9 de marzo de 2022
“Estamos en una guerra”, así lo advertía Josep Borrell el 28 de febrero tras una reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea. El Alto Representante para Asuntos Exteriores advertía a renglón seguido de que “Esto tiene un precio, no sale gratis, las sanciones repercutirán en nosotros, tienen un coste, hay que estar dispuestos a pagar ahora este precio porque si no mañana será mucho más alto”. En la misma tónica, la exministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, avisa que las medidas tomadas por la Unión Europea contra Rusia “son sanciones bumerán, porque vivimos en un mundo de interdependencia”. O sea, que se van a volver contra la ciudadanía.
La Unión Europea se ha dado mucha prisa por apuntarse al carro de la guerra que Estados Unidos y Rusia están librando indirectamente en Ucrania. El congresista demócrata Adam Schiff lo dejaba bien claro en enero de 2020: «Estados Unidos ayuda a Ucrania y a su gente para que podamos luchar contra Rusia allí y no tengamos que luchar contra Rusia aquí». Hace dos años Estados Unidos ya ubicaba en Europa el área de conflicto con Rusia, sin tapujos, y la Unión Europea responde a esa estrategia aplicando sanciones que van en contra de nuestros intereses. No sólo eso, sino que ha asumido el papel de líder de las sanciones, muy por delante de Estados Unidos.
En su libro “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre”, Naomi Klein documentaba cómo el capitalismo aprovecha los desastres para aplicar políticas que, en un contexto más benigno, hubieran sido inaceptables para la población. Los atentados del 11-S en Estados Unidos son el paradigma de dicha doctrina: la aprobación del Patriot Act, que permitía las escuchas de las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos habría sido impensable de no haber mediado los ataques perpetrados por terroristas saudíes. Sin embargo, un contexto donde la ciudadanía está atenazada por el miedo proporciona el momento adecuado para implementar medidas que tienen como objetivo aumentar el grado de control social por parte de los Estados – como hemos visto durante la pandemia de Covid-19 – incrementar las plusvalías de los propietarios de los medios de producción, o conseguir cualquier otro objetivo que beneficie a quienes detentan el poder.
Tras la invasión del ejército ruso, la nueva fase de la guerra en Ucrania ha propiciado la excusa para que la Unión Europea se aprestara a declarar que “estamos en guerra”, lo cual significa una situación de excepcionalidad que permite la aplicación de medidas igualmente excepcionales bajo el paraguas, en este caso, de un conflicto bélico en plena Europa.
El 28 de febrero, Borrell declaraba: «La guerra no para y no se puede esperar a los trámites burocráticos». De este modo, se prepara el terreno para la toma de decisiones al margen de los procedimientos de la Unión Europea. En ausencia de respeto a las normas, nos adentramos en el terreno del todo vale. Por otra parte, el presidente del gobierno español advierte de que “el conflicto será largo”, lo que significa que la situación de excepcionalidad se dilatará en el tiempo.
En este contexto, el 1 de marzo Josep Borrell anunciaba el nacimiento de la Europa geopolítica: el ataque ruso a Ucrania había servido para unificar la dispersión de intereses habitual en la Unión y las medidas que buscan hundir la economía rusa se habían tomado de manera inusualmente rápida y unánime. Lamentablemente, las primeras acciones tras el nacimiento como actor geopolítico de la Unión Europea denotan su papel subordinado a los intereses de Estados Unidos. Después de haber cerrado el gasoducto Nord Stream 2, recién construido, tras las presiones de Joe Biden, en un momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea estudian imponer sanciones también a los combustibles fósiles rusos, lo que ha provocado una subida descomunal de los precios del gas y el petróleo, el canciller alemán Olaf Scholz reconocía el 7 de marzo que «el suministro de energía en Europea para la producción de calor, movilidad, electricidad e industria no puede garantizarse de otra manera en este momento» (sin el concurso de las importaciones provenientes de Rusia). Scholz agregó que Alemania trabaja «con sus socios de la UE y no solo de la UE para encontrar alternativas a la energía rusa, pero esto no puede lograrse de un día para otro».
La economía de Alemania ya había caído un 0,7% en el último trimestre de 2021 y, teniendo en cuenta el papel de locomotora del país germano, con los precios de la energía disparados, las perspectivas de recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia se disipan a marchas forzadas. La renuncia al petróleo y el gas rusos supondría incrementar enormemente la factura energética en el mejor de los casos, o tener que paralizar la industria no esencial en el peor de ellos.
Debemos recordar que Estados Unidos tiene una menor dependencia del petróleo ruso, ya que sólo importa el 7,9% desde ese país. Sin embargo, la Unión Europea importa el 27% del petróleo de Rusia. También debemos subrayar que Europa está comprando gas a Estados Unidos un 40% más caro que el gas ruso.
De momento, a quien están beneficiando las sanciones es a Estados Unidos. Quien está pagando el pato cada vez que echamos gasolina o diésel al coche, ponemos una lavadora o subimos el termostato de la calefacción es la ciudadanía de la Unión Europea. El incremento de los costes energéticos es el principal responsable del incremento de la inflación, que alcanzó el 5,1% en enero en la eurozona, y el Banco Central Europeo alerta sobre una próxima subida de los tipos de interés.
Evolución reciente del precio del petróleo. Fuente: Reuters.com
La adopción de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania se nos está presentando como parte de una guerra entre los valores democráticos occidentales y la autocracia que representa “la Rusia de Putin”. También se afirma que Ucrania es un país plenamente democrático. Sin embargo, no todo es blanco o negro en este asunto. El gobierno de Ucrania cerró tres cadenas de televisión muy populares entre la población rusófona, sin mediar sentencia judicial, por decreto del actual presidente, Zelensky. El propietario era el diputado Taras Kozak, de la “Plataforma de la Oposición – Por la vida”, y tuvo que salir huyendo del país bajo acusaciones de “traición”. El líder del mismo partido, que fue el segundo más votado en las últimas elecciones a la Rada (parlamento), Víktor Medvedchuk, está en arresto domiciliario desde mayo de 2021, acusado igualmente de “traición”, aunque el plazo máximo legal para ese tipo de arresto es de seis meses. El mes pasado, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional también cerró el canal de televisión Nash, vinculado a Yevgeny Muraev, un político opositor al gobierno actual.
En diciembre de 2015, Ucrania ilegalizó el partido comunista, en una medida criticada por Amnistía Internacional. En las elecciones a la Rada de 2012, estos fueron los resultados obtenidos por el Partido Comunista de Ucrania:
Como se aprecia en la ilustración, la ilegalización del Partido Comunista de Ucrania supuso que entre un 13 y un 25% de la población del este del país vio como el partido que había votado era literalmente borrado del mapa, y se quedaba sin ser representada.
La agresión militar de Rusia a Ucrania constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, en concreto del artículo 2.4: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. No cabe duda de que nos enfrentamos a un hecho condenable. Sin embargo, Europa se ha enfrentado a otras violaciones de dicho precepto por parte de otros Estados que no han provocado la adopción de ningún tipo de sanciones. Es más, Europa no sólo no ha reaccionado con rechazo y castigos ante otras violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, sino que las ha protagonizado.
El bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN ejemplifica que los “valores democráticos occidentales” resultan de aplicación variable, según convenga a los intereses geopolíticos de los actores implicados en cada momento. Para poder erigirse en referente moral, con algún tipo de legitimidad, quienes dicen defender los valores democráticos deben hacer de ellos sus principios, que por definición deben ser algo constante y permanente, no un acordeón.
En 1999, países europeos miembros de la OTAN, entre ellos España, participaron junto a Estados Unidos en el bombardeo de Yugoslavia, con el argumento de parar la limpieza étnica que los serbios estaban cometiendo, supuestamente, contra los kosovares. Esta intervención militar se produjo sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU y sin declaración previa de guerra. La operación duró 78 días y provocó miles de víctimas civiles (entre 1.200 y 5.700). Previamente, el Ejército de Liberación de Kósovo (ELK) había pasado de ser calificado de “grupo terrorista” por parte de Estados Unidos a mantener reuniones con Robert Gelbard, enviado especial del gobierno de Washington a los Balcanes.
Los servicios secretos de Alemania y Estados Unidos participaron activamente en la creación del ELK, porque favorecía a sus intereses geopolíticos: derribar a Milosevic, presidente de Yugoslavia, tradicional aliado de Rusia. No les importó que el ELK se financiara con el tráfico de órganos humanos y de heroína. Tras el abandono de Kosovo por parte de los observadores de la OSCE, sus equipos de transmisiones fueron entregados a miembros del ELK. Algunos de sus líderes tenían el número del teléfono móvil del entonces secretario general de la OTAN, el general Wesley Clark.
En esta guerra no declarada que enfrenta a Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, más allá del escenario bélico que se sufre en Ucrania, estamos viendo cómo se vuelven a vulnerar los valores democráticos que se dice defender, precisamente con el objetivo de preservarlos. No cabe mayor contradicción.
Uno de los valores por antonomasia de las democracias occidentales es la libertad de expresión. Al menos en teoría. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión», un derecho que «incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». El artículo 20 de la constitución española reconoce y protege los derechos «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», y «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
Sin embargo, una de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia ha consistido en cerrar la cadena de televisión Russia Today y el canal de noticias Sputnik. Twitter también ha “retenido” las cuentas de dichos medios de comunicación, en virtud de una demanda legal, y Telegram advierte que los canales de ambos medios no pueden ser mostrados porque violan las leyes locales. Es obvio que no ha habido tiempo material para acometer cambios legislativos en todos los países de la Unión Europea, ningún proyecto de ley en tal sentido ha sido aprobado por el parlamento español, así que debe ser esto a lo que se refería Josep Borrell cuando dice que no hay tiempo para los “trámites burocráticos”.
En estos momentos de censura en nombre, paradójicamente, de la defensa de los valores democráticos, se hace imprescindible rescatar esta frase, atribuida a Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Si la Unión Europea pretende situarse en un plano de superioridad moral para erigirse en baluarte de la defensa de los valores democráticos, debería comenzar por respetarlos, por mucho que le repugne lo que expresen sus adversarios.
Bastante acertado el análisis. Se ve claro que los más favorecidos por este desastre y sus derivadas son los USA. Lo que veo bien difícil es encontrar alternativas a las sanciones, porque descarto absolutamente la entrada de nuestro país (o de la UE) en el conflicto, ya que eso es posible nos llevará al desastre nuclear. Incluso me parece contraproducente el envío de armamento por parte de España (mucho más si es de tan mala calidad como se está comentando) y/o de Europa. Pero también parece claro que algo hay que hacer para oponerse a la invasión, así que lo único que queda son las sanciones contra Rusia. Eso a pesar de los daños que éstas nos ocasionarán. Solo nos queda intentar oponernos, me refiero a los agentes sociales y políticos internos, incluso a la ciudadanía, a que eso se use en nuestra contra para recortes de derechos sociales y económicos, que no me cabe duda de que el poder real lo intentará.
Muchas gracias por tu comentario, Mik. El problema es que las sanciones no sirven para cambiar la agenda política de nadie. No han servido en Cuba, tras 60 años de embargo, ni en Venezuela, que también las sufre, y no van a servir contra Rusia. Bien al contrario, solo están sirviendo para exacerbar los ánimos en Rusia e incrementar la popularidad de Putin allí. Además, Rusia está preparando una batería de medidas de respuesta a las sanciones, entre las que se barajan la suspensión de cualquier tipo de exportación a los países que le sancionan. Según he leído, Rusia hará público en dos semanas el listado de productos y países afectados. Además del encarecimiento de la energía por la propia guerra, las sanciones bumerán no van a conseguir que Rusia abandone su agenda. Sencillamente, le venderá sus productos a otros clientes. El intercambio comercial con China ha subido un 38% en los últimos 10 días, por darte sólo un dato. Y nosotros pagando la gasolina a dos euros el litro…
Muchas gracias. Muy consecuentes los argumentos esgrimidos (sobre todo porque se basan en hechos reales).
Muchas gracias por leer el artículo y comentarlo, Tomás. Tratamos de abrir el foco y recoger hechos distintos a los que nos reiteran machaconamente los medios de comunicación masivos. Procuramos aportar otros datos y que cada cual se forme su propia idea.
Acabo de leer este nueva aportación al blog tuya Carlos.
Como los anteriores me gusta el artículo. El título ya es esclarecedor del contenido.
USA, sí ha elegido su escenario de enfrentamiento con Rusia alejado de su casa, en pleno corazón de Europa, en Ucrania, con las nefastas consecuencias primero de sangre y éxodo masivo que afecta a los ciudadanos de este país invadido por el sátrapa Putín. Segundo, con las consecuencias para los países de la UE entre España.
Así se escribe la historia.
Muchas gracias por tu comentario, Fausto. Los Estados Unidos siempre se las apañan para situar sus guerras proxy lejos de sus fronteras. En este caso, después de lo de Yugoslavia, otra vez en plena Europa. Sus empresas de armamento sacan los beneficios y los demás ponemos los muertos o sufrimos los «daños colaterales». Por cierto, acabo de comprar el libro de Carlos Taibo que me recomendaste, han sacado una nueva edición actualizada, por si te interesa. Un abrazo.