómo promueve la Casa Blanca la defensa de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, esos valores occidentales que estamos defendiendo las democracias frente a Rusia en Ucrania, el 17 de noviembre el Departamento de Estado otorgaba la inmunidad al príncipe saudita Mohammed bin Salman, al mismo tiempo que condenaba el “odioso crimen” del periodista Jamal Khassoggi. La novia del periodista y un grupo de derechos humanos fundado por Khassoggi habían presentado una demanda contra el príncipe saudita. En su campaña electoral, Biden prometió que convertiría a Arabia Saudita en un Estado “paria” tras el asesinato del periodista del Washington Post. Tras tomar posesión, Biden leyó un informe de la CIA que atribuía a MBS la orden de asesinar a Khashoggi, que habría ejecutado el jefe de seguridad personal del ahora primer ministro de Arabia Saudita. Un cargo que asumió en septiembre, y que sería la causa del otorgamiento de la inmunidad.

La lista de ejemplos de cómo esos valores occidentales son de quita y pon darían para escribir no un artículo en un blog, sino libros enteros. Pero rematemos con la manera en que se caracteriza el gobierno de Zelenski en Ucrania. Según Úrsula von der Leyen, «En Ucrania la democracia se enfrenta a la autocracia». Sin embargo, desde el comienzo de la invasión rusa, en Ucrania se han ilegalizado doce partidos políticos, la mayoría de izquierdas, por decreto presidencial: el Bloque de Oposición – el principal partido de la oposición al gobernante Servidor del Pueblo –, el Partido Socialista de Ucrania, el Partido Comunista de Ucrania, Socialistas, Justicia y Desarrollo, Nashi, el Bloque de Volodímir Saldo, la Oposición de Izquierdas, el Partido de Sharí, la Unión de Fuerzas de Izquierdas, la Plataforma de Oposición-Por la vida, y el Partido Socialista Progresista de Ucrania. 

El 21 de marzo, un mes después del comienzo de la invasión, Zelenski firmó otro decreto presidencial por el que ordenó “combinar todos los canales de televisión nacionales, cuyo contenido de programación consiste principalmente en programas de información y/o de análisis de información, en una única plataforma de información de comunicación estratégica”. La plataforma lleva el nombre de “United News”.

El 8 de abril, tras reunirse en Kiev con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, le prometió acelerar el proceso para que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, porque “comparte los valores” de la UE. ¿Ilegalizar partidos políticos y acabar con la pluralidad informativa son los valores compartidos entre Ucrania y la Unión Europea?

La World Government Summit es un evento que se celebra anualmente en Dubai. Según su sitio web, el tema de este año era “Dando forma a los futuros gobiernos” y prometía reunir “a líderes de opinión de todo el mundo para dar forma a la próxima generación de gobiernos”. Uno de los paneles fue denominado “¿Estamos listos para un nuevo orden mundial?”. Unos meses después, en la reciente cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Asia – Pacífico), Emmanuel Macron se despachó con la siguiente advertencia: “Necesitamos un único orden global”. ¿Nos van a consultar las élites acerca de sus planes para este nuevo orden mundial o van a seguir decidiéndolo todo en nuestra democracia consolidada?

 

Guerras culturales: la trampa para ocultar lo esencial

1 de septiembre de 2022

Los domadores de leones usan una silla, en lugar de un bastón, para mantener alejado al animal por un motivo: la silla tiene cuatro patas, y cada una de ellas es percibida como una posible amenaza por el felino. El león duda de cuál de los cuatro bastones es el que podría terminar golpeándole, lo cual, unido al entorno en el que se encuentra confinado, contribuye a desorientar al animal y coloca al domador en una posición de ventaja relativa. De un modo similar, quienes pastorean al rebaño humano no usan un solo bastón, sino múltiples, con el fin de desorientarnos y tenernos entretenidos, para ocultar lo verdaderamente esencial.  

Las guerras culturales son las patas de la silla del domador, que personifica el sistema capitalista. Una silla que no tiene cuatro patas, sino muchas, que contribuyen a polarizar a la población, a dividirla, lo que quiere decir debilitarla. Mientras la ciudadanía se dedica a auto ubicarse en uno de los frentes en los que las guerras culturales la fragmentan, se olvida de lo fundamental: que existe un sistema de dominación, en permanente proceso de perfeccionamiento, con el objetivo de extraer riqueza de las capas amplias de la población, desposeídas de los medios de producción, para transferirla a las élites que controlan el sistema financiero, las corporaciones y los medios de comunicación que, a su vez, construyen la narrativa que conviene a sus intereses, camuflándolos.

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La democracia sin libertad de expresión no es democracia

4 de mayo de 2022

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de anunciar la creación de una Junta de Gobierno de la Desinformación. Aunque todavía no están claras cuáles serán sus atribuciones reales, Alejandro Mayorkas, el Secretario del Departamento, declaró que los objetivos de la Junta serían combatir las desinformaciones provenientes de los traficantes de personas, y de Rusia en materia cibernética y electoral. Al frente de la Junta de resonancias orwellianas, que ya ha sido calificada por el Partido Republicano como el “Ministerio de la Verdad”, Joe Biden ha colocado a Nina Jankowicz. Firme partidaria del Partido Demócrata – apoyó a Hillary Clinton y a Biden en sus campañas electorales – Jankowicz declaró que “Una de las razones clave por las que se estableció la Junta es para mantener el compromiso [del DSN] de proteger la libertad de expresión, la privacidad, los derechos y las libertades civiles”.  

El nombramiento de Nina Jankowicz ha despertado controversia tras difundirse un vídeo en el que Jankowicz se presenta como la “Mary Poppins de la desinformación”, lo que no debe distraernos de que lo fundamental no es el perfil de la persona a cargo de la Junta, sino la existencia misma de tal órgano.

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