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La democracia sin libertad de expresión no es democracia

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de anunciar la creación de una Junta de Gobierno de la Desinformación. Aunque todavía no están claras cuáles serán sus atribuciones reales, Alejandro Mayorkas, el Secretario del Departamento, declaró que los objetivos de la Junta serían combatir las desinformaciones provenientes de los traficantes de personas, y de Rusia en materia cibernética y electoral. Al frente de la Junta de resonancias orwellianas, que ya ha sido calificada por el Partido Republicano como el “Ministerio de la Verdad”, Joe Biden ha colocado a Nina Jankowicz. Firme partidaria del Partido Demócrata – apoyó a Hillary Clinton y a Biden en sus campañas electorales – Jankowicz declaró que “Una de las razones clave por las que se estableció la Junta es para mantener el compromiso [del DSN] de proteger la libertad de expresión, la privacidad, los derechos y las libertades civiles”.  

El nombramiento de Nina Jankowicz ha despertado controversia tras difundirse un vídeo en el que Jankowicz se presenta como la “Mary Poppins de la desinformación”, lo que no debe distraernos de que lo fundamental no es el perfil de la persona a cargo de la Junta, sino la existencia misma de tal órgano.

La Unión Europea, por su parte, acaba de alcanzar un acuerdo político en torno a una Ley de Servicios Digitales. La iniciativa contempla varios objetivos, entre los que se incluyen evitar la propagación de contenidos ilegales en Internet, así como la difusión de desinformación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se felicitaba por un acuerdo “histórico” para que «el entorno on-line siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales».

Como vemos, tanto los Estados Unidos como sus fieles aliados a este lado del Atlántico se llenan la boca de “libertad de expresión” a la hora de crear organismos de vigilancia ad hoc o acometer cambios legislativos para combatir la “desinformación”. La pregunta brota por sí sola: ¿Quién decide lo que es “desinformación”? Si los poderes públicos se atribuyen tal prerrogativa, no cabe duda de que la libertad de expresión corre serio peligro, porque quienes ocupan los cargos son personas que tienen sus propias agendas políticas, en el mejor de los casos. En el peor, trabajan para implementar los objetivos de las corporaciones que financian sus campañas o para satisfacer las presiones de los lobbies de determinadas industrias. Aun en el caso de que aceptemos que existe desinformación ¿cuáles son los motivos por los que no puede publicarse? Poner límites a la libertad de expresión, con las contadísimas excepciones relativas a la apología explícita de la tortura y el asesinato, supone un oxímoron que cercena de raíz una de las bases de la democracia.

Se nos está presentando la actual guerra en Ucrania como un pulso entre los valores encarnados por las democracias occidentales frente al autoritarismo representado por Vladimir Putin. Ese relato se cae cuando el bloque occidental enarbola la censura precisamente para salvaguardar la democracia, con el argumento de que hay que frenar la desinformación y la propaganda. Como si los medios occidentales estuvieran libres de ambas. Censura, y no otra cosa, es prohibir que medios de comunicación rusos emitan sus informaciones en español, francés, inglés o alemán en los países occidentales, como ha ocurrido con RT o Sputnik. Plataformas digitales como YouTube también están bloqueando la emisión de contenidos en ruso por parte de los medios de dicho país. ¿Por qué los poderes públicos occidentales no dejan a la ciudadanía que escuche los mensajes de todas las partes en conflicto y que se forme su propia opinión? ¿Tienen miedo de que oigamos algo que no encaje con el relato, monolítico y maniqueo, que nos presentan los medios de comunicación occidentales? ¿Acaso tienen miedo de que pensemos y lleguemos a conclusiones “erróneas”?

Aunque la censura de los medios de comunicación rusos es inexcusable, incluso en una dinámica de guerra, los ataques a la libertad de expresión se perpetran no sólo contra el enemigo señalado por el bloque occidental, sino contra cualquiera que se atreva a cuestionar la narrativa diseñada en el Departamento de Estado, quien distribuye regularmente argumentarios entre los periodistas acreditados en Washington. Stephen F. Cohen, fallecido hace dos años, era catedrático emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton. Su especialidad era la historia contemporánea de Rusia y sus relaciones con los Estados Unidos. Había vivido intermitente en Rusia durante largos periodos, tanto en la época soviética como después. Autor de numerosos libros y artículos, durante años apareció como comentarista en televisión y prensa, hasta que dejó de ser bienvenido donde antes lo era, según explica en la introducción a su libro War with Russia? From Putin and Ukraine to Trump and Russiagate. La condena al ostracismo fue provocada por sus opiniones: Cohen pensaba que eran las políticas de Washington las que estaban alimentando una nueva guerra fría tras la desintegración de la URSS, más que las promovidas desde Moscú. 

Cohen criticaba la falta de debate que asola Estados Unidos en lo que atañe al tipo de relación que debe mantener con Rusia. El académico denunciaba que la falta de contraposición de ideas sobre este asunto supone una lacra: impide la valoración de las políticas implementadas y de su efectividad a la hora de procurar un incremento de la seguridad de Estados Unidos, de Rusia y, por ende, del mundo. La ausencia de debate también supone un indicativo de la falta de libertad de expresión existente en Estados Unidos, ya que quienes se oponen a la demonización simplista de Putin y pretenden analizar las causas de su comportamiento, son inmediatamente tachados de marionetas del Kremlin, o de agentes encubiertos a su servicio, en una suerte de nuevo macartismo, que equipara la explicación con la justificación.

Stephen F. Cohen era un firme partidario de la distensión con Rusia y, al igual que otros expertos estadounidenses, venía advirtiendo de que la expansión de la OTAN hacia el Este y la posibilidad del ingreso de Ucrania en la alianza suponían un riesgo cierto de un conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia. Para Cohen, los ataques a Donald Trump comenzaron cuando el establishment se percató de la intención del ya expresidente de intentar mejorar las relaciones con Rusia. Todo el montaje denominado Russiagate, por el que Trump fue acusado de ser un agente del Kremlin, colocado por Putin en la Casa Blanca a través de unas supuestas interferencias rusas en la campaña electoral de 2016, sería un intento de desestabilizar al presidente de Estados Unidos que pretendía revertir las políticas iniciadas por Barack Obama, impulsor de las sanciones a Rusia desde 2014, para intentar una distensión.

Independientemente de la opinión que tengamos sobre los argumentos de Cohen, tendremos que coincidir en que la ausencia de debate sobre un tema tan capital supone un síntoma de falta de salud democrática en un Estado que se erige como paladín de los valores democráticos. Lamentablemente, la Unión Europea está siguiendo los mismos pasos. Cuando leemos en los días previos al acuerdo para la nueva Ley de Servicios Digitales, que la UE estaba preparando un proyecto “para detectar y corregir narrativas contrarias a los intereses europeos”, se nos encienden todas las alarmas.

Cuando el director de medios del Parlamento Europeo, Jesús Carmona, afirma que “China y Rusia venden que son países donde no se vive tan mal, pero nosotros no contemplamos que no se respete el Estado de derecho o que se justifiquen las torturas”, tenemos que preguntarnos qué dijo el Parlamento Europeo cuando Amnistía Internacional publicó un informe en el que detallaba cómo cuerpos policiales de países europeos habían detenido a distintas personas, para luego entregarlas a Estados Unidos, que a su vez las trasladaría a centros de detención en Afganistán y Guantánamo, donde todas ellas denunciaron haber sido torturadas. Dichas entregas se habrían producido en secreto y sin que mediara ningún proceso judicial.

El concepto de libertad de expresión que se está empezando a manejar en las democracias occidentales tiene poco que ver con la tolerancia de opiniones distintas a las que imponen las élites, a través de sus medios de comunicación y de sus tentáculos en las redes sociales. Ahora nos encontramos con una nueva figura para acallar a quienes manifiestan opiniones que no coinciden con las posiciones políticamente correctas en Occidente: la cultura de la cancelación. Anteponerle la palabra “cultura” a lo que no es sino otra forma de ejercer la censura supone otra manifestación del lenguaje orwelliano, tan en boga actualmente, como cuando la Unión Europea denomina Fondo para el Apoyo a la Paz a las partidas presupuestarias para suministrar armas con las que alimentar la guerra en Ucrania.

Por poner un ejemplo de lo que dejaremos en “cancelación” a secas, hablemos de lo ocurrido con J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Cuando Rowling criticó en un tuit que una publicación hablara de “personas que menstrúan” en lugar de mujeres, fue inmediatamente acusada de transfobia y “cancelada”: ni siquiera fue invitada por HBO a una reunión especial por el 20 aniversario de Harry Potter. Rowling denunció que había recibido suficientes amenazas de muerte como para empapelar su casa.

Existen ciertos temas sobre los que no se puede discutir, ni cuestionar la narrativa que las élites consideran correcta. Este ecosistema que excluye el debate, limita la libertad de expresión y promueve la “cancelación” de quienes tienen opiniones distintas a las delimitadas por los medios de comunicación masivos, o mainstream, no tiene nada de democrático.

La compra por parte de Elon Musk de Twitter ha levantado otra polvareda. Tras haberse declarado un “absolutista de la libertad de expresión”, los medios de comunicación han comenzado a citar declaraciones de “expertos” que advierten que la “cruzada” del multimillonario sudafricano para relajar la “moderación de contenidos” podría “inflamar el problema de odio y desinformación” que aqueja a la red social. Unos “expertos” que abogan por imponer límites a la libertad de expresión en la red, so pena de todo tipo de consecuencias negativas para la sociedad.

Los periodistas que no sólo cuestionan la narrativa oficial, sino que sacan a la luz hechos que contradicen los discursos que escuchamos a diario, también son víctimas de la falta de libertad de expresión que denuncia Stephen F. Cohen. La persecución que lleva años sufriendo Julian Assange, no sólo no está suscitando la indignación del gremio, sino que está pasando de puntillas sobre su caso. Assange es el paradigma de que cuando la libertad de expresión implica la denuncia de crímenes cometidos, presuntamente, por Estados Unidos, tal libertad acaba entre rejas. Además de exponer que las leyes estadounidenses tienen alcance extraterritorial: ningún país europeo había demandado a Assange por su trabajo en Wikileaks, a pesar de lo cual fue detenido en Europa y aprobada su extradición a Estados Unidos. Debemos recordar que este país no sólo no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya para sus nacionales, sino que promulgó una serie de sanciones contra la fiscal de la CPI por iniciar investigaciones sobre la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes en Afganistán y Palestina, tal y como denunció Human Rights Watch.

Assange no es el único caso de periodista de investigación que ha sufrido represalias por hacer su trabajo en Occidente, donde supuestamente disfrutamos de democracia y libertad de expresión:

  • Gary Webb era un periodista de investigación del San José Mercury News que descubrió, en 1996, que la CIA usaba parte de los beneficios del tráfico de crack y cocaína en Estados Unidos para financiar a la contra nicaragüense, que luchaba contra el gobierno sandinista. Publicó un libro, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, en el que recopilaba y ampliaba su serie de reportajes sobre el tema. Gary Webb apareció muerto en su apartamento con dos disparos en la cabeza. La investigación policial sobre su muerte concluyó que se había suicidado. La película “Matar al mensajero” cuenta su historia.
  • Philipp Marshall fue uno de los pilotos involucrados en el tráfico de cocaína destapado por Gary Webb. Autor de un libro sobre la presunta involucración de la administración de George H. Bush en los atentados del 11 de septiembre, apareció muerto junto a sus hijos, de 14 y 17 años, y su perro, cuando preparaba una nueva obra sobre el tema. La versión oficial es que primero mató a sus hijos y a su mascota y luego se suicidó.
  • Michael Hastings escribió un perfil en la revista Rolling Stone sobre Stanley McChrystal, comandante de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en la guerra de Afganistán, donde documentó el desprecio del general y su personal por funcionarios civiles del gobierno de Estados Unidos y dio lugar a la renuncia de McChrystal. Trabajaba en un reportaje sobre la CIA cuando falleció en un accidente de automóvil: su Mercedes supuestamente estalló antes de estrellarse. Horas antes de su muerte había contactado con la abogada de Wikileaks, porque pensaba que el FBI le estaba siguiendo.
  • Pablo González es un periodista español que lleva dos meses detenido en Polonia, acusado de ser un espía ruso sin que, hasta el momento, el gobierno polaco haya presentado prueba alguna de sus acusaciones. Desde su detención, se le ha negado comunicarse con el abogado que había designado para su defensa, el español Gonzalo Boye, que denunció que Pablo había sido sometido a interrogatorios sin la presencia de un abogado. Finalmente, se le ha obligado a ser defendido por un letrado polaco. Lleva dos meses prácticamente incomunicado y sólo ha recibido dos visitas por parte del cónsul español en Polonia.

En la coyuntura actual, parece difícil que se repitiera un caso como el Watergate, en el que dos periodistas recibieron el apoyo del periódico en el que trabajaban para investigar y destapar un escándalo que le costó el puesto a un presidente de Estados Unidos.  Hoy en día, los periodistas de investigación, incluso los cómicos que se salen del relato oficial, están viendo cómo sus programas son borrados de YouTube y no pueden usar PayPal para pagar, además de ver cómo esta empresa se plantea retener el saldo que tuvieran en su cuenta.

En tiempos de la Unión Soviética, las emisiones en ruso de Radio Liberty (Radio Svoboda) eran interferidas por las autoridades soviéticas para evitar que su población recibiera los mensajes provenientes del bloque occidental, a los cuales tildaban de «propaganda capitalista». En el siglo XXI, el bloque occidental bloquea los medios de comunicación rusos para evitar que la ciudadanía tenga acceso a lo que califica de “propaganda rusa”. ¿Alguien nos puede explicar dónde radica la superioridad moral de las democracias occidentales respecto al autoritarismo soviético?