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Ucrania y las Islas Salomón: líneas rojas y doble rasero

El 24 de abril, tan sólo 5 días después de que las Islas Salomón y China firmaran un acuerdo de seguridad, el primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la hipotética construcción de una base militar china en el archipiélago constituía una línea roja para Australia y para los Estados Unidos. A pesar de que la posibilidad sugerida por Morrison fue desmentida tanto por el gobierno de las Islas Salomón como por China, el primer ministro del archipiélago, Manasseh Sogavare, denunció el 5 de mayo que había recibido amenazas veladas de una invasión por parte de los oponentes al acuerdo con China: “Deploramos la continua demostración de falta de confianza de las partes interesadas y la advertencia tácita de una intervención militar en las Islas Salomón si su interés nacional se ve socavado.

Con una población diseminada de 650.000 habitantes en un archipiélago de más de 900 islas e islotes, la antigua colonia británica obtuvo su independencia en 1978. Las Islas Salomón forman parte de la Commonwealth y su soberana sigue siendo la reina de Inglaterra. A tenor de las declaraciones del primer ministro australiano, la emancipación de la excolonia británica no ha sido asumida por Australia ni por Estados Unidos. Tan sólo tres días después de que el gobierno del archipiélago firmara el acuerdo con China, una delegación norteamericana de alto nivel aterrizaba en las islas. El objetivo: organizar un “diálogo estratégico de alto nivel”, así como acelerar la apertura de una embajada, ya que el acuerdo con China presenta “potenciales implicaciones de seguridad, tanto para Estados Unidos como para sus aliados”.

En dicha reunión, los altos funcionarios estadounidenses explicaron a los gobernantes de las Islas Salomón que respetaban su soberanía, pero que “Si se toman medidas para establecer una presencia militar permanente de facto, capacidades de proyección de poder o una instalación militar, la delegación señaló que Estados Unidos tendría preocupaciones importantes y respondería en consecuencia, tal y como señalaba con posterioridad al encuentro un comunicado de la Casa Blanca.

Fuente: Google Maps

El acuerdo firmado con China supone avanzar en el giro estratégico que las Islas Salomón dieron en 2019, cuando dejaron de lado sus relaciones con Taiwán para iniciarlas con Pekín. Con motivo de ese cambio, el primer ministro afirmó que había «colocado al país en el lado correcto de la historia». Dos años más tarde, en noviembre de 2021, cuando comenzó a rumorearse la plasmación de un acuerdo de seguridad con China, una oleada de disturbios provocó saqueos, incendios y víctimas mortales en la capital, Honiara. La mayoría de los asaltantes provenían de otra isla, Malaita, en la provincia más poblada del archipiélago, cuya administración había recibido fondos de Estados Unidos, al margen del gobierno central, tras mostrarse en contra del giro estratégico del primer ministro hacia China, en detrimento de Taiwán. Malaita recibió 25 millones de dólares de Estados Unidos, lo que supone una cantidad 50 veces superior a la ayuda proveniente de donantes el año anterior, según un investigador australiano. Chad Morris, el funcionario para Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Papúa-Nueva Guinea, declaró al respecto de los fondos suministrados por su país que «Al igual que con los muchos programas con el gobierno de EE. UU., hay un proceso bastante largo por recorrer… no hay intención de hacer de esto un movimiento político«.

El acuerdo de seguridad entre las Islas Salomón y China tiene vertientes distintas a las que pretenden buscarle los Estados Unidos y Australia. Según Marcos Bosschart, un experto en la zona que escribe en El siglo de Asia, «Muchos países de la región son de los más bajos del mundo sobre el nivel del mar, islas, archipiélagos, y por lo tanto los primeros amenazados de desaparecer ante el cambio climático. Muchos de ellos buscan socios para poder luchar contra el cambio climático e incluso, si llegara a ser necesario evacuar el país. Las Islas Salomón han firmado este acuerdo no solo para “pacificar” sus constantes revueltas multiétnicas y sociales, sino también como una posible respuesta ante los desastres naturales en su territorio. Para que China pueda asistirles de una manera más eficiente, de lo que podrían hacerlo con sus propios recursos».

El criterio aplicado a las Islas Salomón por parte de Estados Unidos y su aliado en el Pacífico Sur contrasta con el que utilizan con Ucrania. Mientras se amenaza, de manera poco velada, con intervenciones directas en el archipiélago si el acuerdo de seguridad con China derivara en la construcción de instalaciones militares, Washington ha afirmado en repetidas ocasiones que Ucrania “está en su derecho” de escoger sus alianzas en el plano internacional y, por tanto, de formar parte de la OTAN, recriminando siempre a Rusia que tildara de línea roja la adhesión de Ucrania a la alianza, tratando así de interferir con tal decisión soberana. Sin embargo, Australia, erigida en portavoz de Estados Unidos, usa la misma terminología, línea roja, para calificar una intención negada por los firmantes del acuerdo: la construcción de una hipotética base China en las Islas Salomón. El doble rasero a la hora de manejar el término resulta flagrante: los mismos que se arrogan el derecho de establecer líneas rojas para las alianzas internacionales se lo niegan a otros.

Adicionalmente, la carta fundacional de la OTAN no determina que los países, en general, tienen “derecho” a formar parte de la organización militar, sino que su artículo 10 estipula lo siguiente: Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte”.  Como vemos, la iniciativa debe partir necesariamente de los países que ya conforman la OTAN, y debe producirse por unanimidad, como demuestra lo que está ocurriendo con Finlandia y Suecia. Tras mostrar estos sus intenciones de solicitar su ingreso a la alianza atlántica, Turquía se había posicionado en contra, lo que amenazaba la adhesión de estos países. Una conversación telefónica de Jens Stoltenberg con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoglu, sumada al reconocimiento por parte de funcionarios de Estados Unidos de que estaban trabajando para “aclarar la posición” de Turquía, parecía haber hecho cambiar de criterio a Recep Tayyip Erdogan durante el pasado fin de semana. Sin embargo, el lunes 16 de mayo, el presidente de Turquía volvía a mostrar su oposición al ingreso de Finlandia y, sobre todo, Suecia, debido a la política de asilo a miembros del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), a quien Ankara considera una organización terrorista. A la hora de publicar este artículo, el asunto seguía en el aire, aunque está claro que Turquía está tratando de obtener contrapartidas a cambio de levantar su veto al ingreso de Suecia y Finlandia. 

La posición geográfica de las Islas Salomón, situadas al noreste de Australia, colocan al archipiélago en la retaguardia del cerco militar que Estados Unidos ha venido construyendo alrededor de China desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con David Vine, el mayor experto estadounidense sobre el tema, los Estados Unidos cuentan con 119 bases en Japón, donde tiene desplegados de manera permanente 63.690 soldados. La gran mayoría de las bases norteamericanas en Japón fueron instaladas en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en los años inmediatamente posteriores. En Corea del Sur, son 28.503 los efectivos estacionados, de manera constante, en las 76 instalaciones militares con las que cuenta Washington en aquel país.  A estos efectivos hay que sumar los 11.295 desplegados en las 47 bases que mantiene en la isla de Guam, las 12 bases instaladas en las Islas Marshall, las 8 que tiene en Filipinas, 7 en la propia Australia, 5 en las Islas Marianas, y otras desperdigadas por Tailandia, Camboya, Indonesia, etc. En total, Estados Unidos dispone de alrededor de 750 bases en todo el mundo, con 175.000 soldados desplegados de manera constante fuera de su territorio.

Días antes de la invasión rusa de Ucrania, la revista Foreign Policy publicaba un artículo titulado “Washington debe prepararse para una guerra con Rusia y China”. El autor, Matthew Kroenig, es el subdirector del Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security, uno de los think tanks más influyentes a la hora de delinear la política exterior de Estados Unidos, junto con el Council on Foreign Relations (CFE) y el Center for a New American Security (CNAS). Es decir, que conviene tomarse en serio sus publicaciones. En el artículo, el autor afirma sin rodeos que “Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial con intereses globales y no puede darse el lujo de elegir entre Europa y el Indo-Pacífico. En cambio, Washington y sus aliados deberían desarrollar una estrategia de defensa capaz de disuadir y, si es necesario, derrotar a Rusia y China al mismo tiempo”.

Para conseguir el objetivo de “derrotar a Rusia y a China en espacios de tiempo superpuestos”, el autor aboga por incrementar el gasto militar en Estados Unidos hasta doblarlo, llegando así al 5,6% del PIB. También propone impulsar el QSD, Quadrilateral Security Dialogue, también conocido como QUAD, una iniciativa que partió de Japón, al menos sobre el papel, y que incluye a India, Australia y Estados Unidos. El QSD desarrolló maniobras militares navales de envergadura el año pasado en la costa de Malabar, en India, tras las cuales China se apresuró a calificar a la alianza como la OTAN asiática.

Estados Unidos se está inclinando por incrementar la presión sobre China apoyándose en herramientas ad hoc. El 15 de septiembre de 2021 se anunció la creación de AUKUS, un pacto entre Washington, Australia y el Reino Unido para compartir tecnología militar avanzada. El acuerdo significó una bofetada en el rostro a Francia, miembro de la OTAN, puesto que supuso la cancelación por parte de Australia de un contrato para adquirir submarinos franceses convencionales y comprar, en su lugar, submarinos estadounidenses con propulsión nuclear. El monto del contrato perdido por Francia se calcula en unos 56.000 millones de euros, aunque la valoración fluctúa según las fuentes.

A resultas de la cancelación del contrato por parte de Australia, que París calificó de “puñalada por la espalda”, Francia llamó a consultas a sus embajadores en Canberra y Washington, anunció que lo ocurrido tendría consecuencias en la OTAN, acusó de mentir a Estados Unidos, y habló de “crisis grave”. Por su parte, la Unión Europea mostró su enfado por no haber sido avisada con anterioridad de la creación de AUKUS, que nació el mismo día que Josep Borrell presentaba la estrategia de la Unión Europea para la región Indo-Pacífico. Sin embargo, a pesar de las alharacas, las aguas volvieron a su cauce: la sumisión por parte de la Unión Europea a los postulados de los Estados Unidos. Así lo estamos viendo con ocasión de la estrategia de sanciones diseñada por Washington con el objetivo de debilitar la economía rusa y propiciar un cambio de régimen allí, tal y como se le escapó a Joe Biden en un discurso pronunciado en Polonia.

Da igual que los tres países miembros de AUKUS hayan anunciado el desarrollo de armas hipersónicas, y que hayan dejado claro que en este asunto no van a incluir ni a la OTAN ni, por supuesto, a la Unión Europea. A pesar de las humillaciones, Bruselas continúa con el seguidismo de una estrategia que supone un claro perjuicio para la economía y el bienestar de los ciudadanos europeos, tal y como está siendo advertido por dirigentes y medios de comunicación de la propia Europa, y reconocido por los burócratas de Bruselas que instigan la subordinación ante Washington, en contra de los intereses europeos. 

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, denunciaba recientemente que la falta de conversaciones de paz y la apuesta por alimentar la guerra con el suministro de armas a Ucrania significan “la autodestrucción económica de Europa”.

Una encuesta realizada en Alemania arrojaba datos más que preocupantes: un 49% de los alemanes tenía que realizar recortes financieros debido al alza de los precios de la energía y de los alimentos. Además, el 46% de los más de 5.000 alemanes encuestados se declararon en contra de tener que asumir personalmente los costos adicionales de la política de sanciones.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, recientemente reelegido, advirtió en su discurso al tomar el cargo queHungría no impedirá las sanciones en aras de la unidad europea hasta que cruce la línea roja, poniendo en peligro la seguridad energética del país”. La sexta ronda de sanciones contra Rusia que preparaba la Unión Europea ha sido vetada precisamente por Hungría. El embargo que la Unión pretendía imponer al petróleo ruso ha sido la línea roja que Orbán no ha querido cruzar, que ha calificado de “bomba atómica” para la economía de su país la adopción de un embargo a los productos energéticos rusos: el 85% del gas y el 60% del petróleo que recibe Hungría provienen de Rusia.

Hungría carece de salida al mar, por lo que necesitaría un periodo de cinco años, y miles de millones de euros, para adaptar su infraestructura y poder recibir gas y petróleo de proveedores alternativos a Rusia. Sin embargo, Lituania ha acusado a Viktor Orban de tener como “rehén” a la Unión Europea por negarse a cometer lo que sería un suicidio económico para su país, y el resto de miembros está redoblando su presión sobre Hungría.  Eslovaquia y la República Checa también han solicitado un periodo transitorio de dos años para dejar de comprar petróleo a Rusia.

Ante la negativa de Hungría a suicidarse, el propio Josep Borrell reconocía que “Las sanciones hacen daño a quien se sanciona, en primer lugar, y tiene efectos colaterales indirectos en quienes imponen esas sanciones”. Una afirmación muy discutible en lo que respecta a quién sufre el mayor daño, en el caso de algunos países de la Unión Europea. Pero Borrell no se paraba ahí, sino que continuaba: “Tenemos que acabar con la dependencia energética de Rusia, y se tiene que hacer gradualmente y a buen ritmo. Pero se tiene que hacer sí o sí. Los debates van a seguir para responder al cómo, al cuándo y a qué coste tendrá que soportar cada Estado miembro”. Tras referirse al gasto necesario para modificar las infraestructuras, Borrell terminaba reconociendo que hay un coste estructural permanente, que tiene que ver con la diferencia de precio entre el crudo ruso y otros crudos que cuestan más.

Por lo que estamos viendo, se pretende hurtar a Hungría su derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si de ellas depende su propia viabilidad económica. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha anunciado que está a favor de reformar los tratados de la Unión Europea para evitar el engorro de tener que tomar decisiones por unanimidad en ciertos asuntos clave. La soberanía de los países viene a ser una cuestión elástica, dependiendo de las decisiones que pretendan tomar, porque hay cosas que se tienen que hacer sí o sí, como dice Borrell. Luego lo llamarán democracia.